El senador Closs explicó algunos puntos del proyecto de Ley que tiene dictamen en la comisión de turismo del Senado. “No se puede sostener una actividad solamente con el ATP que resuelve parcialmente el ingreso al trabajador, pero no resuelve para nada los gastos que tiene un hotel o un emprendimiento turístico que está parado”, sostiene.

Por Alejandro Spivak.

Miércoles 5 de agosto de 2020. El senador misionero Maurice Closs es autor del proyecto de Ley –con dictamen favorable de la comisión del Senado- que permitiría el sostenimiento y posterior reactivación del turismo.
Closs entiende que “es muy difícil hacer una reglamentación específica cuando algo quedó en el camino sin culpa de nadie. Alguien contrató un servicio turístico a través de una agencia, que a la vez contrató un hotel y el viaje no se realizó por fuerza mayor, entonces es muy difícil que una Norma tome la decisión justa que se adapte al ciento por ciento de los casos. Es decir, que cuide a los prestadores de servicio, a las agencias y a los consumidores”, dijo
Además, en la entrevista con Misiones Plural, manifestó su beneplácito por el acuerdo de Gobierno nacional con los bonistas. “En vez de pagar unos 30 mil millones de dólares entre capital e intereses en los próximos tres o cuatro años, seguramente se pagará entre 2.500 y 3.000 millones de dólares”, expresó.

-El lunes tuvo dictamen el proyecto de ley que usted presentó para reactivar el turismo, afectado por la pandemia de Covid19. ¿Qué propone?
-El sector turístico es el más golpeado y será el último en reactivarse cuando la pandemia del Covid19 pase. Por eso planteé un proyecto de ley que tenga dos pilares: el sostenimiento de la actividad, que se mantenga en pie durante esta crisis y pandemia y en segundo lugar, la reactivación, una vez que el turismo comience a moverse en el país y en el mundo y que se puedan establecer políticas con un Estado fuerte y presente que incentive la demanda para que la actividad turística vuelva a crecer prontamente. Pero nunca se podrá reactivar algo si primero no se sostiene porque el día que se quiera ir a los restaurantes, los hoteles y a los atractivos turísticos estarán todos cerrados porque estarán fundidos. Por eso se debe sostener para reactivar.

-En el debate de comisión, la oposición cuestionó los artículos Tres y Nueve que le da facultades al jefe de Gabinete, Santiago Andrés Cafiero, a decidir prioridades. Curiosamente las provincias que no tienen al turismo como sector dinámico de sus economías adhirieron. Creo que la oposición confundió el espíritu de la ley que no es de promoción. Usted puso el ejemplo de Posadas e Iguazú. Hoy concretamente en Iguazú se debe sostener al sector para que después pueda recuperarse, ¿coincide?
-Son artículos que si uno analiza bien son expresiones de deseo. Cuando uno hace una ley de alguna manera se está garantizado el cumplimiento de algunas cosas; lo que planteé en el artículo tres es que el jefe de Gabinete tenía las atribuciones para crear situaciones especiales donde la actividad del turismo es determinante para algunas ciudades y provincias. Yo puse el ejemplo de Posadas e Iguazú. Por ejemplo, esta última ciudad tendrá unos 100 lugares gastronómicos. Si solo debe atender a los ciudadanos que residen en Iguazú con ocho o diez locales de este tipo le alcanza.

-Y respecto al artículo Nueve, sobre la facultad del jefe de Gabinete, ¿cuál fue el espíritu de incorporación?
-Este artículo faculta al jefe de Gabinete, Cafiero, a llevar a cabo acciones que permitan el sostenimiento de las fuentes laborales que uno no puede decir cuáles. Seguramente serán las cámaras representativas quienes informen. No se puede sostener una actividad solamente con el ATP que resuelve parcialmente el ingreso al trabajador, pero no resuelve para nada los gastos que tiene un hotel o un emprendimiento turístico que está parado. Cuando se plantea este tipo de artículos que es delegar facultades al Poder Ejecutivo sino hay buena fe, comienza la desconfianza y la misma comienza a entorpecer. En definitiva, ninguno de los dos artículos son el corazón de la ley y, en todo caso, lo que buscaban era darle más herramientas al Poder Ejecutivo a la hora de afrontar la tarea de sostenimiento y luego de reactivación.

