El Congreso de la Lengua no le dio espacio al llamado lenguaje inclusivo. Cuando alguien dice “todes” o “les diputades” se posiciona políticamente y actualiza la disputa por el sentido de aspectos lingüísticos y no lingüísticos sobre la igualdad y la diversidad de género que estaban naturalizados, pero también actualiza la disputa sobre todo el orden social y la distribución del poder, porque ese masculino genérico que defiende la RAE es, en definitiva, la representación del sistema patriarcal binarista en la lengua. Y la lengua es el sistema semiótico más poderoso con el que se construyen las representaciones mentales individuales y colectivas. El lenguaje inclusivo, como dispositivo de disputa política, atenta contra la política colonialista, autoritaria, patriarcal y binarista. Por eso la RAE está entre quienes le temen al lenguaje inclusivo.

Por Jorge Víctor Ríos.

Posadas (Domingo 23 de marzo). Si bien la propuesta de incorporar la “e” como marca morfológica de género en el español tiene más de cuarenta años y hace tiempo que militantes feministas y de la diversidad sexual lo utilizan, el debate por el llamado lenguaje inclusivo explotó en Argentina a mediados de 2018. Ahora el debate llegó a las áreas académicas, educativas, políticas, legales, mediáticas, ciudadanas y hasta empresariales, pero el tema no existe para la octava edición del Congreso Internacional de la Lengua Española (CILE), el “encuentro más importante relacionado con la lengua y la cultura de más de 500 millones de hispanohablantes”, según los organizadores.
Pero les preguntamos, para este artículo: “No, pero seguramente el tema va a rondar”, respondieron desde el área de prensa del CILE, pese a que cuenta con medio centenar de paneles y sesiones plenarias que tendrán lugar en Córdoba, Argentina, del 27 al 30 de marzo. El llamado lenguaje inclusivo no está en el programa aunque es probable, casi seguro, que se cuele por las grietas que encuentre. Porque donde hay poder, hay resistencia, reza una máxima foucaultiana.
¿Habrá en este nuevo CILE un Fontanarrosa que hable de los malos lenguajes?
Quizás esta exclusión sea más fácil de entender al tener en cuenta que detrás de la organización del congreso está, además del Instituto Cervantes, la Asociación de Academias de la Lengua Española y el Gobierno del país anfitrión, la mismísima Real Academia Española (RAE).
La RAE se opone al lenguaje inclusivo con argumentos puramente lingüísticos, pero el ahínco y la vehemencia con que lo hace, aunque diga lo contrario, deja entrever que tiene intereses extraacadémicos: la RAE sabe que, más que una cuestión lingüística, el lenguaje inclusivo es una cuestión política.

