El histórico segundo juicio político contra Donald Trump, por una acusación de incitación al ataque de enero al Capitolio, empieza el martes con un debate sobre la constitucionalidad de juzgar a un presidente después de que haya dejado el cargo.

Martes 9 de febrero de 2021 (Agencias). El expresidente de los Estados Unidos, Donald Trump, enfrentará este martes 9 de febrero un segundo proceso de juicio político comandado por el Senado. 100 legisladores harán presencia en la Cámara Alta para cuestionar el primer y único mandato de Trump.
Uno de los principales objetivos de los senadores demócratas, principales impulsores de la iniciativa, será lograr que el expresidente ya no pueda ocupar un cargo electivo en el futuro.
Asimismo, el proceso de destitución (impeachment) se hace presente en un escenario de creciente presión. La Cámara de Representantes intentará dar resolución al juicio para atender otras prioridades como el plan de ayuda contra el COVID-19, impulsado por el presidente Joe Biden.
A continuación, los detalles de la histórica sesión que tendrá lugar en el Capitolio.

¿Cómo será el juicio contra Donald Trump?
El proceso contra Donald Trump se extenderá durante un máximo de ocho días dentro del recinto. Durante aquella etapa, habrá hasta 16 horas para presentar el caso por cada lado.
Comenzará con cuatro horas para que cada uno presente argumentos iniciales durante la primera sesión de este martes. Tras finalizar con las exposiciones, se procederá a dar lugar a la votación.
Para condenar al expresidente será necesario contar con el voto de más de dos tercios de los senadores (67 de 100 legisladores), lo que significa que 17 republicanos rompan filas y se sumen a los 50 demócratas.

¿De qué cargos se lo acusan al expresidente?
El proceso de destitución se sustenta en el “más grave crimen constitucional” cometido por un presidente estadounidense, siendo este la incitación de Trump a sus seguidores a asaltar la sede del Congreso el mes pasado. Los críticos del expresidente afirman que violó su juramento al alentar a sus partidarios a lanzar el ataque.
Por otro lado, el expresidente es también blanco de numerosas demandas civiles desde hace tiempo. Posee al menos una inculpación penal, liderada por el fiscal demócrata de Manhattan, Cyrus Vance, por pagos efectuados a dos presuntas amantes de Trump antes de las elecciones presidenciales de 2016.
Además, se lo investiga por posibles fraudes fiscales, bancarios y de seguros.

¿Cuál es la estrategia de la defensa del magnate?
La defensa de Trump argumenta que el juicio en sí es inconstitucional ya que, si bien el Senado puede condenar y destituir a un presidente en ejercicio, no puede hacerlo cuando se trata de un ciudadano particular.
Bajo esta premisa, los abogados del expresidente acudieron al Senado el lunes 8 de febrero pidiendo que el juicio sea desestimado alegando que este “carece de jurisdicción” para juzgar a Trump. Los líderes demócratas rechazaron directamente el argumento.
Sin embargo, todavía tiene un as bajo la manga. Aseguran que Trump hizo uso de su derecho a la libre expresión cuando no solo formuló dudas sobre el resultado electoral si no también al pronunciar su inflamado discurso del 6 de enero. Por ende, el cargo principal en el cual se sustenta el juicio político sería inválido.

¿Podría llegar a ser inculpado por sus delitos?
Una encuesta de IPSOS-ABC News publicada el domingo 7 de febrero mostró que el 56% de los estadounidenses creen en condenar al ex presidente y prohibirle postularse, pero más del 80% de los republicanos se manifiestan en contra.
Para Gloria Browne-Marshall, profesora de Derecho en la Universidad de la Ciudad de Nueva York (CUNY), Trump en el banquillo de los acusados sería “un desenlace lógico”, “un escenario a la Al Capone”. Cree probable su inculpación pero no apostaría a que habrá un proceso o una condena.
Teniendo millones de simpatizantes potencialmente dispuestos a financiar su defensa, Trump podría contraatacar con sus propias demandas judiciales y hacer que los dossiers se arrastren “durante años”, lamentó.
Eso obligaría a los fiscales -funcionarios electos que dependen del dinero de los contribuyentes- a movilizar recursos considerables para dar la batalla, concluyó.