El gobierno nacional iniciará con gobernadores el debate por la reforma tributaria. Se llega a la reunión con presiones de la ortodoxia neoliberal a través de medios y Ongs que apuntan a las finanzas  provinciales como responsables del déficit. Una de las falsedades es computar los recursos de la coparticipación como si fueran subsidios nacionales cuando es a la inversa. Cualquier reforma, como eliminar los IIBB por una IVA provincial, para ser viable debe garantizar el nivel de ingresos a las provincias.

Posadas (Lunes, 30 de enero) El gobierno nacional iniciará con gobernadores el debate por la reforma tributaria que es una deuda que tiene la democracia argentina desde la recuperación en 1983. Nadie pone en cuestión la necesidad de simplificar el sistema en vigencia que viene siendo emparchado desde la crisis de 1930 y constituye un verdadero laberinto pero, un debate en serio que pretenda extenderse en el tiempo como política de Estado obligatoriamente demanda escuchar todas las campanas. A la reunión de los gobernadores en la Casa Rosada, prevista para el jueves que viene, se llega bajo las presiones mediáticas de una sola voz: la de la ortodoxia neoliberal que apunta a las finanzas provinciales como responsables del déficit fiscal. Un breve repaso a los pronunciamientos que se publican en La Nación y Clarín, con la firma de “expertos” de fundaciones y Ongs, dan muestra de la intención solapada del sentido que se pretende introducir en las reformas. Constituyen la base de sustentación teórica e ideológica para los funcionarios del gobierno nacional.

Estímulo al Consumo o al Capital

Una de las ideas centrales de la reforma se propone eliminar los Ingresos Brutos y el Impuesto a los Sellos a cambio de una IVA provincial.  Es una obsesión de las grandes empresas. Ya en el 2000, el Consejo Empresario Argentino, que agrupa desde Techint a Clarín, elaboró una propuesta a la que pomposamente llaman “federalismo fiscal”.  Este trabajo ha inspirado a otros que se publican en páginas similares a la del Consejo de profesionales de Ciencias Económicas,  o en las fundaciones Mediterránea, Fiel y otras sostenidas por los mismos grupos empresarios que financian la creación de voces de expertos para lidiar en la batalla cultural. La crítica de fondo, que opera como contradicción fundamental a resolver y sobre la que se mueven todas las propuestas, considera que estructura impositiva argentina estimula el consumo y no la acumulación de capital. Se sostiene que reduce la rentabilidad de la inversión. En el trabajo, nutriente de las opiniones de hoy, también se observa que el sistema tiene un quiebre con la corresponsabilidad fiscal y habla de un laberinto de imposiciones y exenciones que tiene su columna vertebral en la coparticipación federal de impuestos y en ese sentido se destaca el promedio de los recursos provinciales que en forma porcentual tienen origen en más del 70% en lo que recauda la nación. Rescata como ejemplo la aseveración que por esa relación. “es natural que los gobiernos provinciales tiendan a gastar más ya que no son los que recaudan”.

Este abordaje termina respaldando propuestas para eliminar los ingresos  brutos y el impuesto a los sellos para llegar al extremo de eliminar la coparticipación estableciendo un IVA provincial. Aunque esta bajada de línea, no descuida los efectos de la medida y elabora una fórmula de compensación entre las provincias superavitarias y las deficitarias, es profundamente anti-federal a pesar de su ropaje.

