Macri está tironeado por el sector financiero y el productivo. Los ortodoxos quieren más desregulaciones y congelar gastos y obras públicas. Presionan a través de los medios y otros poderes corporativos. Los gobernadores como Passalacqua, llevan la voz de la sociedad al seno de la Casa Rosada para compensar esas presiones. Cuando dice que de la crisis salimos “juntos”, no cuestiona el rumbo que, en realidad fue definido en las urnas, pero tampoco implica someterse al poder de la lapicera de Macri, sino sumar representación territorial e institucional para que esas políticas se las vea complementarias y no sustitutas de políticas estables de demanda y consumo popular.

Posadas (Lunes 8 de agosto) Las declaraciones formuladas por Hugo Passalacqua: “antes a los gobernadores los llamaban a Buenos Aires para sacarle plata, ahora te llaman para darte”, tuvo interpretaciones en dos sentidos contrapuestos. Para unos es indicador del inicio de una nueva etapa en la política nacional, para otros una ingratitud con todas las inversiones que recibió la provincia en los años del kirchnerismo.
En la primera de esas lecturas se pueden computar también diferencias. Morales Solá en La Nación, entiende, algo forzadamente, que Macri repartiendo plata compra gobernabilidad. Empieza su columna de ayer señalando: “con los gobernadores contentos, es difícil que el Senado lo boicotee al Presidente. Si los sindicatos históricos tienen dinero en sus manos, es casi imposible que la protesta supere las palabras. Mauricio Macri tomó ambas decisiones en la última semana: comenzó a devolverles fondos de la coparticipación a las provincias y les dio a los sindicatos los inestimables recursos de las obras sociales”. No encaja entonces que fuerce el título afirmando que Macri hace política, pero de una manera diferente.
Aquí, Primera Edición, que no casualmente coincide en la existencia de un nuevo tiempo político, distingue sin embargo, que la “característica cercana, dialoguista y constructiva del mandatario provincial, claramente guionada desde diciembre pasado por el conductor de la renovación, queda al filo de ser malinterpretada y cuestionada como un viraje político, pero solamente por aquellos que no tienen responsabilidades de gestionar para una provincia entera y no tienen la preocupación de conseguir los recursos para hacer funcionar a la economía, que es el motor del Estado. Con altura y solvencia salió Passalacqua de las complicaciones en las que quisieron ponerle algunos periodistas y quedó mejor parado que antes, mostrándose como un hombre académico, conocedor de la cultura y la historia, que además transmite confianza y serenidad con un mensaje esperanzador de unidad: ‘salimos todos juntos’”, aseguró una fuente de la Rosadita.

La gente lo acepta y valora la gobernalidad de ambos mandatarios. Tal es así que apareció una última encuesta que llegó a escritorios oficiales realizada por una renombrada consultora nacional donde se vuelve a confirmar, como hace dos meses, que la población celebra con beneplácito la buena sintonía política entre Misiones y el Gobierno nacional”.
Desde el kirchnerismo consideraron la frase “por lo menos ingrata e innecesaria”, para afirmar que a “la gran mayoría de los misioneros este Gobierno les ha sacado mucho más de lo que les ha dado y en muchos sentidos retrotrajo la situación a varios años atrás”. Y recuerdan que “tanto Néstor como Cristina han respaldado al Gobierno de la Renovación muy fuertemente” y en tal sentido remiten a la transformación que implicó para Posadas las inversiones de la EBY, “los fondos para rutas nacionales, hospitales, escuelas, universidad, fondo de la soja y la obra de viviendas más importantes del país como es Itaembé Guazú”.
Interpretaciones que son dos caras de la moneda, pero de la misma moneda. Hay, sin embargo, una lectura alternativa que tiene que ver el mapa político institucional del país y de toda la región.
Ante todo, se debe admitir que la frase es muy fuerte. Tiene impacto. Y no puede decirse que fue sacada del contexto discursivo porque Hugo Passalacqua la pronunció dos veces en la semana: en un programa de la TV pública y el jueves 4 en la reunión del gabinete nacional en la que participó especialmente invitado.
Índices de coparticipación
Por un lado, el concepto «te dan, antes te sacaban», es preciso en términos estructurales. Brevemente: el Estado provincial tiene tres grandes columnas de ingresos. La recaudación propia a través de la DGR y la coparticipación que también son recursos propios aunque los recaude la Nación. Estos recursos propios fueron estimados en el 73% del total de los gastos planificados para el año en curso. El 27% restante corresponde a fondos federales que la provincia esperaba recibir para financiamiento específico como Fondo de la Vivienda, Fondo de Combustible, Incentivo Docente, Fondo Especial del Tabaco». Estos son los recursos, estimados en 8 mil millones de pesos que en su mayoría estaban destinados a obras públicas. Son los que están sujetos al arbitrio de la Presidencia. Son los fondos que este año fueron remitidos a la provincia en cuenta gotas y por mucho menos de lo planificado. Son los fondos que todos los gobiernos provinciales reclaman en las negociaciones con la Casa Rosada. Desde el inicio de la democracia, todos los gobernadores de Misiones tuvieron que andar reclamando. Desde la famosa solicitada de Barrios Arrechea en contra de Sourrouille, publicada a toda página en diarios nacionales, hasta hoy, recordando que en 2009 y 2014, llegaron en forma muy retaceada también. Estos son los fondos que además el ala más neoliberal del Gobierno de la alianza Cambiemos pretende congelar. Allí hay un tema de época. La lucha por extender la autonomía de la provincia en la toma de decisiones pasa por institucionalizar estos recursos que desde 1983 siempre han manejado a su antojo los presidentes de la República.
Hay otra batalla federal que tiene conexiones: la reformulación de la ley de coparticipación. Si todos los recursos que hoy maneja la Nación en programas que se desarrollan en las provincias se coparticiparan, las provincias ganarían en autonomía.
La Constitución de 1994 estableció, en su Artículo 75, que corresponde al Congreso aprobar una ley que asegure a las provincias «la automaticidad en las remesas de los impuestos coparticipados». La Constitución es bien clara, ya que establece que la distribución entre la Nación y las provincias «contemplará criterios objetivos de reparto; será equitativa, solidaria y dará prioridad al logro de un grado equivalente de desarrollo, calidad de vida e igualdad de oportunidades en todo el territorio nacional». Este mandato está incumplido. Es en este contexto donde la frase de Passalacqua cobra significación de época. Hace falta recordar que Misiones en 1988, durante el gobierno de Alfonsín perdió un tercio de coparticipación. Que durante el gobierno de Menem-Cavallo fue obligado a firmar pactos fiscales que erosionaron la autonomía de los Estados provinciales que llegaron a tener un cupo de coparticipación cediendo derechos. Incluso Cavallo llegó a poner un interventor en el Ministerio de Hacienda de la provincia para controlar el gasto. En 1992 se cedió el 15% para la Anses. Fue el pacto que la semana pasada quedó enterrado. Recordar que De la Rúa manoteó otro 1,9% de los recursos provinciales para financiar la Afip.

