El resultado del domingo puede cambiar mucho más que la Presidencia de Brasil. El autor de esta nota de opinión, Fernando Esteche, sostiene que el avance de la derecha en el Senado y los gobiernos estaduales, sumado a la expansión de su estructura territorial y digital y a sus vínculos con Washington, aceleró un reordenamiento político que condicionará al país incluso si Lula logra ganar el balotaje del 25 de octubre.

Por Fernando Esteche*

Análisis preliminar de la primera vuelta del 4 de octubre de 2026

I
Flávio Bolsonaro terminó primero. Con todas las secciones totalizadas sacó 56,1 millones de votos, el 47,03 por ciento de los válidos, y Lula da Silva quedó con 53,9 millones, el 45,16. Son 2,2 millones de votos de diferencia en un país de 158 millones de electores. Las encuestas, tal como las elecciones anteriores, sostenían lo contrario hasta el sábado.
Leer este resultado sólo como un episodio más del péndulo electoral latinoamericano sería un error de escala. Lo que se movió el domingo en Brasil es una pieza del reordenamiento hemisférico que Washington viene ejecutando desde que Trump volvió a la Casa Blanca, la recuperación del continente como retaguardia propia en la disputa con China. Ese proceso tenía en Brasil su obstáculo mayor. La primera vuelta no inauguró nada. Pudo, en cambio, acelerar inercias de redespliegue que ya estaban en marcha y que ahora encuentran un Estado brasileño dispuesto, o a punto de estarlo, a acompañarlas.

II
El voto presidencial fue la parte menos contundente de la noche aunque se haya llevado las luces. Por debajo de la fórmula la derecha ganó casi todo lo que importaba. Tarcísio de Freitas retuvo São Paulo con más del 60 por ciento. En Minas Gerais ganó en primera vuelta Cleitinho Azevedo. Nikolas Ferreira superó los dos millones de votos y es el diputado federal más votado de la historia del país. El partido de Bolsonaro PL se quedó por sí solo con 19 de las 54 bancas del Senado en disputa, y la derecha en su conjunto con una mayoría holgada de las renovadas.
Dos nombres sintetizan el carácter de esa victoria. Sergio Moro, el juez que condenó a Lula en la operación Lava Jato en un proceso que el propio Supremo después anuló por parcialidad, será gobernador de Paraná. Luciano Zucco, teniente coronel del Ejército, fue electo gobernador de Rio Grande do Sul con casi el 58 por ciento. Zucco presidió en 2023 la comisión parlamentaria de investigación contra el Movimiento de los Trabajadores Rurales Sin Tierra, armada para criminalizar al MST y a sus ocupaciones, y construyó su carrera sobre esa cruzada. Que el principal estado del sur quede en manos de quien convirtió la persecución del movimiento campesino más grande del continente en programa de gobierno pesa. Deltan Dallagnol, el fiscal de la misma Lava Jato, entró al Senado por Paraná con la candidatura todavía bajo revisión judicial.
Con ellos vuelve al poder, ahora por el voto, el elenco del lawfare, y vuelve con una agenda explícita sobre el poder judicial. Solo el Senado puede juzgar y destituir a ministros del Supremo, con 54 votos sobre 81, y la derecha priorizó esa cámara con un objetivo que nunca ocultó. En febrero, desde Mar-a-Lago, Eduardo Bolsonaro se dirigió al juez Alexandre de Moraes en público para decirle que había metido preso a su padre y que iban a ganar con Flávio para sacarlo de la Corte. Moraes ya carga con sanciones del Tesoro estadounidense. La mayoría senatorial le agrega la amenaza interna, y abre además el camino a una amnistía para Jair Bolsonaro y los condenados por la trama golpista. La pinza sobre la corte que juzgó el golpe se cierra desde Washington y desde Brasilia a la vez, y no depende de quién gane el 25.

III
Una parte decisiva de esa ola se apoyó en el voto evangélico. Los evangélicos ya son más de un cuarto de la población brasileña según el último censo, concentrados en las periferias y entre las mujeres de sectores populares, y en septiembre la Genial/Quaest medía a Flávio con el 48 por ciento en ese segmento contra 33 de Lula. Flávio faltó al primer debate presidencial y usó ese horario para prometer que decretaría que Brasil pertenece a Jesucristo. La campaña tuvo además su frente católico, con publicaciones falsas sobre Nuestra Señora Aparecida que obligaron a intervenir al tribunal electoral, y Flávio ganó con el 58 por ciento en la misma ciudad del santuario.
Pablo Semán viene mostrando hace años que el pentecostalismo debe ser considerado y abordado como algo mucho más complejo que una iglesia impuesta; es una forma popular de organizar la vida en barrios donde el Estado no llega y donde el trabajo estable desapareció, y que de ahí saca su capacidad política. La derecha brasileña tiene en las iglesias una infraestructura territorial permanente, que funciona entre elecciones y que ninguna fuerza progresista tiene.

