Misiones debe frenar otro golpe a la circulación interna y reclamar una compensación por 30 años de desigualdad: los correntinos pueden recorrer su provincia prácticamente sin pagar mientras que Posadas está cercada. La nueva casilla está proyectada para la zona de Puerto Rico o Garuhapé, según el proyecto.
Por Raúl Puentes
Jueves 20 de agosto de 2026. La pretensión del Gobierno nacional de instalar una nueva estación de peaje sobre la Ruta Nacional 12, en inmediaciones de Puerto Rico, vuelve a poner sobre la mesa una desigualdad que Misiones arrastra desde la década del 90. La discusión excede el valor de la tarifa o las obras que Nación prometa realizar a cambio del cobro: Misiones soporta desde hace más de tres décadas un sistema que convierte el desplazamiento por su principal corredor vial en un costo para sus habitantes, mientras la distribución de las estaciones en Corrientes produce otra situación sobre la circulación interna.
La diferencia se comprueba sobre el mapa y en la vida cotidiana. En el recorrido troncal de la ruta Nacional 12 entre Resistencia, Chaco, y Puerto Iguazú, los correntinos tienen liberada de peajes buena parte de la circulación interna por su provincia. Quien sale de la capital correntina hacia Ituzaingó y recorre la Ruta 12 hasta el kilómetro 1262, después de la última ciudad sobre esa vía, circula sin pagar. Solo abona si toma la Ruta 12 hacia el sur, en Riachuelo, kilómetro 1014, o si ingresa a Chaco o Misiones.
En Misiones ocurre lo contrario. Quien llega a Posadas desde otras zonas del país debe atravesar una estación de peaje, y quien sale de la capital para recorrer la provincia también encuentra barreras: Fachinal, sobre la ruta Nacional 105; Santa Ana, en el kilómetro 1375; y Colonia Victoria, en el kilómetro 1551, sobre la Ruta 12.
El problema no reside en la existencia de peajes en Corrientes, sino en su distribución territorial. Corrientes preservó una circulación interna más amplia sin barreras de cobro, mientras Misiones tiene estaciones instaladas sobre los ejes que articulan el desplazamiento entre sus propias localidades.
En Misiones, buena parte de la actividad económica, productiva, turística y social se concentra sobre la Ruta 12. Posadas, Jardín América, Puerto Rico, Montecarlo, Eldorado y Puerto Iguazú dependen de ese corredor para producción, comercio, educación, salud y trabajo. El peaje, en ese contexto, forma parte de la movilidad cotidiana.
El propio Estado nacional reconoce que la Ruta 12 en Misiones constituye un corredor estratégico para la conectividad y el desarrollo productivo, con circulación de particulares, cargas y ómnibus y una función central para vincular las actividades provinciales con Posadas, Puerto Iguazú y los pasos internacionales. Esa caracterización exige evaluar el impacto de una nueva barrera y revisar la desigualdad histórica.
La peajización
La historia efectiva del sistema comienza en 1990, cuando el Gobierno nacional avanzó con la concesión de corredores viales bajo el régimen de obra pública por peaje e incluyó la Ruta Nacional 12. El entonces Corredor Vial 13 quedó a cargo del Consorcio Virgen de Itatí y las estaciones de Riachuelo, Ituzaingó, Santa Ana y Colonia Victoria formaron parte de aquella estructura. Después hubo modificaciones y sucesivas concesiones, pero la distribución territorial se mantuvo.
El presidente era Carlos Menem y los gobernadores, Julio Humada en Misiones y Ricardo Guillermo Leconte en Corrientes.
En 1994, durante la gobernación de Ramón Puerta, Misiones suscribió un convenio con la Secretaría de Obras Públicas y la concesionaria Virgen de Itatí sobre las condiciones tarifarias de las estaciones misioneras. El antecedente demuestra que el impacto del peaje ya constituía una cuestión de interés institucional. Queda por reconstruir qué planteó cada provincia al diseñarse el sistema y por qué Nación adoptó una distribución con efectos diferentes sobre la circulación interna.
La desigualdad actual no puede presentarse como una consecuencia inevitable de la geografía. La ubicación de una estación constituye una decisión administrativa, económica y política: el Estado decide dónde cobra, cuánto cobra, durante cuánto tiempo y qué obras utiliza como fundamento. Si esas decisiones generan una carga mayor durante décadas, corresponde revisar sus fundamentos.
Ahora Nación pretende agregar una nueva estación en Puerto Rico. La incorporación forma parte de la Etapa III de la Red Federal de Concesiones y se suma a Santa Ana y Colonia Victoria dentro del recorrido misionero de la Ruta 12. El nuevo esquema contempla además la incorporación de Fachinal (que està en funcionamiento desde hace varios años, pero ahora como peaje nacional), sobre la ruta Nacional 105.
Puerto Rico merece un rechazo específico por su ubicación. La Ruta 12 funciona allí como infraestructura de circulación cotidiana entre localidades estrechamente vinculadas. Para un vecino que deba trasladarse con frecuencia hacia Jardín América, Capioví, Montecarlo, Garuhapé, Posadas u otras localidades, la tarifa pasa a formar parte de sus gastos habituales. El mismo efecto alcanza a trabajadores, productores, comerciantes, prestadores de servicios y transportistas que utilizan la ruta como herramienta de trabajo.