Finalmente los Kirchner redujeron la distribución primaria de la copa. Es cierto que en 1983, cuando asumió Raúl Alfonsín, la coparticipación primaria fijaba en el orden del 42% para la Nación y un 54% para las provincias, con porcentajes menores para ATN (1%) y fondos de recupero para determinadas provincias (3%). La masa coparticipable estaba constituida por todos los impuestos nacionales, con excepción de los derechos de importación y exportación (constitucionalmente afectados al Estado nacional), impuestos y contribuciones con asignación específica, y otros tributos menores con sistemas propios. Inmediatamente después de la sanción de la norma en 1988, mediante distintas leyes, reformas, marchas y contramarchas, comenzó a horadarse paulatinamente la masa coparticipable, teniendo como causa principal el costo de la seguridad social. Describir la actual madeja de la coparticipación es un trabajo que escapa a la tarea del periodismo por su complejidad. Pero es claro que del 54% destinado a las provincias en 1983, pasó al 46% de la recaudación total en 1993, al 42% en el año 1998 y promedió el 33% entre el 2002 y el 2011, aunque acá influyó fuertemente la imposición de nuevos tributos de nivel nacional parcialmente coparticipados, como es el caso del Impuesto al Cheque al igual que el impuesto a las retenciones y que en una pequeña porción recién empezó a ser coparticipado a través del Fondo Solidario de la Soja.
Estos datos son demostrativos del sentido de las palabras de Passalacqua: es la primera vez desde 1983 que el Estado nacional convoca a los gobernadores a reintegrar índices de la coparticipación. Como el mismo Gobernador lo subrayó, no alcanza, pero el acuerdo firmado el martes en la Casa Rosada constituye un paso en el sentido que reclaman las provincias. Sólo un paso. Mientras tanto sigue el tironeo por los fondos para obras públicas.
Tensiones en el gabinete de Macri
Precisamente, la decisión del Presidente de empezar a cumplir con las demandas de los gobernadores para financiar la obra pública opera como nudo en las tensiones que existen al interior del gabinete de Macri por definir la política económica.
El presidente del Banco Central, el del Banco Nación y la mitad del gabinete, sostienen que la causa de la inflación en Argentina es la expansión monetaria, producto de la implementación de una política activa que tuvo por fin sostener la actividad económica y el nivel de empleo. Así, están persuadidos que el principal responsable de la inflación es el Estado que, con su intervención en la economía, afecta el único mecanismo válido para administrar de manera eficiente los recursos de una comunidad, esto es, el sistema de precios. Tienen el respaldo de los medios hegemónicos. Los columnistas que responden al poder económico que sostiene el Gobierno, desde hace meses vienen advirtiendo sobre el déficit fiscal acentuando la columna de los gastos. Por ejemplo hoy El Cronista advierte a toda tapa que el Gobierno incrementará el déficit fiscal. Analizando los datos del Indec, desliza que Alfonso Prat Gay hará trampas para ampliar en 32 mil millones de pesos el gasto previsto. Destaca como mala noticia este año no habrá ajuste fiscal ya que el rojo se agrandará en 0,8 puntos porcentuales con respecto al del año 2015.
Como si fueran pocos, parió la abuela. Cavallo, con todo desparpajo firmó el viernes una nota en la que sugiere: «no parece prudente que el Gobierno financie obras de infraestructura pagando intereses que son aún muy elevados. Lo más conveniente es que el gobierno financie su déficit con deuda a plazos más cortos y sólo aumente el gasto de capital cuando acceda a créditos con tasas del orden del 5% anual, como máximo”.

