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La pobreza y la agenda de las tres ‘T’ del papa Francisco: tierra, techo y trabajo para todos, se descubre como sustento de un pedido de informes del parlamento al Superior Tribunal de Justicia en relación a los procedimientos de desalojos. Fue a iniciativa del diputado Sereno votada hoy por unanimidad en comisión. El diputado del partido Agrario considera en sus fundamentos que “las herramientas jurídicas que aplican a los desalojados, son tenidas en cuenta, en tanto al dueño jurídico de las tierras, sin poner en juicio que cuando se desaloja se trata de personas, niños, embarazadas y ancianos”. Es un posicionamiento ideológico que ya el año pasado no fue compartido por el PRO

Posadas (Miércoles 29 de junio). La Cámara de Representantes  aprobará mañana un proyecto de comunicación para que el Superior Tribunal de Justicia informe sobre los procedimientos de desalojos. Concretamente se pide conocer el número de procesos no amparados en la ley que tienen suspendidos los desalojos hasta el 31 de agosto;  el número de procedimientos llevados a cabo el año en curso; la cantidad de afectados con detalle de menores, discapacitados y adultos mayores; organismos provinciales y municipales que hayan intervenido; y las denuncias de los afectados si las hubiere por hechos violentos en los procedimientos.

El proyecto fue presentado por el diputado del PAYS, Martín Sereno, que en los fundamentos introduce un posicionamiento ideológico al considerar que las herramientas jurídicas que aplican los jueces priorizan el derecho a la propiedad “al dueño jurídico” dice Sereno, y no los derechos de los desalojados.  Cuestiona también la calificación de los ocupantes como “ilegales”.

Este abordaje de los conflictos seguramente no será compartido por los diputados del PRO si se tiene en cuenta que Alfredo Schiavoni, fue el único diputado que se opuso y votó en contra de la prórroga de la ley que suspende los desalojos hasta el 31 de agosto, propuesta realizada el año pasado también por el Pays. La ley había sido autoría del entonces diputado renovador Tito Álvarez.  Aunque la norma obliga a los beneficiarios a inscribirse en un registro,  Schiavoni consideró entonces que la medida era demagógica y afectaba derechos a la propiedad y a la creación de un clima de inversiones.  Ver nota

Pobreza y propiedad de la tierra

En los fundamentos del pedido de informes, el diputado Sereno sostiene que los operativos de desalojos desde el avenimiento de la democracia en la provincia, estuvieron marcados por los dramas sociales producto de la pobreza y por los conflictos por la propiedad de la tierra que enfrenta a miles de familias dedicadas a la agricultura de subsistencia, y a grandes terratenientes interesados en el creciente negocio de la forestación, familias que no cuentan donde vivir y se asientan en terrenos fiscales o familiares”

Agrega que en “América Latina, la descentralización de las responsabilidades de los Estados en materia de hábitat a favor del sector privado limita el acceso de los productores sociales y los pobres de la tierra y a los recursos financieros. En nuestro país, se produjo una pérdida de varias formas de vivienda social, de la mano de privatización de bienes, servicios e infraestructuras públicas y del debilitamiento del control democrático en el desarrollo urbano y en la toma de decisiones locales.

“Tal es el caso de las ocupaciones hoy llamadas ilegales, que debieran nominarse de otra forma para eliminar esa connotación transgresora que sobrevalora a los propietarios y coloca en un lugar semi delincuencial a la necesidad de vivienda de los que no lo son.

“Esto no exime al Estado del cumplimiento de su deber de respetar y proteger los derechos humanos, y en particular, su responsabilidad para adoptar o implementar medidas de prevención de los desplazamientos, atender y proteger a las personas apartadas y garantizar su retorno o reubicación en condiciones dignas. Pero prima facie debe entenderse que los desalojos únicamente pueden justificarse en circunstancias verdaderamente excepcionales, como es el caso de la Ley que posee nuestra provincia; asimismo en necesario contemplar cuando en los mismos se encuentran menores de edad, personas discapacitadas, embarazadas o adultos mayores;

“La sociedad debe reflexionar sobre la necesidad de impulsar decididamente los mecanismos de prevención de los desalojos violentos, y de protección de los derechos de los desplazados, instando a diseñar estrategias adoptativas y preactivas para el tratamiento de la cuestión de los asentamientos marginales en la Provincia de Misiones”.

Desalojos violentos

Desde ese posicionamiento político – ideológico que puede sustentarse en la agenda de las Tres T del Papa Francisco, el diputado Sereno hace referencias concretas a noticias que dan cuenta de la existencia de desalojos violentos, e irregulares, que sostiene,  han violado derechos humanos hacia las personas desalojadas.

Destaca que “en lo que va del año se registran, según los medios de comunicación cinco casos de denuncias públicas por parte de los desalojados, manifestando la violencia que se ejercía durante el/los desalojos” Y subraya que “la violencia utilizada en los desalojos tiene larga data” y pone ejemplos de desalojos violentos a familias agrarias en Bernardo de Irigoyen, El Soberbio y otros puntos de San Pedro y más cercano en el tiempo, en lo que va de este año podemos encontrar los desalojos ocurridos en los parajes Las Coloradas y Virgencita, en el departamento de San Pedro”.

Después de recordar y condenar la actuación del juez Cuenca, quien ordenó desalojos que hasta fueron resistidos por jefes policiales,  cuestiona que “no existe un mecanismo de seguimiento y vigilancia de los desalojos en la provincia, solamente el control judicial y el apoyo de las fuerzas de seguridad cuando tienen que excluir de la vivienda a alguien. Las herramientas jurídicas que aplican a los desalojados, son tenidas en cuenta, en tanto al dueño jurídico de las tierras, sin poner en juicio que cuando se desaloja se trata de personas, niños, embarazadas y ancianos”.

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