Nación debe explicar qué criterio utilizó para elegir Puerto Rico y qué beneficio concreto recibirán sus habitantes a cambio de la nueva tarifa. La Ley 17.520 habilita las concesiones de obra pública mediante peaje, pero vincula el régimen tarifario con el valor económico del servicio, la explotación de la infraestructura y la ecuación económico-financiera de la concesión. La facultad legal para cobrar exige justificar la tarifa, la ubicación de la estación, las inversiones comprometidas y la relación entre el costo para el usuario y el servicio recibido.
Si el peaje financiará mantenimiento, obras y servicios, Nación debe informar cuánto recaudará, qué inversiones financiará, cuál será el tránsito proyectado, el costo de explotación, la rentabilidad prevista y el plazo del cobro.
Y dale con Corrientes
La comparación con Corrientes no afirma que los correntinos carezcan de peajes. Los tienen. El punto está en que la distribución de las estaciones sobre la Ruta 12 produjo un margen de circulación interna diferente, mientras Santa Ana y Colonia Victoria gravan desplazamientos dentro de Misiones.
Desde Posadas, quien sale hacia el centro o norte debe considerar Colonia Victoria; hacia el sur encuentra Santa Ana. La carretera que articula la integración provincial queda atravesada por barreras económicas.
Eso es lo que Misiones debe discutir con Nación: no la existencia abstracta del peaje, sino la distribución de las cargas que genera. La igualdad no exige que todas las provincias tengan el mismo número de estaciones ni idénticas tarifas. Exige que las diferencias tengan una explicación objetiva y razonable y que el Estado pueda demostrar por qué una población soporta determinada carga mientras otra recibe un tratamiento diferente.
La Constitución Nacional establece la igualdad ante la ley y señala que la igualdad constituye la base de las cargas públicas. También encomienda al Congreso equilibrar el desigual desarrollo relativo de provincias y regiones. El principio adquiere especial relevancia en una provincia periférica y fronteriza cuya economía depende del transporte carretero.
El peaje además genera un efecto que excede al conductor. Cada paso de un camión, una camioneta comercial o un vehículo productivo incorpora un costo al transporte que se traslada a productos y servicios, reduce márgenes y afecta a las actividades con desplazamientos frecuentes. En una provincia alejada de los grandes centros de consumo, cada nuevo costo logístico tiene efecto multiplicador.
Si Nación mantiene un esquema que impone a los misioneros un costo particular por circular dentro de su territorio, Misiones tiene razones para exigir una compensación. Puede adoptar la forma de tarifas diferenciales para residentes, pases para usuarios frecuentes, descuentos para trabajadores y actividades productivas, exenciones en determinados desplazamientos intraprovinciales o inversiones adicionales destinadas a equilibrar el impacto territorial.
También corresponde discutir la historia económica de las concesiones. Nación debe informar cuánto recaudaron durante más de tres décadas Santa Ana y Colonia Victoria, cuánto costaron las obras y el mantenimiento, qué inversiones se ejecutaron en Misiones y cuál fue la rentabilidad obtenida por las sucesivas concesiones. Sin esos datos resulta imposible determinar si la población misionera recibió una contraprestación razonable por los recursos generados mediante los peajes. Teléfono para legisladores y sus pedidos de informes.
El Concejo Deliberante de Puerto Rico podría exigir la suspensión de la instalación hasta que Nación entregue los estudios técnicos, económicos y territoriales que fundamentan su ubicación y evalúe su impacto sobre habitantes y actividades económicas de la zona. La Cámara de Representantes de Misiones podría reclamar una revisión integral del sistema de peajes, mientras los legisladores nacionales podrían solicitar los expedientes originales que permitan reconstruir cómo se decidió la distribución de las estaciones durante la década del 90.
Ese pedido permitirá establecer quién defendió los intereses de cada provincia cuando se diseñó el sistema y qué respuestas recibió. Si Corrientes preservó circuitos de circulación interna, Misiones debe conocer por qué no obtuvo una solución equivalente; si existieron reclamos, qué respondió Nación; y si no existieron, quién aceptó un esquema que hoy perjudica a la población.
Treinta y cinco años constituyen tiempo suficiente para revisar una política pública. Una concesión vial no puede convertirse en una herencia perpetua que condene a una provincia a pagar por circular dentro de su territorio.
Por eso el rechazo al peaje de Puerto Rico debe incorporar una segunda demanda: si Nación pretende conservar las estaciones que afectan la circulación interna de Misiones, debe establecer un mecanismo de compensación que reconozca esa carga histórica y reduzca su impacto sobre quienes utilizan habitualmente la Ruta 12.
Misiones no pide que Nación abandone la Ruta 12 ni que deje de invertir en ella. Reclama que la infraestructura nacional se administre con criterios de federalismo, razonabilidad y equilibrio territorial. Una ruta que integra al país no puede convertirse en una barrera económica permanente para los habitantes del territorio que atraviesa.
El nuevo peaje de Puerto Rico debe frenarse porque profundiza una desigualdad que Misiones arrastra desde los años 90 y porque Nación todavía debe demostrar que esa estación resulta necesaria, razonable y compatible con la realidad económica y territorial de la provincia.
Después de más de tres décadas, el debate excede cuánto costará atravesar una cabina: Misiones debe explicar por qué sigue pagando para circular dentro de su territorio, por qué soporta una carga territorial diferente de Corrientes y qué reparación corresponde. La respuesta institucional debería ser clara: antes de agregar el peaje de Puerto Rico, Nación debe revisar el sistema, demostrar su necesidad y discutir con Misiones una compensación por esta carga histórica.
