Son ocho familias que resisten el desalojo en la colonia Pepirí Miní, de El Soberbio, próxima a los saltos del Moconá. Eran 43 familias que fueron desplazadas por una empresa maderera.

Viernes 10 de julio de 2020 (Prensa del Pays). En Colonia Pepirí, de la localidad de El Soberbio, hay cuatro generaciones que se asentaron hace más de 60 años en terrenos abandonados del Paraje Mbiguá. Construyeron sus viviendas, trabajan produciendo alimentos, y sufren y denuncian los embates de la empresa Puerto Laharrague SA.
Al principio se constituyeron 43 familias; pero el hostigamiento fue tan violento que hoy solo quedan un poco más de ocho familias que se saben dueñas de las tierras de la colonia donde sostienen la Escuela de Frontera 618. Se sienten unidas y con convicciones inquebrantables.
Respaldadas por su memoria histórica y el derecho que las asiste, piden al Gobierno de Misiones que las apoye en sus reclamos: “Necesitamos los títulos de propiedad de nuestras tierras para que nadie más nos atropelle, que tengamos luz y agua y podamos vivir tranquilos en esta comunidad”, expresan.
El diputado del Partido Agrario y Social, Martín Sereno, acompañado por el concejal Juan Antonio “Turú” González (Pays), estuvo con las familias que le trasladaron su gran preocupación por el hostigamiento que padecen.
“Los habitantes de Pepirí nos relatan que primero se asentaron los padres, después nacieron sus hijos, nietos y bisnietos y todos sufrieron atropellos, amenazas, incendios, destrucción de sus casas por parte de la empresa Laharrague para quienes no existe la ley ni el derecho.
A pesar de las denuncias, van comprando voluntades de algunos funcionarios y avanzan con violencia, sin respeto por la vida, ni por los muertos, porque también destruyeron el histórico cementerio, con el objetivo de expulsar a las familias que habitan desde hace muchísimos años”, señaló el legislador junto al edil del Pays.

Trabajar tranquilos “sin amenazas de los Laharrague”

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Ricardo Hasman, habitante de Pepirí y otro de los que sufre violencia institucional y apremios por parte de la policía.
Trabaja en la cosecha de tabaco en Picada Mandarina desde hace varios años, y cuenta que un día llegaron unos 20 policías para amenazarlo con que desaloje las tierras.
“Me resistí y me golpearon, al compañero que me defendió lo llevaron preso. Rompieron nuestros elementos de trabajo y me dejaron golpeado tirado en el monte. Esto pasó cuando tenía 19, hoy tengo 26. Pero ahora comenzaron nuevamente con las presiones. En mi casa aparecieron catorce guardaparques junto a la policía ambiental exigiendo que saque los animales, y se llevaron las motosierras en las camionetas de la empresa Laharrague. Esto ya hicieron antes con mi papá al que le robaron las maderas del aserradero. Por supuesto que con mi familia estamos con miedo; tengo un hijo de tres años y nos sentimos amenazados”, afirma Ricardo.

“No aguanté más tanta violencia de la empresa”

Débora Hasman es una de las hijas de las familias que padecen estas situaciones, y decidió abandonar el lugar porque “cuando crecí no aguanté más el hostigamiento”, cuenta.
La joven nació y creció en Pepirí y cuando tenía once años, la policía de la empresa ingresó a su vivienda y “nos amenazó a los tiros”.
El problema latente es desalojarlos: “Nos íbamos con mis hermanos a la escuela asustados porque nos perseguían. Mi papá tenía unas maderas para hacer una habitación en el patio, y los empleados de Laharrague se las llevaron en su camioneta. Mi papá habló con un abogado; pero esa gente tiene mucha protección e impunidad y nunca más recuperamos nada. Hace unos años armé mi pareja y me fui, tengo un hijo de un año, y vivo en Paraje Yerba en Colonia Paraíso”, indica Débora.

Escuela de Frontera 618, sin agua ni luz

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Sandro Martínez es productor habitante de Colonia Pepirí y también denuncia presiones; pero sigue resistiendo.
Junto a un grupo de vecinos, armó un invernáculo porque la Escuela 618, creada en 1999 no tiene agua; producen plantines y siembras verduras para autoconsumo y para colaborar con la escuela.
Hace un tiempo la Universidad les donó unas turbinas; pero todavía no las pueden instalar porque necesitan ayuda del Estado para generar energía eléctrica. En la escuela tampoco hay agua, que sí cuentan en la vivienda de Sandro por la cercanía del río, pero carecen de luz.
Las últimas amenazas que recuerda de las autoridades de guardaparques y la policía ambiental, fue en junio, en época de cuarentena por la pandemia del Covid19.
“Vinieron a exigirnos que saquemos nuestros animales que son de uso sustentable. La mayoría de los colonos tenemos entre tres o cuatro cabezas de animales, una yunta de bueyes que compartimos entre todos, un novillo y unas vacas que da leche para consumo, y además repartimos entre los vecinos, y cuando funciona la escuela, les donamos porque a veces no llegan suficientes alimentos”.
Las familias piden que el Gobierno las ayude y detenga los atropellos tanto en Pepirí como en otros lugares, porque “somos conscientes que estas empresas tienen plata y se creen dueños de las tierras.
Ecología debe controlar lo que se hace en el monte, en la selva que está hueca porque no tiene nada por dentro. Estos empresarios siguen con las prácticas del desmonte aunque está prohibido, mantienen sus hectáreas de pinos que no tendrían que estar dentro de la reserva”, reclama Sandro.

