Diputados renovadores toman distancia de la doctrina Chocobar

POSADAS (miércoles, 6 de junio). En un proyecto de declaración que obtuvo dictamen favorable el martes en la Comisión de Asuntos Constitucionales, de Derechos Humanos, Municipales y de Juicio Político de la Legislatura, que preside la renovadora Silvana Giménez, los diputados Héctor Escobar Y Rafael Pereyra Pigerl, ( Frente Renovador), expresaron su “repudio al accionar de los efectivos policiales de la Comisaría de Puerto Esperanza” que fueron filmados mientras sometían a una golpiza a un detenido. Los autores del proyecto destacaron, por otra parte, la reacción en tiempo y forma del Ministerio de Gobierno, que tras tomar conocimiento de lo ocurrido por la circulación de un video en las redes sociales, ordenó la inmediata separación del cargo de los 4 agentes implicados y desplazó al comisario de la seccional. En los fundamentos de la declaración que aprobó la comisión legislativa y se espera que llegue al recinto de sesiones, el diputado Escobar advirtió sobre la gravedad de estos hechos en el marco del incentivo a la violencia que supone la llamada “doctrina Chocobar”. En el contexto de una profundización de las medidas represivas que persigue el gobierno nacional, es difícil minimizar lo ocurrido en la localidad misionera hablando de una mera “cintareada”.
La postura asumida por los legisladores oficialistas concuerda en lo esencial con las declaraciones periodísticas del ministro de Gobierno de la Provincia, Marcelo Pérez, quien fue terminante al afirmar que los policías violentos que fueron pasados a disponibilidad por decisión de la cartera a su cargo no volverán a ser reincorporados. La celeridad en la actuación del funcionario, y del Jefe de la Policía de Misiones, Manuel Céspedes, resulta en sí misma una señal clara hacia la sociedad como al interior de la fuerza. Al tomar el toro por las astas y actuar con presteza, el ministerio político que tiene a su cargo todo lo relativo a las fuerzas de seguridad, y que en ese cometido ha fomentado una política de jerarquización de la función policial, propiciando a la vez un mejor equipamiento de la fuerza y una mayor formación de sus integrantes, deja en claro que la jerarquización no debe interpretarse como abuso o permisividad. El gesto es apropiado en un marco de tensiones como el actual. La filmación del hecho, que circuló en las redes recientemente, pero habría ocurrido unos tres meses atrás, es brutalmente expresiva de la impunidad con que se condujeron los agentes, golpeando reiteradamente con un cinto al detenido indefenso, un hombre de 36 años que tendría antecedentes por delitos contra la propiedad y padecería de trastornos mentales. El video “se viralizó rápidamente y disparó el debate en las redes sociales sobre los Derechos Humanos y el accionar policial”, resaltó el diputado Escobar. En la presentación del proyecto señaló además que “Durante la noche del lunes, el Jefe de la Policía de Misiones Manuel Céspedes confirmó la intervención de la comisaría de Esperanza, destitución del comisario y los efectivos involucrados. Quienes defendemos a ultranza los derechos humanos, y hemos sufrido en carne propia los abusos de poder de los uniformados, repudiamos este y los demás hechos en los que se involucre a personal policial o penitenciario, a la vez que felicitamos el accionar del ministerio respectivo y de la jefatura, en la inmediata intervención, sumario y sanción de los elementos involucrados”.

¿Errores o excesos?

Pese a la violencia explícita, el intendente de la localidad del Norte misionero intentó una tibia defensa de los oficiales y suboficiales desplazados, al afirmar ante un medio periodístico que “a veces es necesario” aplicar este tipo de procedimientos violentos, (que encuadran sin embargo en la figura penal de apremios ilegales) y se permitió además lanzar un dardo a la Justicia haciéndola responsable de que el detenido, que habría sido descubierto transportando un objeto robado, estuviera en libertad. La naturalización de estos hechos como “excesos” o “errores” en la función policial está extendida en el país, sin embargo tanto el antecedente del terrorismo de Estado,-al que no fue ajena parte de la fuerza policial misionera- y, sobre todo, la tendencia a una reafirmación de los procedimientos llamados de “mano dura” por parte del gobierno nacional, requieren de una mirada atenta respecto al ejercicio del poder de policía que el orden constitucional otorga al Estado. El “monopolio de la violencia legítima” a que se refiere el ordenamiento constitucional, en un Estado de derecho, es tal cuando respeta los derechos personales, sociales y humanos. El concepto da lugar, no obstante, a interpretaciones sesgadas hacia el autoritarismo aún cuando proviene de gobiernos legitimados por su origen democrático, como lo demuestra la gestión de Patricia Bullrich al frente del Ministerio de Seguridad de la Nación. Desde el negacionismo respecto a la acción del terrorismo de estado durante la última dictadura, que llevó a que numerosos funcionarios de Cambiemos discutieran el número de víctimas de las políticas de desaparición de personas, hasta los casos flagrantes de violencia represiva que llevaron a las muertes de Santiago Maldonado y Rafael Nahuel, las políticas del gobierno nacional dan cuenta de una escalada que sugiere la restauración de un régimen autoritario.

Más que simbólico

En su presentación del proyecto, Escobar advierte que “es importante defender el Estado de derecho, e impedir que se naturalice la doctrina “Chocobar”, que obedece al establecimiento de un paradigma claramente represivo, además de la destrucción de los derechos civiles; capacitando al respecto a las fuerzas del orden para que actúen en defensa y no en daño del pueblo; actuando con firmeza pero con respeto a la integridad y a los derechos humanos”. La advertencia es más que oportuna si se la coteja con medidas de gobierno recientes, como la habilitación de las Fuerzas Armadas para actuar e seguridad interior, “apoyando” a las fuerzas policiales. La utilización de efectivos del Ejército en actividades de seguridad interior es u rasgo inequívoco de los regímenes autoritarios, y deja ver que desde el gobierno nacional se profundiza la política de criminalización de la protesta social. Otra muestra de las importancia que da el gobierno a la “mano dura” represiva se encuentra en el anteproyecto de reforma del Código Penal, en el capítulo referido a la actuación de la policía, redactado por la Comisión Redactora del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos que, paradójicamente, -y según trascendió por la prensa- , plantea “incorporar una exención de responsabilidad penal a la punibilidad de los miembros de las fuerzas de seguridad pública, policiales o penitenciarias, que provoquen lesiones o la muerte de una persona durante el cumplimiento de sus deberes y con el uso de Las armas en forma reglamentaria”. Este intento de incorporar la impunidad al Código Penal desnuda el nivel de autoritarismo extremo que promueve el gobierno nacional. El gesto desafiante del presidente Macri de recibir como un héroe en la Casa Rosada al agente Luis Chocobar, procesado por la justicia por haber ultimado a mansalva, estando de civil a un joven que huía luego de haberle disparado a un turista en la Boca, no fue ningún acto meramente simbólico.

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