La medida está prevista para este lunes 31 de diciembre en Posadas. Para el Pays “es un hecho inédito que un juez incumpla y menosprecie una ley sancionada por la Cámara de Representantes de Misiones”. En la misma línea se pronunciaron el diputado Gervasoni, la Ministra de DDHH de Misiones y el Defensor del Pueblo de Posadas. La Ley ordena las suspensiones de desalojos hasta el 31 de diciembre de 2019. Hay varios casos amparados bajo esta norma.

Posadas (Domingo 30 de noviembre). A pesar de todos los argumentos legales que respaldan los derechos de Carina Raquel Pacheco y su familia, que viven desde hace 20 años en un predio de la chacra 114, el titular del Juzgado de Instrucción 2, Fernando Luis Verón, reiteró la orden de desalojo para este lunes 31 de diciembre.
Hasta el momento no hubo respuestas a los intentos por hacer primar la razón republicana de parte de representantes del Poder Legislativo, como el presidente del Bloque del Diputados del Partido Agrario y Social, Martín Sereno, y también del Poder Ejecutivo, como la ministra de Derechos Humanos, Lilia “Tiki” Marchesini.
El magistrado que instruye en la causa insiste en avanzar por sobre los derechos respaldados por la Ley XII N° 28 (Ley madre que establece la suspensión de los desalojos), y la Ley XII N°35 que prorroga el plazo de suspensión al 31 de diciembre del 2019, a esta familia que ya está empadronada en el Instituto Provincial de Desarrollo (Iprodha).
“Es un hecho inédito que un juez incumpla y menosprecie una ley sancionada por la Cámara de Representantes de Misiones, después que se presentaran dos proyectos conjuntos, uno del Partido Agrario y Social y otro del Frente Renovador, a través de los que se suspenden los desalojos hasta el 31 de diciembre del 2019.
Esa norma fue acompañada y votada por unanimidad en la Legislatura Provincial, y ahora este juez pretende pasarla por alto”, expresó el diputado, Martín Sereno.

La familia cumple con todos los requisitos

Recordó que la Ley provincial otorga cobertura a las familias que demuestran que viven en el lugar por más de ocho años, y que es su única propiedad como vivienda familiar o productiva, luego deben inscribirse en el Iprodha, y con ese registro se posterga el desalojo, aunque haya sentencia efectiva.
En este caso, “a pesar de que cumple con los requisitos de empadronamiento en el Iprodha, la demostración de la antigüedad de la posesión, y las circunstancias de la familia que tienen hijos y nietos que viven en el lugar, con mejoras construidas, es decir con todo a su favor, el juez Verón insiste con el desalojo, aún cuando se presentaron escritos y los requisitos que amparan a las familias. Lo que vemos es que éste magistrado desoye la ley y ordena el desalojo, y elije hacerlo justo el último día de este año”, cuestionó Sereno.
El legislador lamentó el antecedente que conlleva la decisión: “Es muy negativo que el Poder Judicial pase por encima de las decisiones del Poder Legislativo y de las leyes sancionadas, como si no importara la división de Poderes, y solo prima el criterio del juez. Nos parece aberrante”, sostuvo.

Una clara violación a los derechos humanos

DDHH

Este sábado, la ministra de Derechos Humanos de la provincia, Lilian Marchesini, junto a los diputados Martín Sereno, y Roque Gervasoni, y el Defensor del Pueblo, Alberto Penayo, rubricaron un manifiesto público, solicitando que el juez Fernando reconsidere su posición. “En un relevamiento que hicimos en la vivienda de la señora Carina Pacheco, constatamos que la situación socioeconómica en la que se encuentra, con niños y niñas en la familia, son 14 habitantes en total, incluidos menores y mayores en un contexto de vulnerabilidad, exige que el Estado sea el principal responsable de velar por la situación de estas personas.
El sistema judicial debe configurarse como un instrumento para la defensa efectiva de los derechos de personas en condiciones vulnerables, de lo contrario, poca utilidad tiene que el Estado reconozca un derecho a un particular, si éste no puede acceder de forma efectiva al sistema judicial para obtener la tutela de tal derecho”, expresa la nota firmada por Marchesini, Sereno, Gervasoni y Penayo.

