La Nación dio de baja la pensión a un discapacitado, ciego de por vida con el argumento de que su cónyuge empezó a recibir los beneficios de una jubilación. Sostienen que es ley y de buena onda le aconsejan se divorcie para volver a cobrarla. Se tiran la responsabilidad entre la Anses y la delegación Misiones del Ministerio de Desarrollo Social.

Posadas (jueves, 1 de junio) La Comisión de Salud y Previsión Social de la Cámara de Representantes aprobó esta mañana un pedido de informes a la Anses, elaborado por la diputada Myriam Duarte. Solicita que la Administración informe “por escrito de manera clara los fundamentos legales que habilitan al organismo a retirar el beneficio de la Jubilación por incapacidad, al señor Néstor Sergio Sotelo quien era beneficiario de dicha jubilación y ha dejado de percibirla a partir del mes de mayo del corriente año”. Exige también informe la legislación que da base a esa decisión y si hay otros casos similares, quiénes son y los fundamentos respectivos.
En la Comisión recibieron a Sotelo y su cónyuge Teresa, que explicaron que la baja del beneficio fue sin previo aviso pero luego fundamentada por los empleados en una incompatibilidad establecida por ley. Narraron que no obstante, en la Anses le aseguraron que la baja no fue dispuesta por el organismo sino por el Centro de Referencia del Ministerio de Desarrollo Social de la Nación que en Misiones tiene como director a Miguel López Vedoya. Agregaron que ante las reiteradas gestiones en la representación local de la Anses, le recomendaron que se separe y llegue hasta el divorcio como única manera de recuperar la pensión, que le fuera otorgada en 2008.  El matrimonio, ahora condenado a sobrevivir con la jubilación mínima de la mujer, reveló asimismo que no lograron ser atendidos por el director “Tati Vedoya” a pesar de que haber ido a las oficinas en reiteradas ocasiones. Desistieron cuando la secretaria le aseguró que López Vedoya no está nunca en la oficina ya que vive recorriendo los barrios y la provincia.
“Nos preocupa sobremanera esta situación, ya que, a nuestro entender, no solo se violan derechos adquiridos en materia social y económica, sino que se están transgrediendo de manera peligrosa, disposiciones internacionales que regulan los derechos laborales adquiridos y particularmente los derechos de las personas con discapacidad”, sostuvo Duarte para abundar en los respaldos internacionales de los derechos adquiridos y los derechos de las personas con discapacidad.
Consideró asimismo que “teniendo en cuenta las últimas mediciones de la Canasta Básica, donde una familia tipo requirió como mínimo 13.837,04 pesos para no caer debajo de la línea de pobreza, a finales de 2016, es que nos preguntamos de qué manera podría una persona sobrevivir con apenas menos de la mitad de dicha suma, y teniendo que hacer frente, con tan magro haber, a los gastos propios que su discapacidad le significa. Entendemos que el reducir a esta situación despoja a esta familia, de los derechos humanos más elementales, aquellos que por compromisos internacionales de nuestro país, debieran ser garantizados por el Estado”.
El diputado Roberto Chas Robineau que preside la Comisión puso de relieve la fragrante contradicción entre la prédica del Ministerio de Carolina Stanley y las acciones. “Porque sugerir desde los organismos nacionales que solución es el divorcio, no se condice con la defensa de la familia como núcleo básico de nuestra sociedad”.

 

 

 

 

Fotos: López Vedoya (MOL), Duarte (archivo)

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