Luis González, integrante de la Comisión Provincial de Lucha contra la Tortura difunde las salvaguardas como medidas de prevención de la tortura, cotejando con algunos resultados obtenidos en Misiones. “Si buscamos que se garanticen los derechos de todas las personas privadas de libertad, debemos lograr un sistema de prevención sustentable”, asegura.

Por Luis A. González (*)

Viernes 6 de septiembre de 2019. La Asociación para la Prevención de la Tortura (APT) publicó en septiembre de 2016 las principales conclusiones de 30 años de estudios en todo el mundo sobre la prevención de la tortura, bajo el título de “Si, la Prevención de la Tortura Funciona”. También en septiembre de ese año, Misiones creó e implementó el Sistema de Prevención de la Tortura que funciona plenamente a través de la Comisión Provincial de Prevención de la Tortura (CPPT).
La Asociación (la APT) es una organización no gubernamental independiente con sede en Ginebra, que trabaja en todo el mundo con el objeto de prevenir la tortura y otros malos tratos. Fue fundada en 1977 por el banquero y abogado suizo Jean-Jacques Gautier y fue relevante su rol en el establecimiento de estándares internacionales y regionales, en particular el Protocolo Facultativo de la Convención de las Naciones Unidas contra la Tortura (OPCAT) y los Mecanismos Nacionales de Prevención.
Los primeros datos que arroja la investigación es que una de las medidas más importantes de Prevención de la Tortura son las Salvaguardas en las primeras horas y días de detención, y las enumera: la notificación a familiares o terceros; atención médica independiente; acceso a un abogado y comparecer rápidamente ante el juez.
Los estados que garanticen estas medidas estarán disminuyendo y tal vez, erradicando los hechos de tortura y malos tratos. Otras medidas como favorecer la investigación de los hechos, el juicio y condena a los torturadores y la creación de los mecanismos de monitoreo son también relevantes para menguar la tortura.
Con respecto a la notificación a los familiares o terceros, la investigación dice que la notificación a la familia o amigos es la salvaguarda más eficaz para prevenir la tortura. Aunque este derecho está normalmente garantizado en la legislación de los países estudiados, a menudo no se pone en práctica.
En lo que hace a atención médica independiente, aunque existe la figura del médico policial, el examen médico es clave, siempre que sea un profesional independiente y reciba la formación adecuada para documentar casos de tortura y otros malos tratos.
En cuanto al acceso a un abogado, el estudio dice que aún existen muchos obstáculos en la práctica para acceder a la asistencia letrada eficaz desde el inicio de la privación de libertad. Y los consigna como la falta de información sobre este derecho; la notificación tardía a abogados, lo que provoca que no están presentes durante el interrogatorio (en estas circunstancias, las pruebas obtenidas sin la presencia de los profesionales de las leyes deberían ser excluidas).
En lo que se refiere a comparecer rápidamente ante el Juez, la publicación resalta que es necesario acabar con la cultura de indiferencia que existe en muchos países, donde jueces ignoran las alegaciones de malos tratos durante las primeras horas de la detención y fundamentan sus decisiones en las confesiones, incluso cuando son obtenidas mediante coacción.
Luis González, en su calidad de integrante de la Comisión Provincial de Lucha contra la Tortura sostiene que desarrollará, en una serie de artículos, “las salvaguardas como medidas de prevención de la tortura, cotejando con algunos resultados obtenidos en este periodo de gestión de la CPPT. Si buscamos que se garanticen los derechos de todas las personas privadas de libertad, debemos lograr un sistema de prevención sustentable”, asegura.

(*) Integrante de la Comisión Provincial de Prevención de la Tortura (CPPT).