Le da un respaldo a los monetaristas del gobierno al asegurar que «ayudará mucho que se mantenga y aún se acentúe la tendencia al ajuste fiscal por el lado del gasto” al tiempo que sostuvo que sería deseable «una estrategia de aliento a la oferta”. La receta de Sturzenegger y Cavallo fue refutada desde las propias filas del Gobierno. Hace unos días, el director del Indec, Jorge Todesca, cuestionó fuertemente a quienes insisten con que la inflación en Argentina es causada por una política monetaria demasiado laxa. Todesca dijo: “No estamos teniendo una gran expansión monetaria ni tampoco procesos devaluatorios (…) los fuertes aumentos vienen de manera neta del sector privado”. Sus declaraciones, reproducidas por Cash de Página 12, no dejaron dudas al respecto, puesto que además transmitió su preocupación por el “abuso” de los empresarios a la hora de fijar los precios.

La realidad objetiva
El ala -digamos ortodoxa- del Gobierno, siempre suponiendo que tienen intenciones de corregir los desequilibrios de la economía y que no simplemente hacen negocios, entiende que la crisis económica es fundamentalmente de oferta. Es decir que no hay capacidad instalada suficiente, que no hay factores de producción suficientes para satisfacer la demanda. Esta mirada está ligada a la convicción de que el problema central es la falta de ahorro y por ende de inversión. Apuestan así a la suba de la tasa de rentabilidad de la inversión. Los salarios, para estos economistas, son gastos. Por eso su lógica de respaldar un proceso de transferencia de ingresos desde los sectores propensos al consumo a los sectores con mayor propensión a la inversión.

Roberto Lavagna, que este fin de semana participó de un encuentro de Massa con De la Sota, sostiene que el ciclo de distribución regresiva, o sea más desigualitaria de los ingresos, genera caída de la demanda. Pero desde las esferas del poder, no pueden percibir la realidad concreta y objetiva porque a pesar de las restricciones en la esfera productiva, se puede vivir un tiempo de la euforia financiera, con tasas de interés relativamente altas ligadas al proceso de revalorización en acciones, bonos y otros activos financieros.
Esta desconexión entre la esfera real productiva, donde habitan las familias y la esfera puramente financiera, que es propia de los regímenes conservadores, es la que llevan a la Casa Rosada los gobernadores. Es la que denuncia la calle, desde las movilizaciones y resistencias a la pérdida de derechos y la que denuncia la Iglesia comprometida con su pueblo cuando denuncia la falta de empleo y la deshumanización de las relaciones sociales de la mano del poder del dinero, como dice el Papa y ayer en Corriente el obispo emérito Domingo Salvador Castagna.
Reducir la relación de los gobernadores con el Presidente a un “toma y daca” como sostuvieron varios columnistas de La Nación, Clarín y Página 12, es quedarse en la superficie en lo fenoménico, en el mundo de la pseudo-concreción. La esencia de la cosa es la resistencia al ajuste salvaje. Cuando Passalacqua dice lo que dijo, también subrayó en la reunión de gabinete que de esta se sale juntos. Juntos no es someterse a la lapicera del Presidente; juntos es articular las dos miradas en contradicción en una instancia superadora. Por un lado defender las inversiones en obras públicas que la ortodoxia considere un mero gasto, pero al mismo tiempo darles la razón cuando insisten en reducir el déficit, para lo cual es urgente una reforma impositiva en función de aumentar la carga sobre los que más tienen y en función de un proyecto de desarrollo que articule la promoción de las inversiones pero cuidando el empleo. Juntos es poner en tela de juicio la idea de que las políticas públicas llevadas por el lado de la oferta sean de por sí suficientes para asegurar el crecimiento económico. Son la insuficiencia de demanda solvente y, por ende, los problemas de concentración económica, como sostiene Todesca, los que han desacelerado la expansión.

Los gobernadores como Passalacqua, llevan la voz de la sociedad al seno de la Casa Rosada. Sin negar el derecho a definir el cambio de rumbo a una economía de políticas de oferta en términos de mejorar la productividad, son la garantía que se las vea como complementarias y no como sustitutos de políticas estables de demanda. Defensa del consumo popular. Desde este aporte se constituyen en colaborativos en la creación de un clima de gobernabilidad.