El proyecto crea el Impuesto a las Transferencias Internacionales de Capital, con una alícuota general del 3% y un adicional de 2% para operaciones con destino a jurisdicciones de baja o nula tributación. Sus autores estiman una recaudación mínima de 2,89 billones de pesos y plantean distribuirla entre gobiernos subnacionales, salud, educación, jubilaciones y PAMI.
Miércoles 23 de septiembre de 2026. El diputado nacional Máximo Kirchner presentó en la Cámara de Diputados un proyecto de ley para crear el Impuesto a las Transferencias Internacionales de Capital (ITIC), un nuevo gravamen que alcanzaría determinadas operaciones que impliquen la salida efectiva de capitales de la Argentina.
La iniciativa establece una alícuota general del 3% sobre las operaciones alcanzadas. Cuando los fondos tengan como destino una jurisdicción de baja o nula tributación o un país considerado no cooperante, el proyecto agrega un 2% adicional. En esos casos, la carga tributaria llegaría al 5%.
El alcance incluye operaciones realizadas mediante divisas, valores negociables y activos virtuales, tanto de manera directa como indirecta. Entre los sujetos contemplados aparecen personas humanas y jurídicas, sucesiones indivisas, fideicomisos, trusts, fundaciones y estructuras similares, de acuerdo con la descripción difundida sobre la iniciativa.
El proyecto diferencia la transferencia efectiva de capital al exterior de la tenencia de activos dentro del país. Según sus impulsores, el ITIC no alcanzaría los ahorros que permanezcan en la Argentina, la tenencia de dólares en cuentas locales ni la compra de dólares, bonos, Cedears o fondos cuando los activos permanezcan en el país. También contempla exclusiones para importaciones genuinas, documentadas y trazables, además de determinadas operaciones vinculadas con salud, educación e inversiones productivas.
La recaudación y el destino de los fondos
Los autores del proyecto calculan una recaudación mínima potencial de 2,89 billones de pesos. Esa cifra surge de las estimaciones incluidas en la presentación de la iniciativa y, por lo tanto, no constituye una recaudación garantizada. Kirchner sostiene que el monto equivaldría a unas diez veces los recursos que la Nación transfirió a las provincias en 2025 en concepto de transferencias de capital.
El proyecto fija una asignación específica para los recursos. El 60% se distribuiría entre provincias y municipios para financiar infraestructura sanitaria, educativa y hospitalaria, viviendas y obras viales, además de recomposición salarial en salud y educación.
El 40% restante se repartiría en partes iguales: 10% para salud y discapacidad, 10% para educación, 10% para jubilaciones y pensiones y 10% para medicamentos y atención médica del PAMI.
Si la estimación de 2,89 billones de pesos se concretara, el esquema previsto implicaría aproximadamente 1,734 billones para provincias y municipios y unos 289.000 millones de pesos para cada uno de los cuatro destinos restantes. Se trata de una conversión matemática sobre la estimación de los autores, no de una proyección independiente de recaudación.
El argumento fiscal
Kirchner fundamenta la iniciativa en la reducción de los recursos que reciben las jurisdicciones subnacionales. Los fundamentos del proyecto sostienen que entre 2023 y 2025 las transferencias automáticas de la Nación a provincias y municipios cayeron 8,4% en términos reales, mientras que las transferencias no automáticas disminuyeron 72,8%.
La Oficina de Presupuesto del Congreso mantiene informes periódicos sobre la evolución de las transferencias automáticas y no automáticas a provincias y municipios. El organismo publicó información correspondiente a 2025 y también al primer semestre de 2026, lo que permite seguir la evolución de esos recursos con una metodología independiente de la utilizada por los autores del proyecto.
El dato del 8,4% y el 72,8% debe atribuirse, por ahora, a los fundamentos de la iniciativa. Las categorías de transferencias y el período de comparación requieren considerar la metodología utilizada para construir la serie, porque las transferencias automáticas y no automáticas responden a mecanismos fiscales diferentes.
Un nuevo debate sobre la salida de capitales
Los impulsores del ITIC presentan la iniciativa como una herramienta de financiamiento federal frente a la reducción de recursos destinados a las provincias. En los fundamentos sostienen que determinadas transferencias de capital al exterior que no generan inversión, empleo o valor agregado dentro de la Argentina reducen la capacidad de financiamiento de la economía.
La propuesta toma como referencia el Imposto sobre Operações Financeiras (IOF) de Brasil, aunque el esquema brasileño abarca distintas operaciones financieras y no resulta idéntico al impuesto planteado en la Argentina. También recupera como antecedente nacional el Aporte Solidario y Extraordinario aprobado en 2020, aunque ambos tributos tienen objetos diferentes: aquel gravó determinados patrimonios y el ITIC se concentraría en operaciones de transferencia de capital al exterior.
La administración del nuevo impuesto quedaría bajo la órbita de la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA), con intervención del Banco Central y de la Comisión Nacional de Valores en sus respectivas áreas y asistencia técnica de la Unidad de Información Financiera, según la descripción publicada sobre el proyecto.
El proyecto lleva las firmas de Máximo Kirchner y de los diputados de Unión por la Patria Carlos Castagneto, María Teresa García, Itai Hagman, Mario Manrique, Sergio Palazzo y Julia Strada.
Ahora comienza el recorrido legislativo
El ITIC todavía es una propuesta legislativa. Para convertirse en ley deberá atravesar el tratamiento en las comisiones correspondientes de la Cámara de Diputados y, eventualmente, obtener aprobación de ambas cámaras del Congreso y la promulgación presidencial.
El debate se incorpora así a una discusión más amplia sobre federalismo fiscal, recursos provinciales, política tributaria y salida de capitales. Su impacto concreto dependerá tanto de la aprobación del proyecto como de la reglamentación que eventualmente establezca el Poder Ejecutivo y del comportamiento de las operaciones alcanzadas.
La iniciativa de Kirchner plantea una alternativa de financiamiento con asignaciones específicas para provincias y áreas sociales. La estimación de 2,89 billones de pesos y los efectos económicos que tendría el nuevo gravamen corresponden a los cálculos y argumentos de sus autores y todavía no constituyen resultados fiscales comprobados.