IV
La otra infraestructura es la pantalla. Meta calcula 197 millones de usuarios de WhatsApp en Brasil, más que electores, con la aplicación instalada en el 99 por ciento de los teléfonos. La conversación política de la mayoría ocurre en grupos cerrados de familia, de iglesia, de barrio y de trabajo, fuera del alcance de cualquier control. A diez días de la votación Meta desactivó sin explicaciones los anuncios de Lula. El Observatorio Lupa documentó una campaña coordinada, mayormente desde cuentas argentinas, que instaló la mentira de una ola de inmigrantes marroquíes en Santa Catarina provocada por el gobierno, con fotos tomadas en Ceuta, y que llegó a casi medio millón de visualizaciones. Polymarket, bloqueada en Brasil desde abril y socia propietaria de X, fue convertida en noticia por cuentas extranjeras pagas que anunciaban el ascenso de Flávio en las apuestas como si fuera una encuesta. La noche de la elección le daba un 62,9 por ciento de probabilidad de ganar.
Meta, X y Polymarket tienen sede en Estados Unidos, responden a su legislación y a sus dueños, y varios de esos dueños están sentados en el entorno de Trump. Tratarlas como plataformas neutrales es un error que la izquierda brasileña ya pagó en 2018.

V
El centro de gravedad de la operación está en el ecosistema de Florida-Miami. Ahí confluyen la política exterior de Marco Rubio, el entorno de la familia Trump, las estructuras del exilio cubano y de la oposición venezolana instalada en Doral, y una capa de operadores latinos que trabajan entre unos y otros. Rubio es el pivote. Hijo de esa Miami cubana, convirtió el Departamento de Estado en la oficina de una política hemisférica que hasta hace poco era la agenda de un lobby, y desde ahí apoyó públicamente a Flávio.
Cerimedo es la bisagra entre ese poder político y la técnica electoral. El consultor argentino que difundió en 2022 la versión del fraude contra Lula representa en América Latina las herramientas de Brad Parscale, el exjefe de campaña de Trump, que miden en tiempo real el humor de los electores y orientan mensajes y presupuesto. En la gala hispana de Mar-a-Lago, en febrero, Eduardo Bolsonaro le entregó el premio de consultor del año, y Cerimedo agradeció a Parscale por la tecnología y al petrolero texano Tim Dunn, gran financista del conservadurismo religioso, por su trabajo en la región. El organizador de esa gala, el empresario de medios español Javier Negre, controla junto con socios una red de portales y perfiles que funcionó como amplificador de la candidatura de Flávio, entre ellos una empresa registrada en Florida que se presenta como impulsada por Polymarket, plataforma en la que invirtió el fondo de Donald Trump Jr.
Ese tándem ya había operado en otras elecciones del continente. Pasó por la campaña de Milei en 2023, por Chile, por la Honduras de Nasry Asfura, donde aparecen también Parscale y Roger Stone, y por la segunda vuelta boliviana que llevó a Paz al gobierno. En Colombia hay denuncias abiertas sobre su papel en la campaña de Abelardo de la Espriella. Cerimedo está preso en Bolivia desde agosto, acusado de ordenar el intento de asesinato de su expareja, y en un departamento suyo de La Paz se secuestró una granja de bots.
Los documentos disponibles mientras la Policía Federal todavía investiga, muestran un ecosistema con domicilio en Florida, rango FARA, financiamiento propio, tecnología electoral de punta y acceso directo al Departamento de Estado, que trabajó a la vista para instalar al candidato.

