El Gobierno endureció los controles con más puestos fijos y cámaras de vigilancia. Desde lo administrativo buscan lograr la trazabilidad y los datos de los empresarios que están detrás de los contrabandos, para presentar denuncias civil y penal, indicaron.
Martes 8 de marzo de 2022 (Especial). El Gobierno de Misiones llevó adelante una serie de medidas para endurecer su lucha contra la evasión y elusión de las cargas de soja que llegan en camiones, de otras provincias, y tienen como destino el contrabando hacia Brasil, donde se ahorran de pagar el 33 por ciento del valor en dólares que son las retenciones, indicaron desde el Gobierno de Misiones.
En los últimos años, empresarios de Entre Ríos, Chaco, Santa Fe, Córdoba y Buenos Aires, montaron un mega negocio ilícito asociados con empresarios misioneros para usar nombres de terceros como supuestos compradores. Con esta argucia, hacen llegar el producto hasta Misiones y desde ahí lo sacan del país a través de la costa del río Uruguay sobre barcazas que se dirigen a Brasil.
A los investigadores les llama la atención que ninguna provincia detecte o frene los cargamentos que transponen miles de kilómetros antes de llegar a Misiones. Esta provincia, advierten, es la única que lleva adelante medidas para detener el delito. En la actualidad, la tonelada tiene un precio internacional cercano a los 600 dólares, con lo cual, los contrabandistas ahorran nada menos que 200 dólares de retenciones por cada tonelada que venden a Brasil. Cada camión puede transportar 30 toneladas (algunos traen 40 o hasta 50 toneladas, con lo cual, una sola carga a 600 dólares significa una ganancia de entre 18.000 y 30.000 dólares). Si estas ventas cumplieran el circuito legal a través de los puertos deberían pagar 33 por ciento de retenciones, advierten.
Los controles de la Agencia Tributaria de Misiones en las rutas Nacional 12 y Nacional 14 detectaron miles de cargas en los últimos años, mientras los evasores encuentran más alternativas, falsificando documentos a nombre de terceros o de empresas fantasmas que se convierten en fachadas que intentan legalizar la compra de granos, aunque siempre con la misma intención: contrabandear a Brasil.
La manera de operar es conocida: ingresan por pasos alternativos, caminos de tierra sin controles y por la madrugada. La Policía de Misiones cuenta con numerosos procedimientos donde frenaron el ingreso de las cargas ilegales. La evasión, la elusión y el contrabando son delitos que abren rutas y vías de ingreso para otros delincuentes y otro tipo de sustancias como la droga, aseguran, sobre la base en la que opera el crimen organizado del mundo, iniciado casi siempre con el delito de evasión y contrabando, para después incorporar al narcotráfico.
Admiten desde el Gobierno de Misiones que la preocupación se centra en evitar que estos delitos sigan ese camino de evolución y por lo tanto investigan para detectar a los empresarios de Misiones y otras provincias que llevan adelante estas maniobras.
Un vocero oficial asegura que cuentan con varios nombres y direcciones y que el cuerpo legal del Estado prepara las pruebas para formular as denuncias por evasión y elusión de impuestos, asociación ilícita, sobornos, daños materiales al romper las rutas misioneras con camiones cargados por encima de la capacidad de toneladas y los riesgos que representan para la seguridad de la Policía y los vecinos de la costa del río Uruguay, entre otros.
Vialidad, Rentas y la Policía colocaron en los últimos días nuevos puestos de control con cámaras de seguridad y personal presente las 24 horas en las rutas internas de Misiones para captar los camiones que hayan cruzado los controles en el ingreso a la provincia. También hay cuerpos de vigilancia en la costa del río Uruguay, donde trabajan con la Prefectura que opera bajo indicaciones de la justicia federal.