“Necesitamos la regularización de las tierras”

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El trabajador solicitó al Gobierno de Misiones que apoye a las familias de Colonia Pepirí en sus reclamos. “Necesitamos los títulos de propiedad de nuestras tierras para que nadie más nos atropelle. Vivo acá desde hace 16 años acá, y mi señora que tiene 34 años, nació y se crió en estas tierras.
Hace un tiempo comenzamos a recopilar y preguntar sobre los orígenes de esta colonia que se fundó hace más de 100 años; es pre-existente a la reserva que fue creada en 1995. Está desde antes que el puesto de Gendarmería que funciona en la parte alta de Pipirí, incluso antes de que se construya el Parque ya vivían colonos a los que corrieron.
Piden ayuda del Gobierno para tener conexión de energía eléctrica y agua tanto en las viviendas como en la escuela, que “cesen los hostigamientos y amenazas para que vivamos tranquilos.
No puede ser que estos capangas hagan lo que quieran, que repitan los mismos mecanismos para echar a la gente, con policías dando vueltas; que respeten el derecho de todos de vivir en esta tierra argentina”, destaca el productor.

“Me propuse resistir porque tenemos derechos”

Con 56 años, María Judith De Olivera nació en Pepirí y conoce la historia de hostigamiento y presiones; pero igual sigue adelante al cuidado de su familia.
“Las presiones de la empresa empezaron cuando hicimos la siembra, primero quisieron negociar el desalojo y después nos demandaron, y enviaron a la policía, nos asesoró un abogado, estamos litigiando y confiamos que se va resolver el tema, pero siempre con amenazas sobre nuestras cabezas.
Buscan acorralarnos con el tema de los animales, entonces nos quedamos sólo unas vaquitas para tener leche, nos quedamos con lo mínimo para subsistir. Teníamos diez hectáreas de citronela y disminuimos en tres para no tumbar el monte y aún así no dejan de presionar. Me propuse aguantar hasta el final, nací y crecí acá y no voy a abandonar la tierra que me pertenece”, enfatiza María.
Esta mujer luchadora confía que se habrá una solución al problema, porque “sabemos que la tierra es nuestra desde hace 60 años, ¿cómo no vamos a tener derechos? Mi papá trabajaba para la empresa cuando llevaban madera por agua, desde antes de que naciéramos sus hijos. Ellos le dieron estas tierras y después que se puso grande y ya no lo necesitaban quisieron echarlo; pero conocemos nuestros derechos sobre estas hectáreas”, asevera.

“Tenemos varias denuncias hechas”

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El productor Leandro De Olivera, sigue resistiendo las presiones y amenazas a riesgo de su vida y la de sus hijos.
“Hace poco apareció uno de los ingenieros de la empresa, Oscar Pérez y rompió toda la caña de azúcar que teníamos. Fui a denunciar a policía de El Soberbio, y cuestionaron que no tengo papeles de la tierra. Me presenté en la Fiscalía en San Vicente y ahí sí pude registrar los destrozos.
Nosotros subsistimos con la producción, cuando mi papá falleció, me dejó la tierra y con mucho esfuerzo y ayuda de los vecinos de la colonia, construí mi casa donde vivo con mi familia. En 2015 comenzaron a presionarme, me da miedo porque tengo un chico enfermo con problemas respiratorios, y a veces cuesta transitar por la colonia porque atraviesan la entrada con un portón, y cuando llueve y el río crece es imposible salir”, advierte.

“La tierra es de quien la produce”

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Mabel Cristina Whitch es otra de las mujeres que vive, se sacrifica y resiste. Colabora cocinando en la escuela y reclama luz y agua. “Nosotros nos ayudamos comunitariamente. Una vez nos quemaron la casa cuando fuimos a visitar a mi suegro que vive en Yrigoyen, hicimos la denuncia pero nunca se resolvió”.
Mabel remarca que la empresa Laharrague dice que “no tenemos derechos, pero hace 35 años que habitamos este lugar, nos presionan para quedarse con todo, y construir sus hoteles lujosos, sus canchas de golf. Pedimos el título de las tierras y que nadie nos molesta más. Somos dueños porque producimos en las tierras, soportamos los embates y la falta de servicios. Yo tengo cuatro hijos, para llevarlos a una salita o al hospital cuando se enferman hay que transitar 30 kilómetros, las promotoras vienen muy de vez en cuando. Esta es nuestra vida de lucha”, afirma la cocinera de la escuela.