Los recursos son de las provincias

La ortodoxia neoliberal que se expresa en las fundaciones bancadas por las corporaciones incurre en una distorsión histórica, política y constitucional.  Hay que recordar e insistir que la organización nacional se traduce en la Constitución de 1853 después de la derrota del proyecto del interior profundo en manos de Buenos Aires que, establece el principio de separación de fuentes apropiándose de los derechos de la Aduana y dejando a las provincias la recaudación de impuestos internos en sus propios distritos. En 1890 la vulnerabilidad del sector externo movió al Régimen a buscar recursos en todo el territorio nacional. Más allá de los debate del  momento, las provincias, débiles ante el poder central, decidieron conceder a la Nación su “potestad” constitucional de recaudar impuestos en sus distritos a cambio de transferencias compensatorias. Este manotazo de la nación fue más contundente después de la crisis internacional de 1929 que dejó inerte a la Aduana y desde esos años empezaron los parches y pulseadas, pero, constitucionalmente los recursos pertenecen a las provincias. Entonces, para hablar de la ineficiencia del régimen de coparticipación federal hay que empezar por los agujeros fiscales de la Nación y no de las provincias. Las leyes que institucionalizan la coparticipación vinieron después pero está claro que la Nación recauda en nombre de las provincias.  En los tratamientos y propuestas para la reforma que se desprenden del estudio madre del CEA, tampoco se deja constancia que los Estados provinciales son los que vienen bancando la educación, la salud,  la seguridad y la prestación de justicia en sus territorios. La mirada contable de la ortodoxia computa simplemente como gastos los salarios de docentes y médicos ya que no ocultan su inclinación a la participación del sector privado en la prestación de esos servicios, que para cualquier gobierno progresista son responsabilidades indelegables del Estado.

La viabilidad política de la propuesta de eliminar los IIBB y Sellos por un IVA provincial radica en el respaldo que tiene del gobernador de Córdoba. Juan Schiaretti ya puso el debate sobre la mesa en la campaña electoral de 2015. Apunta, fundamentalmente a eliminar el efecto “cascada” de Ingresos Brutos. El planteo es que un IVA provincial con una alícuota de entre 10 y 12% permitiría -sin elevar la presión tributaria- eliminar aquel impuesto. Si la alícuota fuera del 17%, habría que bajar el IVA nacional y sólo coparticiparlo con las provincias chicas. El sistema se instrumentaría, según propone, a través del convenio multilateral entre provincias. Desde hace más de un año se vienen dando a conocer trabajos sobre lo bueno y lo malo de un IVA provincial, y elaborando estudios comparados con Brasil, Canadá y Australia, que pueden encontrarse en la web.

¿Impuesto regresivo o progresivo?

Lo que subyace también en la propuesta del IVA provincial, es la idea de ir desplazando los impuestos directos por los impuestos al consumo. La idea madre de las grandes empresas nucleadas en el CEA argumenta a favor de la progresividad de los impuestos al consumo sobre la renta. Sostienen que aparte de no castigar el rendimiento de la inversión, el impuesto al gasto o al consumo tiene la gran ventaja de garantizar una deducción plena y automática de la inversión. En contraste –insisten- el impuesto al ingreso no puede, por definición, asegurar un tratamiento parejo a las distintas formas de la inversión. Se puede deducir que el IVA provincial sería el principio del fin de la coparticipación y la gradual disminución de los impuestos a las ganancias o la renta.  

Este debate tiene historia, el profesor Murray Rothbard de Estados Unidos, cruzó allá por 1994, al intocable Alan Greenspan que, desde el Tesoro de los Estados Unidos, proponía eliminar el impuesto a las ganancias por un impuesto al consumo. La respuesta apareció originalmente en la Review of Austrian Economics, 1994, Volumen 7, Nº 2, pp. 75-90. Destacaba el académico que “la vieja idea de un impuesto al consumo en oposición al impuesto de la renta se ha planteado por parte de muchos economistas, particularmente por conservadores supuestamente a favor del libre mercado. Al considerar los méritos o deméritos de un impuesto al consumo frente a un impuesto de la renta, advierte  primero que el impuesto al consumo y el impuesto de la renta conllevan cada uno diferentes implicaciones filosóficas. Señala que “una de las supuestas virtudes del impuesto al consumo apuntada por los conservadores es que, mientras que el impuesto de la renta puede ser y generalmente es progresivo, el impuesto al consumo es prácticamente automáticamente proporcional. También se afirma que la fiscalidad progresiva equivale al robo, con los pobres robando a los ricos, mientras que la proporcionalidad es el impuesto justo e ideal. Sin embargo, en primer lugar, el impuesto al consumo del tipo de Fisher bien podría ser en todos los aspectos tan progresivo como el impuesto de la renta. Ni siquiera el impuesto a las ventas está del todo libre de progresividad. Pues en la práctica la mayoría de los impuestos a las ventas excepcionan productos como la comida, , excepciones que distorsionan las preferencias individuales del mercado y también introducen la progresividad en los impuestos”.

