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Las organizaciones vinculadas a derechos humanos pueden postular candidatos desde el 23 de junio hasta el 28 de julio, de los cuales serán seleccionados tres. Además, el órgano será conformado por dos representantes del Poder Legislativo y uno del Ejecutivo. El reglamento, cronograma y formulario de inscripción pueden descargarse desde el sitio de la Cámara de Representantes: diputadosmisiones

Las inscripciones se realizan en la Comisión de Asuntos Constitucionales y Derechos Humanos, en el edificio central de la Cámara, en Constituyentes Provinciales 1980, ciudad de Posadas, en el horario de 8 a 12. Las consultas se pueden efectuar telefónicamente a la línea (0376) 4446900 interno 2468.
La apertura del registro de postulantes fue realizada esta mañana por el vicepresidente de la Legislatura provincial, Orlando Franco; la presidente ad hoc de la Comisión Provincial de Prevención de la Tortura, Rita Núñez; el secretario ejecutivo de la Comisión, Eduardo Scherer; y la diputada María Losada.
Los requisitos para la inscripción son: tener experiencia en la temática, integridad ética y moral, que el postulante no haya participado en ninguno de los gobiernos de facto y acreditar trabajo con personas en contextos de encierro.
Franco dijo que “la tortura es una violación a los derechos fundamentales de las personas, porque afecta a su dignidad, cuerpo y familia”.
Y consideró que se está “dando un paso importante en la prevención de la tortura y del maltrato en todo el ámbito provincial; esto intensifica la apertura de la Cámara de Representantes a la sociedad, fundamentalmente en todo lo que tenga que ver con los Derechos Humanos”, expresó.
Núñez, explicó que el proceso de inscripción dura quince días hábiles, que se cuentan a partir del jueves 23 de junio.
“Luego la Comisión de Asuntos Constitucionales armará una lista de las personas que estarían en condiciones de participar, que se publicará en el Boletín Oficial, y realizará una selección para llevar al pleno una propuesta de tres miembros definitivos que integrarían la comisión”, precisó.
Losada se refirió al hecho de que “en las cárceles argentinas hay más procesados que condenados, esa es una deuda que tiene el Poder Judicial con la sociedad, tanto con la víctima como con aquel que esta sin condena, sin poder decirle a la sociedad si es culpable o no del delito que se le imputa”.

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