“Preocupa que los fallos de la justicia sobre desalojos no reflejen el espíritu de la Ley”, dicen desde la Defensoría del Pueblo, en Posadas. Respaldan a la vecina que vive hace 20 años en la Chacra 114 y que quiere desalojar este 31 de diciembre.

Posadas (Prensa de la Defensoría del Pueblo). Carina P. vive hace 20 años en un terreno al que ingresó con solo un bolso. Con el pasar del tiempo llegaron hijos, nietos y bisnietos; son catorce integrantes más para ser exactos, donde ocho de ellos son menores. Nunca ejerció la violencia y los vecinos la definen incluso como una persona muy pacífica.
Este es tan solo uno de los tantos casos en donde se solicita el desalojo por usurpación, según lo definió el Dr. Fernando Luis Verón, del Juzgado de Instrucción Número 2; sin considerar que en relación a las causas que determinan la misma, según el Código Penal Argentino, en el Capítulo VI, en su artículo 181 se debe tener en cuenta que quien usurpe y lo haga a través de: “violencia, amenazas, engaños, abusos de confianza o clandestinidad despojare a otro, total o parcialmente, de la posesión o tenencia de un inmueble o del ejercicio de un derecho real constituido sobre él” y este no sería el caso estaría en condiciones de recibir penas.
Asimismo, y ante la determinación con la que el juez sostiene que la Ley XII Número 28 del Digesto Provincial, referente a la suspensión de los desalojos no se aplica a los procesos penales como en este caso, sino a procesos civiles, el Defensor del Pueblo Alberto Penayo, junto a los diputados provinciales Roque Gervasoni, Martín Sereno, y la Ministra de Derechos Humanos, Lilia “Tiki” Marchesini, presentaron un Amicus Curiae al Tribunal para que se reconsidere el pedido y se habilite una mesa de diálogo, a fin de que se pueda poner en consideración la vulnerabilidad a la que estarían expuestos los menores en el caso de que el desalojo se concretase.
“Solicitamos que se apliquen las disposiciones contenidas en la Ley XII Número 28 del Digesto Jurídico de Misiones, que establece la suspensión de las ejecuciones de sentencias que tiene por objetivo ordenar el desalojo o remates de inmuebles (…)”, sostuvo el defensor Penayo. “Por ello hemos presentado el documento y manifestado la preocupación colectiva, de que no se da curso al espíritu de la Ley, en el caso nombrado y en muchos más”.

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