Cinco de los seis integrantes fueron seleccionados por la Legislatura: Alicia Estela Perucchi, Luis Alberto González, Rubén Fernando Genesini y Rita Núñez. Resta la propuesta del Ejecutivo y el Acta de Francisco Souza que nominó la UCR en medio de errores y sin Dictamen de Comisión, aunque fue aprobado.

Posadas (Viernes 9 de septiembre). La Comisión Provincial de Prevención de la Tortura que funcionará dentro del ámbito Legislativo y que integrará el Sistema Provincial de Prevención de la Tortura y otros Tratos y Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes, ya tiene confirmado a cuatro de sus seis integrantes, a partir de la aprobación en la sesión de este jueves de la Cámara de Representantes de Misiones, que aceptó las nominaciones de Alicia Estela Perucchi, Luis Alberto González y Rubén Fernando Genesini por parte de las organizaciones civiles y de Rita Núñez por parte de la mayoría legislativa.
Este jueves por la mañana la Comisión de Asuntos Constitucionales, de los Derechos Humanos, Municipales y Juicio Político de la Legislatura provincial otorgó dictamen favorable a la moción del diputado Roberto Chas Roubineau, que fue la que se aprobó a la noche en el recinto.
Por ahora, resta el Acta de la candidatura de Francisco Souza, propuesta por el diputado radical Gustavo González en el recinto -y aprobada- pero sin Dictamen de Comisión y, finalmente, el nombre que eleve el Poder Ejecutivo para completar los seis integrantes que demanda la Ley para la Comisión Provincial de Prevención de la Tortura.

Dictamen en Soledad
Las idas y venidas del radicalismo en la designación de los integrantes de la comisión de Lucha contra la tortura fue, cuando menos, desconcertante, o un nuevo papelón. Por un lado, para la selección de los tres integrantes que serían propuestos por las organizaciones civiles no gubernamentales, el diputado Germán Bordón, mocionó (en la comisión de Asuntos Constitucionales) a Graciela Franzen para integrar la terna que Roberto Chaz Robineau había presentado de común acuerdo con otros bloques y que obtuvo el Dictamen favorable (compuesta por Perucchi, Genesini y Luis Alberto González). Al no lograr el acuerdo, Bordón presentó un Dictamen en minoría reemplazando a Luis Alberto González por Franzen y mantuvo a Perucchi y Genesini.
En el recinto, Bordón sostuvo su propuesta (Franzen, Perucchi y Genesini) pero al momento de analizar a otros integrante de la Comisión de Lucha contra la Tortura (son seis: tres propuestos por las organizaciones civiles, uno por el Ejecutivo y los dos restantes, por la Legislatura (de estos dos, uno por la mayoría y el otro por la primera minoría que en este caso le corresponde al radicalismo), la titular de la comisión de la Legislatura donde se discutió el tema, María Losada (de Vanguardia Radical), sorprendió al pleno al señalar que quien estaba propuesto por esa primera minoría de la legislatura era el diputado Gustavo González y, como la Ley establece en su artículo sexto que estos cargos son “incompatibles con la realización de otra actividad remunerada, pública o privada”, y al tratarse de un diputado, primero había que debatir la renuncia del Legislador para que pueda integrar la Comisión de Lucha contra la Tortura.
El diputado González se defendió argumentando que su postulación había sido un error (ver imagen de la propuesta que elevó la UCR) y dijo que como primera minoría proponían al ciudadano Francisco Souza. Pero esta propuesta fue en el recinto, sin Dictamen de la comisión. La discusión versó, entonces, en las intenciones de González y en la propuesta “por error”, como argumentó, que algunos diputados se preguntaron si lo hizo para cobrar doble sueldo.
Pero la desconcertante actuación del radicalismo se extendió a la hora de votar el Dictamen en Minoría que propuso Bordón y que se convirtió en Dictamen en Soledad: Bordón votó solo, porque sus correligionarios de bancada, Gustavo González y Mario Pegoraro se retiraron (y Walter Molina no asistió a la sesión). Tampoco lo acompañaron los demás diputados de los bloques que integran la alianza Cambiemos, de la que son parte.