El lenguaje inclusivo como cuestión lingüística

La propuesta de cambiar la estructura interna (la morfología) de las palabras es una fase más avanzada en el proceso de revisión de la lengua, que busca hacerla más igualitaria en términos de representaciones de género. Antes, el foco estuvo puesto en la semántica, es decir, el significado de las palabras y frases idiomáticas, como las que analiza en un artículo reciente la licenciada en Filología Paula Fernández Gómez.
El fundamento psicolingüístico del lenguaje inclusivo expone la correlación entre el lenguaje y cómo percibimos y representamos la realidad. Por ende, el androcentrismo de la lengua española (como el de muchas otras lenguas) no solamente refleja la desigualdad social entre varones y mujeres, sino que al mismo tiempo la refuerza. Pero además de intentar igualar las representaciones de género en la lengua, el lenguaje inclusivo permite representar otras identidades de géneros no binaristas, es decir, de personas que no se identifican como varón o mujer.
En el artículo de divulgación científica “La lengua degenerada”, la investigadora del Conicet y doctora en ciencias sociales Sol Minoldo, junto con el escritor Juan Cruz Balián, presenta y discute evidencia que apoya estas hipótesis, que más que un determinismo lingüístico, sugieren una relación dialéctica entre lenguaje y pensamiento.
Desde lo puramente lingüístico, el lenguaje inclusivo enriquecería al idioma español en al menos dos aspectos. En primer lugar, la incorporación de un género inclusivo, como sostiene la lingüista argentina Karina Galperín, aportaría mayor precisión al idioma español en expresiones que, en su uso actual, son ambiguas. Por ejemplo, la lingüista española Marisa Calero explica en una entrevista que, estudiando gramáticas del Siglo XIX, quería saber si entre los alumnos había mujeres, pero eso le resulta imposible de determinar porque la utilización de palabras como “alumnos” es ambigua: puede tratarse de un simple plural masculino (refiriéndose a una totalidad de varones), o bien puede tratarse de un plural genérico (subsumiendo a varones y mujeres). En segundo lugar, lograría llenar el vacío que hoy encuentra ante una nueva realidad: designar a las personas cuya identidad de género es no binaria y, por ende, no responden a los pronombres “él” ni “ella”, como las dos personas que lograron registrar su DNI con el campo de género indefinido en la provincia de Mendoza, el año pasado.
La respuesta oficial de la RAE es que estas formas son innecesarias y ajenas a la lengua, aunque no desarrolla esos argumentos. Ensaya una pretendida neutralidad (la cual debería mantener, ya que su rol se supone que es el de elaborar una gramática descriptiva, no prescriptiva). Sin embargo, a través de las opiniones personales de sus miembros, uno de los mensajes que llegan de la RAE es que el lenguaje inclusivo es una “moda”. Es cierto que la RAE todavía no puede legitimar el lenguaje inclusivo porque su uso, aún, no se extendió lo suficiente sobre los ejes del espacio, del tiempo y de los grupos sociales (clases, generaciones). Pero también es cierto que la RAE demostró no ser neutral en esta discusión.
Sin dudas, una discusión sobre el lenguaje inclusivo, incluso aunque se circunscriba a lo meramente lingüístico, sería por demás rica e interesante durante el CILE. Pero como ya dijimos, el lenguaje inclusivo es más una cuestión política que lingüística.