En el aspecto administrativo aseguran que la ATM llevó adelante dos medidas concretas en las últimas semanas: la exigencia del formulario F150 que el que buscan la trazabilidad de la carga con datos del origen, transporte, propietario y finalidad; y la aplicación de un tratamiento impositivo diferencial sobre el producto. Esta medida –aseguran- no afecta a las demás oleaginosas cuyo tratamiento tributario continuará siendo el vigente ni tendrá impacto económico en la canasta básica alimentaria de los ciudadanos ni en los insumos necesarios para la producción local ya que no implica una suba de la carga impositiva de ninguna actividad comercial, productiva y turística, aseguraron desde el Gobierno.
Misiones llegó a esta decisión luego de corroborar irregularidades tanto en la documentación vinculada al transporte de la mercadería como en la registración y demás deberes tributarios de los que se declaran propietarios, haciendo engorrosa la determinación de las obligaciones fiscales y el control de la regularidad de la actividad. Esta circunstancia atenta contra toda la actividad económica de la Provincia y somete a una competencia desleal a los contribuyentes misioneros que se inscriben debidamente y tributan en tiempo y forma cumpliendo con las normativas vigentes, indicaron.
En ese sentido, Misiones anticipó que continuará concentrando esfuerzos para profundizar el contralor y encarar modificaciones a la normativa reglamentaria que posibiliten controlar con más eficiencia la evasión y elusión fiscal existente en el sector, brindando mayor seguridad y garantizando la competencia leal en los intercambios comerciales que se realicen en el territorio, insistieron.
Tratamiento impositivo diferenciado para la soja

(Especial para Misiones Plural). A raíz del elevado riesgo tributario que representa el ingreso de soja a Misiones, proveniente de otras provincias, producto de las numerosas irregularidades detectadas en los procedimientos realizados sobre este producto por la Agencia Tributaria, el Gobierno dará un tratamiento impositivo diferencial a su comercialización y al acopio. Mediante la resolución 139/22 del Ministerio de Hacienda, Finanzas, Obras y Servicios Públicos, publicada en el Boletín Oficial, el Gobierno determinó específicamente para la venta al por mayor de soja (5%) y al acopio, acondicionamiento y venta al por mayor en comisión o consignación de soja (12%).
Esta medida no afecta a las demás oleaginosas, cuyo tratamiento tributario continuará siendo el vigente y no colisiona con los compromisos asumidos por la Provincia con la Nación en el marco del Consenso Fiscal 2021. Además, se complementa con la Resolución publicada el 9 de febrero en el Boletín Oficial de la Provincia mediante la cual se exige el Formulario SF150/A a todo el traslado de granos, buscando evitar que se ocupen nombres o se realicen compras a nombre de terceros. La medida tampoco tendrá impacto económico en la canasta básica alimentaria de los ciudadanos ni en los insumos necesarios para la producción local ya que no implica una suba de la carga impositiva de ninguna actividad comercial, productiva y turística en la Provincia.
Misiones llegó a esta decisión luego corroborar permanentes irregularidades, tanto en la documentación vinculada al transporte de la mercadería como en la registración y demás deberes tributarios de los que se declaran propietarios, haciendo engorrosa la determinación de las obligaciones fiscales y el control de la regularidad de la actividad. Esta circunstancia atenta contra toda la actividad económica de la Provincia y somete a una competencia desleal a los contribuyentes misioneros que se inscriben debidamente y tributan en tiempo y forma cumpliendo con las normativas vigentes.
Por eso –explicaron- el Ministerio de Hacienda, Finanzas, Obras y Servicios Públicos y la ATM, continuará concentrando esfuerzos para profundizar el contralor y encarar modificaciones a la normativa reglamentaria que posibiliten controlar con más eficiencia la evasión y elusión fiscal existente en el sector, brindando mayor seguridad y garantizando la competencia leal en los intercambios comerciales que se realicen en la Provincia. Pretenden con esta modificación alcanzar un desarrollo económico igualitario para todos los eslabones de la actividad productiva y comercial. Asimismo, se enmarca en lo dispuesto por el Artículo 71 de la Constitución de la Provincia que establece que el régimen tributario se estructurará sobre las bases de la función económico-social de los impuestos y contribuciones. La igualdad, proporcionalidad y progresividad constituyen la base de los impuestos y de las cargas públicas, señalaron.
Epígrafe: fotografías temáticas tomadas de Internet.