Despojados de una vida de trabajo

Carina Pacheco, damnificada
Hace más de 20 años, Carina Pacheco junto a su pareja ingresaron a un baldío abandonado, ubicado en las avenidas 113 y 88, de la chacra 144 de Posadas. El matrimonio limpió el lugar y construyó una casa de madera, confiados en un acuerdo verbal que hicieron con un presunto propietario, Juan Carlos Cantero, para cuidar el predio, lo transformaron en un lugar apto para vivir.
Con el correr de los meses, Cantero, dejó de frecuentar el terreno, y nunca cumplió con su parte del trato que consistía en pagar a los cuidadores del terreno. Hasta que 22 años después -hace siete meses- se presentó una hija del presunto dueño a exigir que abandonen el terreno -con todo lo construido en él- donde vive Carina Pacheco con sus ocho hijos y seis nietos.
“Estamos muy asustados porque tanto mis hijos e hijas como yo sufrimos amenazas y hostigamiento constante por parte de policías. Nos costó mucho limpiar y hacer de este terreno un lugar digno para vivir. Mis hijos nacieron y crecieron acá, tuvieron sus niños y construyeron otras casitas en este mismo predio, porque la crisis cada vez es peor y no pueden alquilar”, relató la mujer.
Recordó que cuando llegaron al terreno hace más de 20 años, era un baldío abandonado. “Nos costó mucho sacrificio poder arreglarlo y construir una casita. Teníamos la promesa de un salario y que nos iban a armar una vivienda, algo que nunca ocurrió. Primero hicimos una casilla con costeros, y así, de a poco, trabajando diariamente pudimos construir una casa de material que recién estamos terminando”, relató Carina muy angustiada.

Resistir por lo que es justo

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Por momentos, esta madre y abuela se siente desesperada; pero se arma de fuerzas para seguir adelante por sus hijos y nietos. Estuvo enferma, se recuperó de un cáncer de útero y conoce de adversidades: “Si nos obligan a desmontar todo esto e irnos, necesito que me indemnicen, porque fue un arduo trabajo de muchos años, con esfuerzo por cada cosa que hay en el terreno. Dios me dio la oportunidad de salir adelante, y es lamentable que por gente que tiene contactos políticos, tengamos que perder todo. Lo único que quiero es seguridad para mis hijos. Acá viven ocho menores, mis nietos y dos de mis hijos adolescentes, vamos a resistir hasta las últimas consecuencias, porque estamos defendiendo nuestro derecho a una vivienda digna que nos corresponde”, dijo.

Insisten que el juez revea la orden de desalojo

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El manifiesto público que dan a conocer los diputados provinciales Martín Sereno del PAyS y Roque Gervasoni del FR, en conjunto con la ministra de Derechos Humanos, Lilia Marchesini y el Defensor del Pueblo de Posadas, Alberto Penayo, expresa: “Nos preocupa el avasallamiento del Poder Judicial por sobre las leyes emanadas de la Cámara de Representantes de Misiones. El Poder Judicial debe observar el cumplimiento de las leyes, como en este caso, la Ley XII N° 28 del Digesto Provincial que abarca la Ley XII N° 35, que ordena la suspensión de los desalojos hasta el 31 de diciembre de 2019.

Desconocimiento de la norma

La nota se refiere al caso concreto de Carina Raquel Pacheco, que se tramita ante el Juzgado de Instrucción 2, Secretaría 1, de la Primera Circunscripción Judicial de Misiones, bajo la carátula: “Expediente 121791/2018, Juan Marcelo Cantero sobre denuncia de usurpación”, a cargo de juez Fernando Verón, visualizando el contexto de la norma vigente Ley XII N°28 del Digesto Jurídico y Ley XII N°35: Nos preocupa la falta de observancia al espíritu y letra de esa norma, al no verse reflejados en el fallo judicial respectivo, donde el magistrado se expide aduciendo que “la petición de aplicación de las disposiciones contenidas en la Ley XII N°28 que establece la suspensión de las ejecuciones de sentencias que tienen por objeto ordenar el desalojo o remates de inmuebles destinado a vivienda única y familiar y a viviendas y producción agropecuaria única y familiar hasta el 31 de diciembre del 2019.
Esta Ley refiere a los procesos civiles, quedando -en consecuencia- los procesos penales o de instrucción, exceptuados en la aplicación de esta Ley. Tal circunstancia surge del análisis integral de la norma referida, agregado a que el Estado por medio de una Ley, no puede amparar situaciones de quienes hayan obtenido un inmueble por la supuesta comisión de un delito contenido en la Ley sustantiva, o hacer cesar los efectos de ese supuesto delito”, alega el juez.

Avasallamiento

La inquietud de representantes de los Poderes Ejecutivo y Legislativo radica en “el avasallamiento por parte del Poder Judicial de la Provincia, en relación a las leyes emanadas por la Cámara de Diputados, es decir el Poder Legislativo Provincial.
El Poder Judicial debe observar el cumplimiento de las leyes como en este caso es la XII N° 35 del Digesto Provincial, la cual ordena las suspensiones de desalojos hasta el 31 de diciembre de 2019, y sabemos que éste no es el único caso”, destacan en el documento público que dieron a conocer.

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