VI
El 21,07 por ciento del padrón no fue a votar, más de 33 millones de personas. Es la cifra más alta desde 1998, cuando la ausencia llegó al 21,49, pero no es una anomalía de esta elección. La abstención en primera vuelta fue del 16,75 por ciento en 2006 y desde entonces subió en cada presidencial, con un 19,4 en 2014, un 20,33 en 2018 y un 20,95 en 2022. Desde 2018 se estabilizó en torno a un quinto del electorado con un crecimiento lento. Hay que tomarla como un dato estructural.
Esa estabilidad desarma la lectura del voto de protesta. Quien protesta elige, aunque sea en contra. Lo que muestran los datos es otra cosa, un contingente que ya no se siente parte de la comunidad política. La mayor diferencia en el comparecimiento la marca la escolaridad. La ausencia crece entre los adultos jóvenes y se concentra en los sectores de menores ingresos, en un país donde el voto es obligatorio y faltar tiene costo. Son en buena medida trabajadores informales y jóvenes que nunca entraron al empleo registrado ni a la vida sindical, endeudados, para los que la política no tiene traducción en la vida cotidiana. Es un proceso de desciudadanización, la erosión de la condición de ciudadano en una sociedad que integra por el consumo y el crédito y expulsa por la precariedad. Son los proscriptos por una operación que pretende carecer de politicidad por estructural y de base económica, pero que son producto de políticas continuadas sobre gestión de la pobreza.
Para la izquierda el dato es más grave que una derrota. Esa franja era su base histórica y hoy no vota, o vota sin pertenencia. Sumada a los 6 millones de votos blancos y nulos, la desciudadanización deja fuera de la elección a casi 40 millones de brasileños, veinte veces la diferencia entre los dos candidatos. Si se pretende buscar ahí una asistencia para modificar la brecha entre las dos candidaturas se cometerá un grosero error.

VII
Lo que está en juego para Washington se entiende mirando la estructura del comercio brasileño. China compra alrededor del 28 por ciento de todo lo que Brasil exporta, casi el triple que Estados Unidos. Se lleva cerca de tres cuartas partes de la soja brasileña y dos tercios de las exportaciones de minerales, con el hierro a la cabeza. Del otro lado, Brasil le provee a China el 73 por ciento de toda la soja que importa. Mientras tanto, Estados Unidos tuvo en 2025 un superávit de más de 33 mil millones de dólares con Brasil en bienes y servicios. Los aranceles que Trump impuso a un país con el que gana dinero no tenían lógica comercial. Eran instrumentos de presión política.
El agronegocio y la minería, que en buena medida financian y votan a la derecha, viven de China. Y sin embargo la derecha que los representa promete alinearse con Washington. Un gobierno de Flávio no rompería con Pekín, porque no podría. Lo que puede hacer es reorientar los márgenes, que es donde se juega el futuro. Las tierras raras y los minerales críticos, que Flávio ofreció en la CPAC de Texas como la solución a la dependencia estadounidense de China. Las inversiones en infraestructura y puertos. La cooperación tecnológica. Y la política dentro del BRICS, donde Brasil puede pasar de impulsar el comercio en monedas locales y el banco del bloque a frenarlos desde adentro. Un BRICS con Brasil en esa posición conserva el nombre, pero pierde su ancla sudamericana. Sería un rol en el sur global como el de Emiratos en los BRICS con otro volumen económico.
En seguridad la agenda está todavía más avanzada. La designación del Primeiro Comando da Capital y el Comando Vermelho como organizaciones terroristas, que el Departamento de Estado decidió dos días después de que Flávio se la pidiera a Trump, convierte el crimen organizado en llave de entrada para la cooperación militar y de inteligencia. Con un gobierno dispuesto, Brasil puede sumarse al Escudo de las Américas, y eso cambiaría la ecuación del Atlántico Sur. Hoy Argentina ya ensaya patrullajes navales conjuntos con Estados Unidos. Un Brasil alineado vaciaría la Zona de Paz y Cooperación que él mismo promovió durante décadas y dejaría el corredor entre la costa sudamericana y África abierto a la presencia estadounidense, con las Malvinas en manos británicas como base ya instalada.
Las piezas del redespliegue estaban todas sobre la mesa antes del domingo, la coerción arancelaria, la narcotización de la agenda de seguridad, la presión sobre la corte, la disputa por los minerales, la alianza militar hemisférica. Lo que faltaba era un Estado brasileño que dejara de resistirlas. La primera vuelta no lo entregó todavía, pero le dio a la derecha el Senado y los principales gobiernos estaduales. La iniciativa política cambió de manos. Aun si Lula gana el balotaje, va a gobernar contra esa estructura y con un margen de maniobra externo e interno mucho menor.

VIII
Lula tiene tres semanas. Necesitaría devolverle algún sentido al voto de quienes dejaron de sentirse convocados, y eso no se logra con la denuncia de la injerencia, que es real pero no le habla a quien vive endeudado. Washington también tiene tres semanas, y aranceles guardados que Flávio pidió postergar para no favorecer al gobierno.

Fernando Esteche* es dirigente del Encuentro Patriótico; doctor en Comunicación Social (FPyCS-UNLP) y director de PIA Global.