Alberto Fernández mostró un discurso más radicalizado y enfático, más lejos del tono tibio que tanto le critican hacia adentro de su propio espacio político, pero sin perder su característico tono conciliador. Este mediodía dejó inaugurado, como corresponde por Ley, el período anual de sesiones ordinarias del Congreso argentino.

Lunes 1 de marzo de 2021. Sin dudas, el anuncio de impulsar una demanda judicial contra el gobierno de su antecesor, Mauricio Macri, por la “irresponsable” deuda contraída con el Fondo Monetario Internacional fue uno de los temas salientes del discurso Presidencial de Alberto Fernández ante el Senado argentino, este lunes desde el mediodía.
Alberto Fernández enfatizó el tono de lectura cuando dijo que instruyó a los abogados del Estado para iniciar una querella que determine “quiénes fueron los autores de la mayor administración fraudulenta y malversación de caudales públicos que nuestra memoria recuerda” y evitó responsabilizar de manera directa a los funcionarios de la administración que gobernó Argentina entre 2015 y 2019 para dejar la responsabilidad en mano de la Justicia: impulsará “querella criminal” para identificar a los autores y participes del endeudamiento asumido durante el gobierno de Mauricio Macri, por unos 55 mil millones de dólares, expresó.
Con ello, agregó, busca “poner fin a las aventuras de hipotecar al país; es necesario que endeudarse no sea gratis y que los responsables rindan cuentas de sus actos y dejen de circular impunes dando clases de economía en el país y en el mundo”, disparó, a mitad de su discurso.
“Ya en 2018 la Argentina fue sumergida en una nueva y profunda crisis en la balanza de pagos, en una grave recesión, en una caída de los niveles de actividad y de los ingresos reales y en un aumento notorio del desempleo, la pobreza y la indigencia. Como si esto fuera poco, cuando el país perdió el acceso al financiamiento internacional, el Gobierno anterior solicitó el préstamo más grande de la historia del Fondo Monetario Internacional”.
Esa deuda debe pagarse de manera escalonada, pro con fuertes desembolso: primero unos 18 mil millones de dólares, después unos 19.186 millones para cancelarla, finalmente en 2024, con un desembolso de unos 4.900 millones.
Si bien prometió afrontar esos pagos, seguirá negociando con el FMI “en un marco de respeto” pero sin prisa porque la principal intención es “poner de pie a la producción y el trabajo” en un país donde la pobreza agudizada por la pandemia alcanza a más del 40 por ciento de la población.
El diálogo con el FMI es constructivo, dijo, y prometió que cualquier acuerdo antes pasará por el Congreso para su aprobación. Resaltó que no hay márgenes para más ajustes sobre la población.
La gestión de Fernández logró, en 2020, la reestructuración de su deuda con acreedores privados por unos 65.000 millones de dólares.

Pedidos al Congreso
El Presidente pidió al Congreso Nacional la sanción del proyecto de reforma del Impuesto a las Ganancias, que beneficiará a más de un millón de trabajadores, así como la aprobación de las modificaciones en el Poder Judicial y el Ministerio Público, y anunció el envío de un conjunto de iniciativas para mejorar el acceso a la justicia.
Además, pidió que se apruebe la reforma judicial sancionada por el Senado, y la modificación de la ley del Ministerio Público para designar el Procurador General de la Nación, y anunció un conjunto de proyectos sobre recurso extraordinario ante la Corte Suprema, juicios por jurados y Consejo de la Magistratura.

“Desdolarizar” los servicios
En su discurso, también dijo que enviará al Congreso un Proyecto de Ley que declarae la emergencia en los servicios públicos y regulados, que permita avanzar en la tarea de “desdolarizar” las tarifas y “adecuarlas a una economía que tiene sus ingresos en pesos”, para lograr tarifas “justas, razonables y asequibles” que permitan la sustentabilidad productiva y la justicia distributiva”, y con ello ponerle fin “al martirio” de tener que elegir “entre comer o pagar la luz y el gas”.

Lucha contra la violencia de género desde el Estado
Prometió la lucha contra la violencia de género como política de Estado en el marco de un “gran consenso” social y una reforma judicial que incluya la perspectiva de género para evitar que los femicidios “se consumen sin que muchos jueces y fiscales hagan lo necesario para impedirlos. Quiero proponerles que convirtamos a la lucha contra la violencia de género en una política de Estado y una política de la sociedad. Lo hicimos con ‘Memoria, verdad y justicia. Ahora vamos a hacerlo también con la intolerancia a estas violencias”, expresó.
Después enumeró las acciones en marcha para prevenir y acompañar situaciones de violencia, encuadradas dentro del Plan contra las Violencias por Motivos de Género 2020-2022 del Ministerio de las Mujeres, Géneros y Diversidad (MGyD), sin hablar de los resultados.

Críticas al Poder Judicial
Fernández también lanzó críticas al Poder Judicial que “está en crisis y parece vivir en los márgenes de la democracia”.
Esta reforma en sus más amplias dimensiones “es una demanda impostergable de la sociedad. Quisiera que en mis críticas al sistema judicial nadie vea rencor ni voluntad de favorecer a alguien”.
Y sin nombrarlo, aludió a Carlos Stornelli: en Argentina “hay un fiscal procesado por delitos severos como el espionaje ilegal o extorsión que sigue en funciones como si nada”.
En ese sentido pidió al Congreso que asuma el rol de “control” del Poder Judicial que le otorga la Constitución Nacional ante los “desvíos” en los que está incurriendo ese poder del Estado. Y recordó, también sin menciones de nombres, el caso del juez Gustavo Hornos y sus visitas al expresidente Mauricio Macri.

Derechos Humanos
Alberto Fernández destacó “la recuperación del rol del Estado en las políticas de Memoria, Verdad y Justicia” y señaló que en un año “se triplicaron las presentaciones como querellante” por parte de la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación. “El respeto a los derechos humanos es el pilar central de nuestra identidad como Nación”, afirmó.
Y se refirió al restablecimiento de la entrega del premio Azucena Villaflor de De Vincenti, “instituido en 2003 por el entonces presidente Néstor Kirchner”, destinado a reconocer a los ciudadanos o entidades que se hubieren destacado por su trayectoria cívica en defensa de los derechos humanos.