Garantiza el acceso a la información, la participación pública y el acceso a la Justicia. Se trata de un Acuerdo Regional en Asuntos Ambientales en América Latina y el Caribe. Tras la media sanción de la Cámara baja, Argentina se convierte en el décimo país en aprobar el tratado vinculante. Se necesitan al menos once naciones para que entre en vigencia.

Domingo 27 de septiembre de 2020. Este viernes, la Cámara de Diputados argentina ratificó el Acuerdo Regional de Escazú, que establece garantías sobre el acceso a la información, la participación pública y el acceso a la Justicia en asuntos ambientales en América Latina y el Caribe. La sesión fue seguida desde los palcos por activistas ambientalistas, cuya participación para lograr la ratificación fue reconocida y celebrada por diputades en sus discursos.
Con la votación, Argentina se convirtió en el décimo país en ratificar el texto adoptado en 2018 en el distrito costarricense de Escazú por 22 países de la región. El texto -formalmente denominado por Naciones Unidas como Acuerdo Regional sobre el Acceso a la Información, la Participación Pública y el Acceso a la Justicia en Asuntos Ambientales en América Latina y el Caribe- sólo entrará en vigencia cuando obtenga la ratificación de 11 de los estados firmantes.
Chile, uno de los países impulsores, tomo sorprendió a la región al rechazar el Acuerdo. Tanto el ministerio de Relaciones de Exteriores como el de Medio Ambiente chilenos argumentaron el rechazo al tratado por incluir “ambigüedades” en algunas normas que “prevalecerían sobre la legislación interna”, causando confusiones jurídicas y exponiéndoles a posibles demandas internacionales.
Cita, por ejemplo, que el hecho de que se reconozcan derechos de defensores medioambientales otorgaría “un estatus diferente al de otras agrupaciones de derechos humanos, afectando así la igualdad ante la ley”.
El análisis agregó que el acuerdo no define sus principios y que eso provoca “un problema interpretativo”.
Al comienzo del documento que resume las razones, se asegura que “Chile tiene una legislación ambiental que es reconocida, nacional e internacionalmente, por su contenido, alcance y consistencia”.
Por otra parte, y apenas unas horas antes, el presidente del gobierno, Sebastián Piñera, aseguró que Chile está “totalmente comprometido” con el cambio climático ante la Asamblea de las Naciones Unidas.

Proteger al ambiente y los DDHH

El Acuerdo “parte de la premisa de asegurar la protección del medio ambiente y los derechos humanos en un modelo de desarrollo sostenible”, definió durante la sesión Eduardo Valdés, presidente de la comisión de Relaciones Exteriores, al abrir el debate.
“Otro objetivo fundamental es luchar contra la persecución que sufren los defensores ambientales. América latina ostenta el triste récord de haber sido la región del planeta donde en 2019 se produjeron la mayor cantidad de asesinatos de líderes ambientalistas”, definió durante el debate la diputada Brenda Austin.
La iniciativa, que el 13 de agosto había sido aprobada por el Senado, fue aprobada por los votos de 240 diputades de distintos espacios partidarios (Frente de Todos, Juntos por el Cambio, y bloques provinciales). En la votación hubo también cuatro votos en contra y dos abstenciones.

Cabandié celebró la ratificación del Acuerdo

El ministro de Ambiente y Desarrollo Sostenible de la Nación, Juan Cabandié, celebró la aprobación del Acuerdo de Escazú para Argentina, luego de conocerse el resultado afirmativo de la votación de Diputados. “La ratificación de este instrumento era una deuda pendiente en el acceso a derechos en materia ambiental”, reconoció el ministro.
El acuerdo fue adoptado en marzo de 2018 en Escazú, Costa Rica, y firmado en septiembre de ese año en el marco de la Asamblea General de Naciones Unidas en Nueva York, Estados Unidos; desde entonces se esperaba su aprobación en el país. La presente validación representa una garantía más del Estado nacional hacia la ciudadanía en relación a la adopción de acciones concretas tendientes a la equidad ambiental. En tal sentido, Cabandié afirmó: “Es de suma importancia la ratificación de este acuerdo regional porque se trata del acceso a la información y la participación pública, y repara en el acceso a la justicia ante determinadas circunstancias”.
El ministro consideró al acuerdo como “sumamente enriquecedor para la agenda ambiental” y destacó el compromiso de la “militancia juvenil” como impulso para la aprobación de este instrumento. “Con Escazú, como sucedió con la ley de cambio climático, cumplimos con una demanda muy justa y creciente de la sociedad y de los jóvenes en particular”, dijo el ministro, quien fue convocado meses atrás para conversar sobre el tema en una reunión virtual de la Comisión de Relaciones Exteriores y Culto del Senado.
El acuerdo fue tratado en el recinto a mediados de agosto en la Cámara alta, donde fue aprobado por unanimidad. Con la media sanción obtenida hoy en Diputados, el Congreso Nacional ratifica el tratado regional vinculante, convirtiendo al país en el décimo en ser un Estado parte.
Así, Argentina se suma a los países que ya lo aprobaron: Antigua y Barbuda, Bolivia, Ecuador, Guyana, Jamaica, Nicaragua, Panamá, San Cristóbal y Nieves, San Vicente y las Granadinas y Uruguay. Para que el tratado entre en vigencia debe ser ratificado por 11 de los Estados que adhirieron, por lo que solo falta la aprobación de un país más.
El Acuerdo Regional sobre el Acceso a la Información, la Participación Pública y el Acceso a la Justicia en Asuntos Ambientales en América Latina y el Caribe tiene como objetivo garantizar la implementación plena y efectiva en los Estados parte de los derechos de acceso a la información ambiental, participación pública en los procesos de toma de decisiones ambientales y acceso a la justicia en asuntos ambientales, así como la creación y el fortalecimiento de las capacidades y la cooperación, contribuyendo a la protección del derecho de cada persona, de las generaciones presentes y futuras, a vivir en un medio ambiente sano y al desarrollo sostenible.

¿Qué es el Acuerdo de Escazú?

El tratado garantiza el acceso “a la información ambiental, el derecho a la participación pública en los procesos de toma de decisiones en asuntos ambientales y el derecho al acceso a la justicia en asuntos ambientales”.
Además, propone la creación y el fortalecimiento de las capacidades y la cooperación, contribuyendo a la protección del derecho de cada persona, de las generaciones presentes y futuras, a vivir en un ambiente sano y al desarrollo sostenible.
La ratificación obliga al Estado parte a garantizar la “participación pública en los procesos de toma de decisiones ambientales”. Para ello, el Estado “se compromete a implementar una participación abierta e inclusiva en los procesos de toma de decisiones ambientales, sobre la base de los marcos normativos interno e internacional”.
Además, cada Estado debe “publicar y difundir a intervalos regulares, que no superen los cinco años, un informe nacional sobre el estado del medio ambiente”. Esos informes deben tener “información sobre el estado del medio ambiente y de los recursos naturales, incluidos datos cuantitativos”, detalle de “acciones nacionales para el cumplimiento de las obligaciones legales en materia ambiental” y de “avances en la implementación de los derechos de acceso”, así como de “convenios de colaboración entre los sectores público, social y privado”.
Los informes “deberán redactarse de manera que sean de fácil comprensión y estar accesibles al público en diferentes formatos y ser difundidos a través de medios apropiados considerando las realidades culturales”. La sociedad civil, además, puede ser invitada a “realizar aportes a estos informes”.

Infografía tomada de Internet.