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Facsimil de la nota que presentó la UCR nominando a Gustavo González.

Hacia la conformación de la Comisión de Lucha 
Los diputados de la mayoría propusieron a la abogada Rita Núñez, por lo que de los seis integrantes de la Comisión de Lucha contra la Tortura quedaron firmes cuatro: Perucchi, González y Genesini propuestos por las ONG; y Rita Núñez propuesta por la mayoría legislativa.
Las asociaciones civiles que propusieron a sus candidatos fueron Arte Uno, que nominó a Alicia Estela Perucchi, Salud Comunitaria, a Luis Alberto González, y Mba Apo Mbarete – Trabajo Fuerte, a Rubén Fernando Genesini.
De esta manera, la Comisión cumplió con elevar el dictamen con la integración de la Comisión contra la Tortura para su tratamiento en la Cámara de Representantes, después de las instancias de audiencia pública e impugnaciones.
Los tres seleccionados fueron postulados por organizaciones no gubernamentales relacionadas con acciones de defensa y promoción de los derechos humanos en general y de las personas privadas de libertad en particular e integraron un registro abierto y permanente, tal como establece la Ley.
La Comisión Provincial de Prevención de la Tortura funcionará desde el ámbito de la Cámara de Representantes de Misiones con jurisdicción en toda la provincia, con el objeto de evaluar y seguir la aplicación de la Convención contra la Tortura y otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes en todos los lugares de detención de jurisdicción provincial.
La ley de creación le confiere la facultad de ejercer sus funciones de manera independiente pero también en forma coordinada y articulada como organismo local complementario del que se constituyó en el país como Mecanismo Nacional de Prevención, en cumplimiento de los objetivos e implementación del Protocolo Facultativo de la Convención contra la Tortura y otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes, aprobados por la Ley Nacional 25.932.
Esta Comisión será parte del Sistema Provincial que actúa de manera conjunta con el Consejo Consultivo para la Prevención de la Tortura y otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes, y los demás entes estatales, organizaciones de la sociedad civil interesados en la promoción y vigencia de la aplicación en el cumplimiento de los objetivos del Protocolo Facultativo de la Convención contra la Tortura y otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes.
La Ley de creación de esta Comisión establece que debe orientar sus actividades según los parámetros y estándares establecidos en la Convención contra la Tortura y otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes y en el Protocolo Facultativo de la Convención contra la Tortura y otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes y las normas, principios y reglas referidas al trato de las personas privadas de la libertad adoptadas por la Organización de Naciones Unidas (ONU), destacándose el enfoque preventivo holístico.
También establece, entre los principios que rigen su actuación, el fortalecimiento del monitoreo, ya que promueve el fortalecimiento de las capacidades de los organismos estatales y no estatales que desempeñan funciones vinculadas con el monitoreo de los lugares de detención y la defensa de los derechos de las personas privadas de su libertad, con énfasis en la prevención de la tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes, como también propicia la articulación entre todos los integrantes del Sistema Provincial que deben actuar coordinadamente con el objeto de lograr el cumplimiento de la finalidad de esta reglamentación. En ese sentido, ordena trabajar articuladamente con el Comité Nacional para la Prevención de la Tortura y el Consejo Federal de Mecanismos Locales para la Prevención de la Tortura.
En cuanto a la cooperación, señala que las autoridades públicas competentes deben fomentar el desarrollo de instancias de diálogo y cooperación con la Comisión Provincial de Prevención de la Tortura a fin de garantizar el cumplimiento de los objetivos del Protocolo Facultativo de la Convención contra la Tortura y otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes y también de esta ley, pero a la vez le otorga independencia funcional y establece obligaciones, como la confidencialidad, imparcialidad, no selectividad, universalidad y objetividad, tal como expresa.

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