El hábitat como un concepto integral, abarcativo de todos los aspectos de la vida en sociedad fue tema de debate en un taller organizado por la Subsecretaría de Derechos Humanos. Si bien se reconoció la gestión del gobierno provincial para dar respuestas se cuestionó a la “política” ya que se observó que aún en gobiernos progresistas el abordaje no fue integral. Sin embargo, terminó rescatándola con el simple ejercicio de comparación. “Ahora el ajuste viene por todo”. No es lo mismo un gobierno que otro y sólo se lo puede cambiar con la política.

Posadas (Viernes, 7 de diciembre) La Subsecretaría de Derechos Humanos, del Ministerio que preside Lilia Marchesini, difundió hoy el desarrollo del Taller de hábitat popular “El derecho a la ciudad”, realizado el mes pasado, moderado por el dirigente popular Oscar Mathot.
Fueron panelistas: el arquitecto Guillermo Marzioni de la UniversidadArturo Jauretche;
Hernán Espíndola de la Oficina de Empleo Municipalidad de Posadas; Antonella Scappini, de la CTD Aníbal Verón; Nancy Pérez del Ministerio de Derechos Humanos;
Joaquín Pedrozo, presidente de la Comisión Vecinal de la Chacra 189 de Posadas;
Sonia Mello, subsecretaria de Tierras y Ramón Vázquez, subsecretario de Derechos Humanos.
Se informó que “la convocatoria definía al Taller como “un espacio de reflexión y construcción colectiva, en el ejercicio pleno de los derechos humanos destacando la consolidación de los derechos urbanos que surjan de la relación de las personas con su territorio, el medio ambiente y su hábitat, dirigido particularmente a gestores comunitarios y culturales, dirigentes barriales, cooperativas, asociaciones civiles y a toda persona interesada en la promoción y respeto de una democracia participativa, que abogue por alcanzar ciudades integradas, conectadas, inclusivas y equitativas.”
La ministra Lilia Marchesini en la apertura, expuso que el tema hábitat se fue imponiendo de manera natural en el Ministerio, al tiempo que generaba en la ciudadanía confianza y credibilidad a través de sus actividades y con la propuesta de construcción colectiva de soluciones.
Oscar Mathot a manera de inicio, definió el derecho a la ciudad como el derecho que tenemos a que sea nuestra casa, la que todos queremos y sobre la que opinamos.
Guillermo Marzioni rescató el hábitat como un concepto integral, abarcativo de todos los aspectos de la vida en sociedad. Hábitat III fue la cumbre que tuvo lugar en Quito, en el año 2017, y que finalizó con una agenda de grandes acuerdos sobre temas tales como: desalojos, acceso al agua, a un lugar digno donde vivir, elaboración de consensos sobre proyectos territoriales, entre otros. Firmados por las máximas autoridades de los países asistentes, pueden ser usados como fundamentos protectores de derechos, en caso de peligro de que éstos sean vulnerados. La Organización de Naciones Unidas, convocante de la cumbre, cuenta con una relatoría sobre el Derecho al Hábitat, que los próximos cuatro años estará desempeñada por la abogada canadiense Leilani Farah. Existen otras organizaciones internacionales que se ocupan de Hábitat y Vivienda, teles como HIC (Coalición Internacional de Hábitat) o la SELVIP (Secretaría Latinoamericana de la Vivienda Popular), conformadas por movimientos sociales. Generalmente estos organismos trabajan en red y tienen sitios en Internet.
Hernán Espíndola manifestó que el estado debe ser un instrumento transformador y dar herramientas y contención a las organizaciones en temas de despidos, desalojos, desempleo, etc. Así como formar a los vecinos y capacitar a las organizaciones populares, brindando conocimiento e información sobre dominio de tierras, derecho a servicios básicos y otros relacionados con ellos para que puedan encarar de la mejor manera su realidad.
Antonella Scappini relató que en la organización a la que pertenece, luego de un análisis, llegaron a la conclusión de que los asentamientos fueron surgiendo en épocas de crisis y que si bien en una primera etapa los reclamos tenían que ver con el trabajo, luego se profundizaron con planteos de una mejor vida para las familias; vivienda, servicios básicos, transporte. Comenzaron a pensarse integralmente como seres humanos, a generar cooperativas de trabajo, a empujar por el relacionamiento con el Estado; reconociendo que, aún en gobiernos progresistas, la mirada de éste es sectorial. Ahora el ajuste viene por todo y los sectores privados y la justicia intentan avanzar cada vez más sobre los derechos. Si bien las organizaciones populares se fueron capacitando por sus propios medios para defenderlos, necesitan la institucionalidad del Estado para desarrollarse territorialmente. Es de celebrar en ese sentido la creación por parte de algunos municipios de las Comisiones pro-Tierra, en cuyo seno se recuperan capacidades de gestión y de saberes populares.