El lenguaje inclusivo como cuestión política

Antonio de Nebrija forma parte de la historia porque escribió la primera gramática de la lengua que hoy se conoce como español, con la que quiso “reduzir en artificio este nuestro lenguaje castellano para lo que agora i de aquí adelante en él se escriviere pueda quedar en un tenor i estenderse en toda la duración de los tiempos que están por venir”. Su objetivo era fijar la lengua; evidentemente, no lo logró. En el prólogo del mismo libro, se dirigió a los reyes de España diciendo que “siempre la lengua fue compañera del imperio”. Muchos años después, otro español dijo que “El primer paso de una conquista suele ser la ocupación de un territorio; su último paso, el definitivo, se da cuando la lengua de un pueblo ha sido también ocupada”. Se trata del jesuita, lingüista y antropólogo BartomeuMelià. Y finalmente, el filósofo Manuel Cruz, también español, en un artículo muy reciente, señala lo que, dice, Goebbels descubrió hace casi un siglo: “El lenguaje hace tiempo que dejó de ser un instrumento de utilidad en el combate político para transformarse en el escenario mismo de la batalla”.
Cito a estos tres españoles para tratar de demostrar que hay una relación entre lengua y política. Que el idioma que hablamos se llame “español” responde a fenómenos políticos: no sólo porque lo hablamos como resultado de un proceso histórico de colonización (con todo lo que eso implicó), sino además porque refleja la hegemonía del castellano, que logró hacerse pasar por “la” lengua oficial del hoy reino-Estado-nación español.
Hay una dimensión muy visible de esta relación entre lenguaje y política, que es la glotopolítica: se trata de aquellas decisiones de gobierno que se toman en relación a las lenguas, conocidas como políticas lingüísticas, y que determinan, por ejemplo, qué idiomas (y sus variaciones dialectales) se utilizarán en los comunicados oficiales del estado o para la enseñanza obligatoria en las instituciones educativas. En Misiones, por ejemplo, desde 2009, es política de Estado la planificación lingüística y desde 2015 es obligatoria la educación intercultural plurilingüe (aunque de hecho todavía no se implementó).
Y también la realización de congresos como el de Córdoba (el Congreso Internacional de la Lengua Española, ahora en marzo de 2019), podría decirse que se enmarca en este tipo de actividad. Hay un párrafo de un artículo de Clarín sobre el CILE que no tiene desperdicio:
El Cervantes se expandió a 44 países, creando 87 centros, en ciudades tan distantes como como Shanghái, Nueva Delhi, Kuala Lumpur y Sidney. Su principal autoridad es el mismísimo rey de España y su existencia parece responder a una verdadera política de Estado. En sus documentos se enfatiza el “valor económico” del español y su aptitud como lengua de negocios, al contar con más hablantes nativos que el inglés, responsable del 16 % del PBI de España. Bautizando esta expansión como la “batalla del idioma”, el académico José del Valle señaló en 2004 y 2007 la coincidencia de esta promoción de la hispanofonía con el desembarco, en los 90, de empresas españolas globales, desde editoriales a bancos y petroleras.
Pero “lo político” aquí ya no es tan manifiesto. Quizá porque cierta corrección política impide hacerlo manifiesto. Si hay una política de estado tendiente a mantener una hegemonía sobre otros estados menos desarrollados podríamos hablar, pues, de un neocolonialismo. En el mismo artículo se expone la hegemonía de las instituciones españolas en el mercado lingüístico (cursos y certificaciones del idioma) en Latinoamérica. Cabe preguntarse si a más de doscientos años de independencia política podríamos empezar a pensar también en algún tipo de soberanía lingüística.
De la misma forma, el lenguaje inclusivo cobra su sentido más cabal cuando se la lee en clave política. Por eso la voluntad del gobierno español de reescribir la Constitución incorporando lenguaje inclusivo pero también la decisión de la rectora de un colegio de permitir oficialmente a profesores y estudiantes utilizar lenguaje inclusivo son actos eminentemente políticos.
El lenguaje inclusivo es un dispositivo político, y como tal, defiende intereses, entra en conflictos con otros, propone una visión de mundo. ¿Qué causas e intereses defiende? ¿Qué visión de mundo propone?
Dice el filósofo argentino José Pablo Feinmann que la filosofía de René Descartes le cortó la cabeza a Luis XVI. Es decir, el racionalismo cartesiano fue lo que permitió que haya una Revolución Francesa que termine con el Antiguo Régimen y dé lugar a los Estados modernos. Pero aquello de libertad, fraternidad e igualdad fue solamente para un género: cuando se proclama la Declaración de los Derechos del Hombre y el Ciudadano se habla de “hombre” en sentido literal, como varón. Por eso la revolucionaria Olympe de Gouges, considerada hoy una protofeminista, se vio en la necesidad de escribir la Declaración de los Derechos de la Mujer y de la Ciudadana, lo que le costó la cabeza (también en sentido literal: fue guillotinada por la propia Revolución).
Así como entramos en razón gracias al racionalismo cartesiano y nos dimos cuenta que no podíamos ser gobernados por un rey que se decía representante de Dios en la tierra, que había que dividir los poderes y que los pueblos debían poder elegir a sus representantes, también entramos en razón (mucho tiempo después) de que las mujeres también debían poder votar, educarse, recibir la misma paga por el mismo trabajo y no ser aniquiladas por el mero hecho de ser mujeres (y en cada uno de esos momentos históricos hubo resistencias). Pero ese proceso de igualamiento todavía no se completó. Es el movimiento de mujeres el que sigue intentando hacernos entrar en razón en cuanto a que debemos lograr la igualdad real, en todos los ámbitos. Y en el momento histórico actual, el lenguaje inclusivo es más de las armas con que cuentan (contamos) para esa lucha.
Cada vez que alguien dice “todes” o “les diputades” no solamente se posiciona políticamente ese alguien, sino que además habilita y actualiza la disputa por el sentido de aspectos lingüísticos y no lingüísticos sobre la igualdad y la diversidad de género que estaban naturalizados. Se habilita y actualiza la disputa sobre todo el orden social y cómo está distribuido el poder, porque ese masculino genérico que defiende la RAE con uñas y dientes es, en definitiva, la representación del sistema patriarcal binarista en la lengua. Y la lengua es nada menos que el sistema semiótico más poderoso con el que construimos nuestras representaciones mentales individuales y colectivas.
Aunque intente disimularlo, la RAE es colonialista, autoritaria, patriarcal y binarista. El lenguaje inclusivo, como dispositivo de disputa política, atenta contra todo eso.
Por eso RAE está entre quienes le temen al lenguaje inclusivo.