El Grupo de Puebla y el Instituto Patria rechazan la condena. La justicia ecuatoriana encontró responsable al ex presidente y otros excolaboradores de un esquema de sobornos a empresas a cambio de contratos, dicen. Correa -condenado y proscripto- criticó el veredicto y lo calificó de “mamarrachada”, al tiempo que cuestionó la imparcialidad de los jueces.

Jueves 9 de abril de 2020. Mediante un comunicado, el Grupo de Puebla, consideró que la condena contra Correa pretende anular su candidatura en las elecciones generales del próximo año, y la calificó de “aberración política”.
La Justicia de Ecuador condenó esta semana a ocho años de prisión al expresidente de Rafael Correa y a su exvicepresidente Jorge Glas, acusados de delitos de corrupción. El fallo además les imposibilita participar en política por 25 años. La justicia encontró responsable al ex presidente y a otros once excolaboradores de un esquema de sobornos a empresas a cambio de contratos, en las que en su momento fue mencionada Odebrecht.
Desde Bélgica, el país natal de su esposa y el lugar donde vive con su familia, Correa criticó el veredicto y lo calificó de “mamarrachada”. “Esto era lo que buscaban: manejando la justicia para lograr lo que nunca pudieron en las urnas”, sostuvo el exmandatario en su cuenta de Twitter.

Víctima de “lawfare”

En ese sentido y en consonancia con varios líderes políticos, el Grupo de Puebla denunció este miércoles la condena de los tribunales ecuatorianos a Correa y colaboradores. A través de la “institucionalidad judicial, sectores políticos reaccionarios arremeten nuevamente en contra del ex presidente Correa, consiguiendo una sentencia de encarcelación por 8 años y quitándole sus derechos políticos por 25 años”, afirmó la organización en un comunicado.
El documento asegura que Correa es víctima de “lawfare”, práctica judicial impulsada por la derecha en la región para perseguir a dirigentes de izquierda, mediante procesos ilegales que buscan inhabilitar sus nuevas candidaturas políticas.
El grupo explica que el lawfare es un “mecanismo extensamente usado por grupos políticos e instituciones para anular y perseguir a sus opositores, tal y como ya se hizo contra el expresidente Luiz Inácio Lula da Silva en Brasil, y la expresidenta y actual vicepresidenta de Argentina, Cristina Fernández de Kirchner”.
En el caso del exmandatario Rafael Correa, el Grupo de Puebla insiste que buscan impedir su participación de cara a las elecciones que se desarrollarán en Ecuador en 2021.
El texto resalta que, pese “a los embates comunicacionales y judiciales en su contra, el ex presidente continúa liderando las encuestas con miras a los comicios del próximo año”, y que “la justicia no puede ser usada como el brazo político de una élite”.
El Grupo de Puebla rechazó, también, señala que el tribunal que juzgó a Correa no quiso aceptar “peritajes internacionales de las supuestas pruebas contra el expresidente, pero sí avaló estudios no profesionales y abiertamente parcializados”.
Asimismo, advirtió que el proceso estuvo plagado de detenciones ilegales, delatores premiados, y pruebas forjadas y manipuladas. Y ejemplificó, en tal sentido, que la noche anterior a la sentencia se filtró una comunicación entre la Fiscalía General del Estado, parte procesal en el juicio, y el juez.
De igual modo, refleja que acciones como esas son similares a los ilegales acuerdos llevados a cabo entre el juez Sérgio Moro y el fiscal Deltan Dallagnol, que permitieron la condena de Lula, quien también fue condenado y detenido por un presunto caso de corrupción.
“La aberración jurídica cometida en Ecuador será materia de estudio y sin duda de procesamientos penales por fraude procesal a futuro”, aseveró el comunicado.
El Grupo de Puebla, llamó “a las organizaciones internacionales y relatorías que velan por el respeto a los derechos humanos y democráticos, y por la independencia de jueces y abogados, a ejecutar acciones en contra de las irregularidades de este procedimiento judicial”.

Repudio desde el Instituto Patria

El Instituto Patria, el espacio de pensamiento Latinoamericano que lidera Cristina Fernández de Kirchner en la Argentina, con el objeto de propiciar la reflexión y el estudio multidisciplinario sobre las experiencias sociales, políticas, económicas de los países de América Latina en el siglo 21 y el proceso de integración regional, también repudió la condena a Correa y sus colaboradores.
En ese sentido, emitieron un comunicado donde expresan: “Desde el Instituto PATRIA repudiamos la utilización de sectores de la justicia ecuatoriana para proscribir a los opositores y perseguir al ex presidente Rafael Correa y a lxs funcionarixs de su Gobierno. En tiempos donde debería de aflorar la razón y el más noble sentido de justicia, vemos como el LawFare sigue los pasos de lo que ya se padeció en Paraguay, Brasil, Argentina, siendo una estrategia de acción en varios países de la región.
Hoy, en un día de accionar excepcional para la normativa ecuatoriana, en el que se decretó la suspensión de más de 2000 procesos por la emergencia del Covid 19, se dio lugar a la sentencia exprés por la que se sentencia a 8 años de privación de la libertad a Correa y varios funcionarios, con la pérdida del derecho de participación por 25 años a partir de la ejecución de la sentencia.
La comunidad internacional está siguiendo atentamente la vulneración de los derechos políticos y cada uno de los casos. En particular, el accionar de la “Injusticia” ecuatoriana, que afecta la institucionalidad y los principios democráticos en ese país.
Nada es para siempre, y más pronto que tarde se levantarán las vendas de la injusticia.
#FuerzaEcuador”, dice finalmente.

Condena en ausencia

Este miércoles, el Tribunal de la Corte Nacional de Justicia de Ecuador condenó en ausencia al ex presidente Rafael Correa, radicado en Bélgica -el país natal de su esposa- donde reside con su familia.
El tribunal determinó que Correa y otras 19 personas, entre exfuncionarios y empresarios, organizaron una red de millonarios pagos ilegales a cambio de la entrega de obras públicas.
El juez Iván León leyó la sentencia y dijo que la víctima del delito es el propio Estado de Ecuador y que “la fiscalía demostró la existencia de una estructura de corrupción”.
El magistrado puntualizó que quedó probado que los empresarios reportaron los pagos al propio Correa y a Jorge Glas, por entonces vicepresidente, por 7,5 millones de dólares.
Correa fue presidente de Ecuador entre 2007 y 2017 y desde entonces vive en Bélgica junto a su familia. Correa consiguió que su estrecho colaborador Lenín Moreno fuera su sucesor en el poder, pero cuando asumió como mandatario se distanciaron poco a poco.
Una vez conocida la sentencia, Correa se defendió en Twitter: “Bueno, esto era lo que buscaban: manejando la justicia lograr lo que nunca pudieron en las urnas. Yo estoy bien. Me preocupan mis compañeros. De seguro ganaremos a nivel internacional, porque todo es una mamarrachada, pero toma años. De tu voto depende que esta pesadilla acabe”.
Correa, de 57 años, no cumplirá la sentencia mientras se encuentre en Europa, pero tampoco podrá regresar a Ecuador debido a que el delito por el que fue condenado es imprescriptible.

Ilustración: Rafael Correa, imagen tomada de Internet.