Oscar Mathot hace referencia a la creación y continuidad del Registro de Barrios Populares en peligro de desalojo.
Nancy Pérez del equipo de calle del Ministerio de DDHH, refiere que comenzaron cuando se dio el acampe en la avenida Cocomarola y siguieron en diversas situaciones y circunstancias, con escasos recursos pero estando presentes, todas las partes aprendiendo y dando a los problemas identidad personal, viendo más allá de ellos al ser humano. Eso permitió la aparición como actores, de vecinos y organizaciones dando una mano para resolver los nuevos problemas que surgen.
Joaquín Pedrozo narra la experiencia de la chacra 189, con un desalojo de 22 familias en el año 2016. Al principio los vecinos descreen de que se les vaya a dar una solución, pero ésta va llegando paulatinamente con el relleno de un terreno, su mensura y la construcción de las viviendas con la organización Techo y la provisión de servicios de agua y luz así como acompañamiento con capacitaciones en huerta y cocina, atención a drogadicciones, desarrollos deportivos, salarios complementarios, que fueron limando conflictos vecinales y que culminan formando un grupo “Progresando en mi barrio” que ahora colabora cuando aparecen problemas en otros barrios. Ante su comentario de no creer en la política y de que lo ocurrido no fue política, otros asistentes responden que eso, justamente, es política ejecutada por el Estado a través de un gobierno.
Sonia Mello destaca las acciones de la Subsecretaría a su cargo que, entre otras, con el Programa “Mi título” entregó más de 17.000 títulos en tres años, más que en los anteriores 30 años. Eso fue posible mediante el trabajo conjunto con otros organismos, el acompañamiento del área legal y el diseño de un trámite administrativo abreviado que movilizó expedientes algunos detenidos desde 1938. El 70% correspondieron a tierras de productores, regularizándose con base en la Ley 100, las 80.00 ha de las que hablaba Michel Guilbard, dirigente histórico del MAM, cuando propiciaba el “Volver a la chacra”. Las restantes titularizaciones, concretadas y en trámite, corresponden a barrios situados en áreas urbanas de Posadas y del interior, y a tierras compradas por la provincia.
Destaca el trabajo con Vialidad para seguir produciendo tierra urbana. Como así también los aportes, a través del Instituto Patria, a la redacción de la Ley Nacional de Regularización de Tierras basada en el RENABAP (Relevamiento Nacional de Barrios Populares). A nivel provincial, se obtuvo la modificación de algunas leyes y falta reforzar otras.
Ramón Vázquez recuerda su participación en la marcha de barrios y zonas afectadas por Yacyretá, que culminó con la ampliación del cupo de viviendas a construir desde las iniciales 2.500 a las 11.000 finales. Por ello reivindica a la lucha como la forma para conseguir la implementación de políticas y el compromiso por parte del Estado, que siempre debería estar integrado por compañeros sensibles a las necesidades populares. Actualmente se está en la formulación del proyecto “Hogar sustentable”.
Conclusiones.
Se destacan, entre otras:
• La firme instalación de los conceptos de Derecho a la Ciudad y de Hábitat integral en el sentido de derechos de todas las personas a una vida digna, a una vida mejor, con respeto a sus pautas culturales.
• El constante perfeccionamiento del andamiaje legal que sustente esos derechos.
• La necesidad de la presencia de múltiples actores: Estado, Organizaciones populares, Organizaciones de la Sociedad Civil (ONG’s) en el ámbito nacional; y de organismos supranacionales en el ámbito internacional.
• El acompañamiento del Estado a las Organizaciones Populares para su capacitación y formación integrales en el uso de las herramientas imprescindibles para hacer efectivos los derechos, lo que incluye poder formular políticas a incluir en las agendas de gobierno.
• Creación, a nivel de municipios, de Comisiones Pro – Tierra.
• Posibilidad de acceso a datos sobre las situaciones de tierras en la provincia.
Propuesta
Realizar un sondeo de intención para efectivizar un Convenio entre Universidad – Ministerio de Derechos Humanos – Subsecretaría de Tierras – Municipios – Organizaciones Populares, con el objetivo de capacitar a las organizaciones para que concreten su derecho a la ciudad.

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