Ejemplo de progresividad

Después, da un ejemplo muy aleccionador sobre la progresividad y su relatividad. Tomemos dos individuos, uno que gana 10.000 pesos al año y otro que gana 100.000 pesos. Propongamos dos sistemas impositivos alternativos: uno proporcional y otro considerablemente progresivo. En el sistema impositivo progresivo, los tipos del impuesto de la renta van del 1% para el hombre de 10.000 pesos al año al 15% para el hombre de la renta superior. En el subsiguiente sistema proporcional, supongamos que todos, independientemente de su renta, paga el mismo 30% de su renta. En el sistema progresivo, el hombre de renta baja paga 100 pesos anuales en impuesto y el más rico paga 15.000 pesos, mientras que en el supuestamente más justo sistema proporcional, el hombre más pobre paga 3.000 pesos en lugar de 100, mientras que el más rico paga 30.000 en lugar de 15.000. Sin embargo sirve de poco consuelo para la persona con más renta que el hombre más pobre esté pagando el mismo porcentaje de renta en impuestos que él, pues la persona más rica se ve mucho más multada que antes. Por tanto, no es convincente que al hombre más rico se le diga que ahora ya no está siendo “robado” por el pobre, ya que está perdiendo mucho más que antes. Si se objeta que el nivel total de los impuestos es mucho mayor bajo nuestro sistema propuesto proporcional que en el progresivo, contestamos que se trata precisamente de eso.  Pues a lo que está objetando realmente la persona de mayor renta no es al mítico robo que le infligen “los pobres”: su problema es la cantidad real que se le quita por el Estado. Así que la queja real del hombre más rico no es lo mal que se le trata en relación con otro, sino cuánto dinero se le quita de sus activos duramente ganados. Sostenemos que la progresividad de los impuestos es un señuelo: el problema real y el enfoque adecuado debería estar en la cantidad a la que una persona concreta se ve obligado a dar al Estado”

En quién gasta el Estado

Ante esta aseveración, el profesor del Instituto Mises, da una vuelta de tuerca al debate y abre la perspectiva de la progresividad al contemplar el otro extremo. “El Estado gasta el dinero que recibe en varios grupos –observa- y quienes afirman que el impuesto progresivo sanciona a los ricos a favor de los pobres argumentan comparando el estado de las rentas de los contribuyentes con la generosidad del Estado con los que están en el extremo receptor. Igualmente, la Escuela de Chicago afirma que el sistema impositivo es un proceso por el que la clase media explota tanto a los ricos como a los pobres, mientras que la Nueva Izquierda insiste en que los impuestos son un proceso por el que los ricos explotan a los pobres. Todos estos intentos se equivocan al considerar injustamente como una clase a los pagadores y receptores del Estado. Quienes pagan impuestos al Estado, ya sean ricos, clase media, o pobres, en el neto indudablemente son un grupo distinto de personas que esos ricos, clase media, o pobres, que reciben dinero de los cofres del Estado. No tiene sentido agrupar estos conjuntos. Tiene mucho más sentido darse cuenta de que el proceso de impuestos y gastos crea dos, y solo dos, clases sociales antagonistas, alas que Calhoun identificaba brillantemente como contribuyentes (netos) y consumidores (netos) de impuestos, quienes pagan impuestos y quienes viven de ellos. Sostengo que, visto desde esta perspectiva, también se convierte en particularmente importante minimizar las cargas que el Estados y sus privilegiados consumidores de impuestos imponen a la productividad de los contribuyentes”.

Este recorte del debate que se viene en la Argentina. Hay una pregunta metodológica que sirve de referencia para la toma de posición: quiénes pagan impuestos y cómo gasta el Estado. Y eso depende de la orientación ideológica de los gobiernos de turno.  Para las relaciones Nación – Provincias son un adelanto de la profundidad de los temas a definir que, incuestionablemente trascenderán a los actuales gobiernos.  Misiones tiene la oportunidad de recuperar lo que perdió en 1988 cuando las cúpulas de la UCR y el PJ cedieron nada menos que un cuarto de la coparticipación federal de impuestos.

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