“Se puede ponerle límites a Macri y defendiendo al mismo tiempo la gobernabilidad”, sostuvo el diputado Jorge Franco al hacer una lectura de la convergencia de las oposiciones en el Congreso para modificar el texto de la ley llamada Odebrecht que, pretendía darle al Poder Ejecutivo atribuciones del Judicial. Quedó también al desnuda la insustancialidad de la dirigencia que en la oposición defiende la república y cuando son gobierno no dudan en avasallarla.

Posadas (viernes, 7 de julio). La capacidad que tiene el pueblo de poder límites al poder absoluto de la Casa Rosada a través de sus representantes en el parlamento fue rescatada por Jorge Franco, que preside el bloque de diputados renovadores de Misiones en el Congreso. Fue una de las lecturas que hizo del debate del miércoles en Diputados cuando la convergencia de todas las oposiciones frenó el intento del oficialismo de aprobar una ley que daba atribuciones del Poder Judicial al Poder Ejecutivo. Si bien fue el caso específico que se conoce vulgarmente como Odebrecht, la experiencia vivida en el parlamento abre perspectivas políticas, a través de acuerdos y consensos, de poner límites a las medidas neoliberales de destrucción, no sólo de las instituciones sino también del trabajo y la producción nacional. Se puede decir que la caída del texto de la ley Obedrecht tal como pretendía la Casa Rosada materializa la consigna de campaña “defender la gobernabilidad de Macri poniéndole límites desde las provincias en el Congreso”.
En declaraciones a nuestros cronistas, el diputado Franco observó también que el debate dejó al desnudo las posiciones hipócritas de la dirigencia que en el llano se rasga las vestiduras clamando por la república, pero en el poder no duda en apelar a medidas de concentración de poder en la Presidencia.
Yendo por partes, la Cámara de Diputados de la Nación aprobó el miércoles en particular la ley de responsabilidad penal empresaria, que apunta a sancionar a empresas y asociaciones que incurran en delitos de corrupción. Es la ley que se conoce como “ley Odebrecht”.
La norma, que ya se había aprobado en general la semana pasada, fue votada en particular tras un arduo debate de más de cinco horas que develó posiciones ideológicas y la hipocresía de la opción “moral” de la política que se promueve fundamentalmente desde los aparatos de comunicación. La ley consagró la imprescriptibilidad de los delitos de corrupción y elevó los montos de las penas para que no sean excarcelables.
La mayor controversia estuvo centrada en el texto del artículo 1, que define nada menos que el objeto de la ley y en el artículo 37, que contemplaba una fórmula para que empresas, ya acusadas de haber cometido hechos de corrupción, pudieran celebrar acuerdos en sede administrativa para brindar información sobre el pago de sobornos. Precisamente, esta proposición del macrismo de darle atribuciones del Poder Judicial al Poder Ejecutivo fue objetado no sólo por todo el arco de las oposiciones, sino también al interior de la alianza Cambiemos, entre los que se destacó Ricardo Alfonsín. Básicamente lo consideraban inconstitucional, además de desnudar el oportunismo de época asociado al caso Odebrecht.

El objeto de la ley

Es en este contexto en que dialogamos con el presidente del bloque de diputados misioneros, Jorge Franco con el propósito de conocer la raíz del debate.
Destacó que ya la discusión y la gran modificación que se pudo introducir en el proyecto enviado por la Casa Rosada, se produjo el en el primer artículo de la norma, precisamente el que define el objeto de la ley. “Una ley sin objeto no es ley”, afirmó para revelar que fue gracias a la convergencia de ideas de todo el arco de las oposiciones que se logró encausar el sentido de la ley para cumpla los enunciados que escondían una norma a medida del primo de Macri, detrás de las grandes frases replicadas por los medios hegemónicos. Reveló que originalmente la redacción del artículo se limitaba a los delitos contra la administración pública. Evidentemente estaba inspirado en el caso Odebrecht, pero Franco afirma que fue el criterio generalizados de las oposiciones los que lograron convertir la ley en una posibilidad de ir a fondo y no solamente en determinados delitos. Se logró incluir que figuren todos los delitos contemplados en el Código Penal porque hay un sinnúmero de situaciones que no eran contempladas en el texto original.

