Durante la cuarentena, aumentaron las muertes bajo custodia en cárceles y comisarías. La desaparición y asesinato de Facundo Castro es parte del 40% de los asesinados que tenían menos de 25 años. Los femicidios son la primera causa de muerte de mujeres y disidencias a manos del aparato represivo estatal, según se desprenbde del informe anual de Correpi.

Por Jorge Víctor Ríos
Sábado 26 de diciembre de 2020. La represión del Estado argentino sigue costando vidas. Quizás, la todavía incierta suerte de Facundo Castro Astudillo sea una de sus víctimas, ya que el joven desapareció después de que la policía lo detuvo en un control de ruta y apareció muerto varias semanas después, en un acto todavía no esclarecido. Así, se estima que Facundo es parte del 40 por ciento de argentinos que con menos de 25 años, fueron asesinados este 2020 por el Estado o en circunstancias donde el Estado tenía a su cargo la seguridad.
Este año, como desde hace 24 años, desde 1996, la Coordinadora Contra la Represión Policial e Institucional (Correpi), fundada en 1992, presentó su informe anual de la Situación Represiva, donde detalla el relevamiento que llevan adelante sobre los asesinatos que comete el Estado.
El informe de este año se transmitió desde la Asociación de Trabajadores del Estado y no desde el tradicional acto que realizan en Plaza de Mayo, bajo el lema: “las necesidades del pueblo son esenciales, la represión no”.
Sobre este año en particular, el informe señala que si bien el Gobierno de Alberto Fernández recogió casos de gatillo fácil y de represión, encabeza una alianza amplia con importante apoyo popular en las urnas pero aún así, “no avanzó en tomar medidas urgentes para reducir efectivamente la intervención represiva de las fuerzas” y designó en lugares de poder a “personajes siniestros como Sergio Berni a cargo de la policía bonaerense, en el ministerio de Seguridad Provincial” de Buenos Aires.
El informe da cuenta que el Gobierno de Alberto Fernández -con Sabrina Frederic-, aunque anuló las prácticas más represivas de Patricia Bullrich, mantuvo la saturación de las policías y otras fuerzas represivas en las barriadas del pueblo trabajador, que aumentó con el inicio de la cuarentena tanto como aumentó con el nuevo plan de seguridad, el número y equipamiento a la maldita bonaerense, al mando del represor Sergio Berni, indicaron.
En ese sentido señalan que las consecuencias fueron los más de 100 pibes asesinados con el gatillo fácil y muertes en las comisarias.
Rescatan a la desaparición de Facundo Castro, el brutal desalojo de las familias de Guernica, la represión al frigorífico Penta y Cresta roja porque, denuncian, “El ajuste no cierra si no es con represión”.
En el plano político, Correpi expuso a la gestión de Mauricio Macri (de la alianza Cambiermos/Juntos por el Cambio) como el Gobierno que “dejó la más grave crisis social y económica de las últimas décadas, con millones de puestos de trabajo perdidos” y destacó que esa gestión“reivindicó al terrorismo de Estado, quiso beneficiar a los genocidas con el 2×1 y tuvo el récord absoluto de asesinatos a manos de las fuerzas de seguridad en la historia. Legitimó el gatillo fácil con la doctrina Chocobar; reprimió la protesta social; fue responsable de la desaparición forzada seguida de muerte de Santiago Maldonado y del asesinato de Rafael Nahuel”.

