Alentado por el éxito de las primeras adjudicaciones nacionales por el esquema PPP que transformarán 7 mil kilómetros de rutas en autopistas seguras con una inversión de 30 mill millones de pesos, Ratier Berrondo rescató y defendió un proyecto de Alfredo Schiavoni para que Misiones adhiera a ese mecanismo de financiación en infraestructura.

Posadas (Jueves, 7 de junio) A pocos días de las adjudicaciones de corredores viales de 7,2 mil kilómetros de extensión por el esquema de Participación Público Privada, el diputado Jorge Ratier Berrondo defendió hoy en la Comisión de Obras el proyecto de adhesión a la ley nacional 27.328 que precisamente establece el mecanismo de financiación. Fue un proyecto presentado ya el año pasado con la firma de Alfredo Schiavoni pero que es iniciativa de todo el PRO.
Ratier Berrondo hizo mención al éxito de la primera licitación PPP para seis corredores viales para transformar más de 7 mil kilómetros de rutas nacionales en una moderna red de autopistas. El presidente del bloque del PRO destacó que el esquema de financiamiento es el camino más corto para convertir la ruta 12 en una autopista más segura.
En la primera adjudicación por valor de 30 mil millones de pesos, se estima que los trabajos se iniciarán en octubre.
Para el diputado misionero, los contratos PPP constituyen una herramienta sólida que en el contexto nacional y provincial mientras se muestra como una solución a los apremiantes problemas de inversión en infraestructura en que se ve inmersa la Argentina, por el otro, pretende combinar la experiencia del sector privado y la posibilidad de financiación del Estado nacional por parte del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) o de la Corporación Andina de Fomento (CAF) dentro de un régimen alentador para quien desee invertir, tal como sostienen en los fundamentos del proyecto.
Se destaca en el documento que “es importante señalar que el sistema de PPP es alternativo a los sistemas tradicionales de contratación pública. Los tres contratos clásicos (obra pública, concesión de obra pública y de suministro) poseen mecanismos de distribución de riesgos que no resultan del todo atractivos para los inversores locales y extranjeros. Es ahí donde el régimen de PPP se torna interesante en tanto permite aplicarse a un sinfín de proyectos que, de otro modo, no sería eficiente o viable hacerlo mediante los sistemas de contratación típicos que existen en el derecho administrativo. A través de este sistema se permite no sólo la concreción de un proyecto de infraestructura física, sino que también se piensa en la provisión de servicios, inversión productiva e investigación aplicada y tecnológica.
Mientras en la obra pública el Estado adquiere un opus, es decir una obra, en un contrato de PPP se adquiere infraestructura, que, en otras palabras, es lo que soporta la prestación del servicio. Por eso el objeto de este régimen es mucho más amplio que la mera construcción o la mera prestación de un servicio público. Implica un cambio de paradigma en la contratación pública, al excluirse o limitarse significativamente las prerrogativas de derecho público de la Administración (entre otras, el poder de modificar unilateralmente el contrato, la rescisión por razón de interés público, o de oportunidad, mérito o conveniencia, la imposibilidad del contratista privado de invocar el incumplimiento del Estado para suspender sus prestaciones, la limitación de la responsabilidad del Estado”.

Alivio a las restricciones presupuestarias

Se agrega en los fundamentos del proyecto del PRO que “otra de las ventajas que se han identificado en la utilización de estos esquemas es que, al menos al inicio y hasta que se complete la construcción del proyecto, se lo aísla de los problemas o restricciones presupuestarios del sector público. Cuando la obra pública se financia directamente y desde el inicio con los recursos del Estado, pueden surgir restricciones presupuestarias estatales sobrevinientes que afecten el desarrollo de la obra con su consiguiente demora o, incluso, paralización, lo que a su vez eleva su costo. En este sentido, dado que el diseño y construcción de la obra son financiados por el sector privado, se permite al sector publico distribuir los costos de capital del proyecto a lo largo de toda su vida y, además, evitar las ineficiencias y demoras que muchas veces se generan en los casos de proyectos financiados por vía de presupuesto estatal”.

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