Vulneraba la división de poderes

¿Y el artículo 37 por qué fue tan debatido, acaso no apuntaba a más transparencias? Le preguntamos.
“Por supuesto que todos buscamos más transparencias en los actos de gobierno de resolver los casos de corrupción, de antes y de ahora, pero las atribuciones que el artículo 37 le daba al Poder Ejecutivo estaban muy lejos de buscar transparencias. El proyecto de la Casa Rosada le daba poder de negociación al Procurador del Tesoro. Es inconstitucional porque como dice la Constitución Nacional en su artículo 99, se supone que el Poder Ejecutivo no debe conocer las causas y menos aún ser, como se proponía, el activo partícipe en su resolución. Para que se entienda: el procurador que es un abogado muy cercano al Presidente con esta ley tenía atribuciones de conocer las causas y elegir las que giraba al Poder Judicial. Por eso la ley, el propio Clarín la bautizó como la ley Odebrecht”.
Es decir que la ley pretendía darle el manejo de las evidencias de las causas por Odebrecht al Poder Ejecutivo.

Lecturas políticas del debate

De las declaraciones de Franco, se desprende que la lectura central del debate y de la convergencia de todas las oposiciones fue poder poner un límite a las aspiraciones de la Casa Rosada. En este caso en particular, y siguiendo los debates del miércoles se trataba de montar un marco de impunidad a los imputados en relación a las causas penales que los vinculan con el escándalo de corrupción de la empresa Odebretcht y al mismo tiempo de poder digitar las causas giradas al Poder Judicial. Le ley intentaba convalidar la negociación ilegal que vienen llevando adelante el ministro de Justicia Germán Garavano, Laura Alonso y el Procurador del Tesoro, Bernardo Saravia Frías, con los abogados argentinos de Odebrecht para la presentación de evidencias absolutamente de espaldas del Poder Judicial. Fue cuando aparecieron los nombres del propio Macri, su primo Calcaterra y Arribas. Pero más allá del texto de esta ley y sus circunstancias, el hecho de fondo que Franco no deja pasar inadvertido es la capacidad que tiene el parlamento nacional de ponerle límites al poder absoluto con que pretende manejarse Macri. Tiene que ver con la alternativa que tienen los ciudadanos en las elecciones parlamentarias de octubre. “Ponerle límites a las políticas neoliberales y reforzar la representación de las provincias en el Congreso de la Nación”, subrayó Franco.
La otra lectura del debate que hace el diputado que preside el bloque de la Renovación en la Cámara baja pasa por haber dejado al desnudo la actitud hipócrita o si se quiere cínica de los diputados como Carrió y de la UCR. “Sus discursos me remiten al teorema de Baglini –reflexionó Franco- ya que cuando están en la oposición se desviven en defensa de la República y de la división de poderes, pero ahora que son gobierno no dudan en ponerse del lado de iniciativas que avasallan las instituciones republicanas”.
En este sentido, el misionero rescató la actitud de Ricardo Alfonsín que no avaló las pretensiones que defendía el bloque de la alianza PRO – UCR en la redacción del artículo 37. “Deja al menos en una posición incómoda al diputado Pastori que votó a favor de una iniciativa a todas luces inconstitucional y violatoria del espíritu que introdujo el padre de las reformas de la Constitución del 94, Raúl Alfonsín”.