El informe
Desde 1983 hasta diciembre de 2019 se relevó 7.901 personas asesinadas por el aparato represivo del Estado. En el curso de 2020 fueron 496 los casos registrados que sumados a los registrados desde la vuelta de la democracia, suman 7.587 víctimas.
De estos 496 casos nuevos, 411 ocurrieron entre el 10 de diciembre de 2019 y el 19 de noviembre de 2020, bajo la gestión de gobierno de Alberto Fernández y Cristina Fernández de Kirchner, sin contar las muertes en lugares de detención informadas por organismos oficiales que no registran fecha exacta.
Sobre los casos relevados en 2020, Correpi entiende que se incrementaron a causa del Covid19. Si bien el Gobierno decretó el aislamiento preventivo social y obligatorio para intentar frenar los del coronavirus, las medidas sociales adoptadas fueron insuficientes y por lo tanto hubo un recrudecimiento de la situación represiva, aseguran.
De las 411 personas asesinadas por el Estado durante esta gestión, 348 casos ocurrieron luego de la cuarentena y 63 casos, antes. De todas maneras, el informe señala que durante la cuarentena bajaron los casos de gatillo fácil por parte de las fuerzas federales pero aumentaron las muertes bajo custodia. El 57,66% de los asesinatos ocurrieron en Servicios Penitenciarios Federales y Provinciales, principalmente en las cárceles federales y provinciales, y también en las comisarias.
Más del 96% de las personas asesinadas por el aparato estatal, estaban en un calabozo o caminaban por un barrio, lo que permite inferir que caminar por las barriadas o estar preso es la primera causa de muerte a manos del Estado.
La mayoría de las personas muertas en comisarías no estaban detenidas por acusación de delitos sino que estaban arrestadas por averiguación de antecedentes y faltas a contravenciones y eran, por sobre la gran mayoría, inmigrantes, jóvenes o pobres.
Las acciones represivas del Estado se centran en los jóvenes, a quienes a lo largo de la historia intentaron disciplinar: el 40 por ciento de las personas asesinadas tenían 25 años o menos. El 39 por ciento tenían entre 15 y 25 años. Los asesinados entre menores de 15 años, hasta los 35, alcanzan al 64% de las víctimas.
En los últimos 10 meses: 34 muertes fueron en comisarías y dos en lugares de alojamiento de niños y niñas.
La muerte Florencia Magalí Morales, en una comisaría de Santa Rosa del Conlara, de San Luis, tomó visibilidad gracias a la lucha organizada, denuncian desde La Izquierda Diario.
Las desapariciones en democracia registradas desde 1983, suman un total de 203, la mayoría de ellas vistas por última vez cuando eran detenidas o dentro de una comisaría. Las desapariciones durante este año fueron al menos cuatro. En 2020, las fuerzas represivas desaparecieron a Carlos “Bocacho” Orellano, en Rosario; Facundo Astudillo Castro, cerca de Bahía Blanca; Francisco Javier Cruz, en Florencio Varela y a Luis Armando Espinoza, en Tucumán.
En todos los casos, sus cuerpos fueron encontrados semanas o meses después, en circunstancias que confirman la responsabilidad policial en la desaparición y asesinato.
En la distribución de casos por provincias, la de Buenos Aires, gobernada por Axel Kicillof y con Sergio Berni al mando del Ministerio de Seguridad Bonaerense, registra el 53,58% de los casos.

Femicidios contra mujeres, travestis y trans
Así se potencian cuando se cruzan la violencia represiva estatal con la violencia machista patriarcal. Se relevaron 389 femicidios desde 1992 cometidos por miembros de las fuerzas de seguridad, sobre un total de 651 víctimas mujeres y mujeres trans. Los femicidios son la primera causa de muerte de mujeres y disidencias sexuales a manos del aparato represivo estatal. También se registraron 46 femicidios relacionados, asesinatos de otros familiares, hijos e hijos o nuevas parejas o a quienes intentan defender a la víctima original. Casi un tercio de los femicidios relacionados tiene víctimas a niños y niñas. Una de cada cinco mujeres asesinadas por violencia de género, es a la vez víctima de violencia estatal encarnada en el arma reglamentaria.

Reprimir manifestaciones
Desde 1983, 91 personas cayeron durante la represión a manifestantes, movilizaciones y reclamos por trabajo tierra, y vivienda. El mayor número corresponde al gobierno de Fernando De La Rúa, que durante las jornadas del 19 y 20 de diciembre del 2001, asesinó a 39 personas. Le sigue el gobierno de Cristina Fernández de Kirchner con 20 caídos por la represión.
La situación represiva sigue siendo crítica. El Estado mata a una persona cada 20 horas.