-¿El artículo Tres quedó sin efecto?
-Cómo hacía mucho ruido y tenía que ver con que algunos lugares decían ´nosotros no somos tan turísticos para implementar el mismo´, decidí correrlo y que la ley salga con los demás artículos que son de medidas concretas.

-Otro cuestionamiento fue el Artículo 28. Más que para el sector está referido al consumidor y obliga al prestador a abrir el voucher o devolver el dinero. Se observa que las agencias de turismo no podrán cumplir con ello. ¿Cuál es su opinión?
-Sobre ese artículo nadie se pondrá de acuerdo. En la secuencia de todo mi proyecto nunca hablé de esa cuestión porque yo creo que si en todo caso hay una reciprocidad, el Código Civil tiene normativas de sobra para resolver los litigios que puedan producirse. Es muy difícil hacer una reglamentación específica cuando algo quedó en el camino sin culpa de nadie. Alguien contrató un servicio turístico a través de una agencia, que a la vez contrató un hotel y el viaje no se realizó por fuerza mayor, entonces es muy difícil que una Norma tome la decisión justa que se adapte al ciento por ciento de los casos. Es decir, que cuide a los prestadores de servicio, a las agencias y a los consumidores. Por eso no tengo posición tomada porque, insisto, es muy difícil que cada uno de los casos sea resuelto a través de una ley de emergencia.

-El artículo 28, ¿es constitucional o reforma el Código Civil?
-Inconstitucional claramente no es. En todo caso podrá tener alguna incidencia en algunas leyes de fondo. El Código Civil es una ley que tiene idénticas jerarquías que otra ley.

-¿El costo de la ley se estima en unos 50 mil millones?
-La ley tiene mucha negación de facultades. El bono universal que propongo que sería como la ayuda escolar que se da en marzo al inicio de clases no está cuantificado. El Poder Ejecutivo le pondrá un número por persona o familia; la preventa que plantea el Ministerio de Turismo de la Nación se ubicaría en torno a los 15 mil millones de pesos. También están los costos impositivos. Sea el importe que sea, el turismo es una actividad que si el Estado no pone una fuerte cantidad de recursos, primero para sostener y luego para reactivar, es una actividad que será muy difícil que se sostenga y reactive posteriormente.

-Entramos en un período del año en que generalmente la gente comienza a realizar las reservas para el período de vacaciones de verano. ¿Cómo vislumbra este período vacacional?
-Muy parado. Espero que el turismo vuelva a la normalidad. No creo en una reactivación paso a paso y en grandes protocolos. Toda actividad económica tiene que tener productividad de lo contrario no es sostenible en el tiempo. Espero que el virus termine siendo parte del pasado como todas las pestes que de un día para el otro desaparecieron.

El acuerdo con los bonistas

-¿Qué opinión le merece el acuerdo del Gobierno nacional con los acreedores de la deuda?, cuyo cumplimiento en principio está garantizado con las reservas del Banco Central que se ubican en torno a los nueve mil millones de dólares…
-El dato de las reservas existentes en el Banco Central es una información más de la economía. Claro que el acuerdo es una gran noticia para el país. Cabe recordar que de todo el endeudamiento que hay y que en su gran mayoría lo ocasionó el expresidente (Mauricio) Macri porque aumentó la deuda en unos 100 mil millones de dólares y en su gran mayoría en dólares; bajo legislación extranjera es la más difícil de resolver porque es la deuda que se puede reclamar a través de los tribunales de Nueva York; resuelta esta deuda de unos 75 mil millones de pesos todo el resto del panorama es bastante más sencillo y claro de resolver para el país porque se resolvió con un criterio responsable que fue respetar la deuda inicial, se bajó la tasa de interés que estaba más cerca del ocho por ciento anual a una cercana al tres por ciento anual; esos cuatro o cinco puntos de reducción permiten un ahorro de 35 mil millones de dólares y los vencimientos que estaban concentrados en pocos años, con un valor medio temporal de los bonos de cinco años, los planteamos a unos diez años y, en vez de tener que pagar unos 30 mil millones de dólares entre capital e intereses en los próximos tres o cuatro años, seguramente se pagará entre 2.500 y 3.000 millones de dólares. Es un muy buen acuerdo porque en definitiva lo que los bonistas terminarán logrando es mantener su capital invertido con una tasa de interés mucho más razonable que en la que en un momento de desesperación y muy mala administración se comprometió el Gobierno de Macri.