La posición insospechada de Stolbizer

En sintonía con el eje de la campaña de Cambiemos, los diputados de la Alianza trataron de dejar pegados a todos los diputados de las oposiciones con el argumento de que se ponían a defender al kirchnerismo. Pero si hay una diputada que se ganó la atención de los sets de la televisión en base a denuncias contra los K, esa es Margarita Stolbizer. Vale entonces, replicar su participación en el debate. Extraemos de la versión taquigráfica:
Stolbizer: “Señor presidente: en primer lugar quiero dedicar un párrafo a lo que significa, a mi juicio, romper los acuerdos en un ámbito como éste. Hasta hoy a la mañana había un acuerdo generalizado en el sentido de que el artículo 37 desaparecería de la redacción definitiva. (Aplausos.) Esto es al menos lo que me transmitieron durante toda esta semana.
“Pero el oficialismo ni siquiera tuvo que hacer a otros una concesión para conseguir los votos que no tenía. La concesión la tuvieron que hacer hacia el interior de su propio bloque, porque si la sesión del miércoles pasado hubiese avanzado y se hubiese llegado a tener que votar el artículo 37, algunos miembros del bloque oficialista no lo iban a votar afirmativamente.
“Entonces, no puede ser que ahora vengan a este recinto y nos quieran correr con un discurso distinto, tratando de demostrar a través de una estrategia bajísima, por supuesto que los únicos preocupados por la corrupción son ellos y poner a todos los demás del mismo lado. No se juega con esas herramientas bajas en un lugar como este y en estos momentos. Tenemos que ser sinceros frente a las cosas que estamos proponiendo.
“…por otra parte –esto lo planteamos la semana pasada , no se puede pensar que con este artículo o con esta norma estamos combatiendo la corrupción. No nos engañemos entre nosotros. La corrupción se va a terminar el día en que efectivamente haya un gran pacto o un gran acuerdo de la política para un “Nunca más” de la corrupción, el día que la sociedad considere realmente cómo debe hacerlo y deje de votar a los corruptos. Entonces, no debemos hacernos creer entre nosotros que en este artículo se juegan muchas más cuestiones de las que hay. Es cierto lo que planteó inicialmente la señora diputada Camaño. En función de esos argumentos que nos queremos vender entre nosotros, no podemos esconder que el artículo es inconstitucional para un chico de primer año de la Facultad de Derecho.
“En su exposición anterior –esto se puede corroborar en la versión taquigráfica , el señor diputado Petri dijo exactamente que el objeto del artículo 37 era tener la posibilidad de que las empresas colaboren con la Justicia. Me parece que eso está muy bien. Lo que el Poder Ejecutivo no puede hacer es arrogarse funciones jurisdiccionales que de ninguna manera van hacia un pacto administrativo o de recuperación de activos.
“En todos los casos en los que hemos tratado iniciativas vinculadas con el colaborador eficaz o el arrepentido, no hay ninguno que se vuelva bueno de la noche a la mañana. Todos pretenden mejorar su propia situación penal o procesal intentando colaborar a cambio de obtener beneficios. Lo hacen para su propia conveniencia. Esto mismo pasa con la colaboración cuando una empresa se presenta. Entonces, lo que buscan en este caso no es decir “vamos a devolver algo con lo que nos quedamos”. Esa podrá ser la consecuencia. Lo que la empresa busca mediante el acuerdo de tipo administrativo es mejorar su situación.
“Por lo tanto, este artículo pretende dar al Poder Ejecutivo una facultad jurisdiccional para que mediante ese acuerdo pueda modificar lo que la Justicia aplicó o podría aplicar. Eso es lo que lo hace inconstitucional. Así lo disfracen como quieran hacerlo y le quiten la autoridad de aplicación, el tema de la Procuración –como lo señaló la señora diputada Argumedo es un escándalo. Ahora bien, pasar esto por alto y decir que es menos inconstitucional, más leve o más razonable si pasamos esas atribuciones a la Auditoría, sinceramente es como “cargarnos” entre nosotros. Indudablemente, se busca que el Poder Ejecutivo tenga esa atribución para poner bajo su paraguas la realización de un acuerdo que solamente tiene que pasar por la Justicia. Lo que busca es un acuerdo de beneficio de tipo judicial. Entonces, el Poder Ejecutivo no puede celebrar ningún acuerdo de este tipo, insisto, para mejorar una situación que es penal o judicial.
“Cabe recordar que existen antecedentes en este sentido. Todos tenemos perfectamente claro el intento frustrado y con una finalización burda que intentó hacer el Poder Ejecutivo de este gobierno del presidente Macri. Se trataba de un acuerdo administrativo con la familia Macri con respecto al asunto del correo, que buscaba mejorar una situación habiendo un proceso judicial pendiente. Hasta el propio presidente, el día que dijo “hasta acá llegamos y todo a fojas cero”, intentó atribuirse una gestión judicial que no le corresponde, porque si alguna finalización o retroceso debía tener esto, era en la sede judicial y no en la administrativa.
“Asimismo, en el presente tenemos que el propio ministro de Justicia ha reconocido que recibió información de Odebrecht. La verdad es que están en el límite del delito si no llevan lo que tienen al lugar donde debe estar, que es en las causas judiciales donde todo esto se está investigando. El Poder Ejecutivo no puede recibir ni mucho menos retener eso porque es una interferencia en las investigaciones judiciales. De ninguna manera el Poder Ejecutivo puede hacer eso, no puede tener atribuciones judiciales. Debe tenerse en cuenta que esta situación no mejora aun cuando se pueda cambiar el artículo de la forma en que se está proponiendo.
“Por estos motivos, votaremos en contra del artículo en consideración, aun con cualquier modificación que se proponga para intentar maquillarlo, porque –insisto es un acuerdo que no resiste un análisis de constitucionalidad. (Aplausos.)

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