El nuevo enfoque de las políticas provinciales de derechos humanos que articula los objetivos de todas las áreas de gobierno bajo la premisa “donde hay una necesidad hay un derecho”, estuvo subyacente hoy en las exposiciones de los funcionarios en el Parlamento para defender el Presupuesto 2017. Esa premisa abordada por Lilia Marchesini pone una lupa político – ideológica a la caída del empleo que reveló Juan Agulla desde el Ministerio de Trabajo y la paralización de obras de agua potable por la desfinanciamiento nacional al IMAS que preside Joaquín Sánchez.

Posadas (Lunes, 5 de septiembre) Continuó hoy, en la comisión de Presupuesto de la Cámara de Representantes, el estudio del proyecto de Recurso y Erogaciones del Estado para 2017 estimada en 41,3 mil millones de pesos. Diputados recibieron hoy a los responsables del Ministerio de Derechos Humanos, del Ministerio de Trabajo y del Instituto Misionero de Aguas y Saneamiento. Como sucede habitualmente, cada funcionario fundamenta las estimaciones presupuestarias, resumiendo lo que hizo, lo que está haciendo y las proyecciones del área que administra. La información concreta puede limitarse a los números. Derechos Humanos tiene una previsión de 47 millones de pesos; Trabajo de 72,4 millones y el IMAS 926 millones. Sin embargo las tres exposiciones articuladas constituyen un verdadero recorte didáctico que puede explicar el sentido del proceso económico social por el que atraviesa Misiones como las otras provincias del país.
Lilia Marchesini inició la jornada repasando las acciones de Derechos Humanos en función del cambio de enfoque introducido en su gestión. Puede resumirse en el objetivo de articular con todas las áreas de la gestión del gobierno el abordaje de los problemas, las demandas y las acciones como reconocimiento de derechos de la sociedad. Si bien la carga más fuerte del Ministerio es la de memoria, verdad y justicia, pretende hacerse presente en cualquier necesidad que no esté cubierta. “Con la premisa dónde hay una necesidad hay un derecho”, el Ministerio estuvo presente en la construcción simbólica de generar conciencia, como en los foros de mujeres, pero también asistiendo en desalojos y a sin techos. Firmó convenios, con la nación, con el parlamento, con municipios y organizaciones de la sociedad civil, y se diría que se metió en todo. Es lo que vale la pena considerar más que reiterar las informaciones de lo hecho que, por ejemplo se pueden apreciar en el Facebook del Ministerio. Ese estar presente en todas las necesidades de la gente no en las funciones del gobierno, permite un abordaje diferente de la significación política de la gestión, que al centrarse en las necesidades como un derecho se define ideológicamente. Es un gobierno inclusivo, para no utilizar las categorías de izquierda y derecha.
El derecho al trabajo
Precisamente esa mirada trasversal, habilita el recorte, digamos didáctico como decíamos, de la realidad económico – social. Minutos después Agulla aludía a la caída del empleo en la provincia como consecuencia de las políticas de ajuste y de apertura de las importaciones aplicadas por el gobierno nacional. Reveló que la paralización de la obra pública generó la expulsión de 8 mil trabajadores de la construcción de sus puestos de trabajo, situación que se registra también en el sector de la madera y el comercio afectado por las asimetrías. Puso en la mesa de discusión una cuestión paradigmática para contrastar modelos económicos y precisamente, el abordaje del sentido del trabajo en la sociedad. Por un lado, según dijo, la empresa Henter de Montecarlo afectada por las importaciones de terciados tiene una trayectoria de valorización de la mano de obra y de protección de sus trabajadores, está haciendo un esfuerzo para sostener el ingreso. Ha establecido suspensiones y reducciones de los días trabajados para no echar a nadie. Por otra parte beneficiaria del Programa Repro, se encuentra con la novedad que la Nación sigue demorando los pagos con la excusa de enredos burocráticos pero que en realidad responde a la política de ajuste del gasto público y los subsidios. Al mismo tiempo, la multinacional Arauco, haciendo uso de la Ley de Contrato de Trabajo despide sin miramientos. “Pase por ventanilla”. Cumple. Además desde hace tiempo ha venido contratando a terceros para las tareas de campo, con lo que evita los conflictos con el sindicato al interior de la planta. Agulla, con la sobriedad que lo caracteriza pero con la firmeza de siempre en fijar posición fue terminante al subrayar que estas empresas multinacionales funcionan con una ecuación siempre asociada a las ganancias. “Para estos empresarios el trabajo es un gasto, para nosotros el trabajo es una categoría social y un derecho”. Aunque sin mostrar mucho optimismo “por la complejidad de la situación”, el Ministro dijo tener paciencia en esperar que la Nación continúe con los Programas de trabajo y empleo en 2017. De los 72,4 mil millones de pesos que estima el Presupuesto del Ministerio, 31 mil millones son de esos Programas que tienen financiamiento nacional y provincial. Pero volvió a subrayar que el empleo genuino es el que se genera en el mundo de la economía real.
Derechos y agua potable
La exposición de Joaquín Sánchez puede cruzarse también desde el abordaje de los derechos humanos bajo la premisa evitiana “donde hay una necesidad hay un derecho”. Como en todos los sectores vinculados a las obras públicas financiadas por el Estado nacional, el IMAS vio paralizado sus proyectos. El cuento de los funcionarios nacionales forma parte ya del relato macrista de asociar toda la obra pública a la corrupción. Una buena excusa para bajar el gasto público, premisa de la conducción del Banco Central para bajar la inflación. De todos modos, Sánchez aseguró que el Instituto, con recursos del Tesoro Provincial pudo atender las demandas de los municipios que son menos costosas. En ese sentido adelantó que habrá un cambio en los planes de trabajo, se dejarán de hacer perforaciones, que son soluciones de corto plazo, para invertir en plantas potabilizadoras con proyección a 30 años. Por otra parte, mostró otro ánimo que el ministro de Trabajo al confesarse optimista para 2017, alentado por la promesa del Presidente de la Nación de llegar a 2019 con el cien por ciento de la población con acceso al agua potable y el 70 por ciento al servicio de cloacas. El Presupuesto estimado para el IMAS es de 926 millones de pesos, de los cuales 782 millones tienen financiamiento del Entre Nacional de Obras Hídricas y Saneamiento, Enohsa.
Consultado por el diputado Gustavo González sobre el estado actual de la obra del acueducto Oasis – Jardín América, Sánchez adelantó que el lunes 22 estuvo reunido con autoridades nacionales que le prometieron que los trabajos se reiniciarán en breve. También informó que estuvo paralizada por las negociaciones con la empresa por el reconocimiento de mayores costos ya que la obra licitada en 2013 se vio afectada por las devaluaciones de 2014 y 2015. Lejos de los tremendismos mediáticos, el debate quedó allí y Sánchez se dedicó a responder inquietudes de diputados ex intendentes siempre interesados en las obras para sus municipios. Joaquín Olivera se refirió específicamente a la obra en la zona de Panambí que dijo, es una necesidad largamente reclamada y que el IMAS viene atendiendo con recursos propios. Evidentemente, hay necesidades no tan utópicas que pueden tener respuesta de un gobierno que se propone estar cerca de la gente

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