La legislatura misionera aprobó un proyecto para solicitar que el Ejecutivo nacional declare la emergencia yerbatera. Pese a las críticas hacia la postura del radicalismo, que evitó la discusión de la emergencia en el Congreso, desde la alianza Cambiemos volvieron a justificarse.

 

Posadas (Viernes 7 de julio). Otra vez, la discusión por la crisis que atraviesa la yerba mate y la inacción del Instituto Nacional de la Yerba Mate (Inym) para resolver este problema volvió al Parlamento misionero y visualizó, a través del debate, la postura ideológica de las distintas fuerzas políticas que integran la Cámara de Representantes de Misiones.
El proyecto de Comunicación del diputado Hugo Escalada, del frente Avancemos, solicita al Poder Ejecutivo Nacional que declare en Emergencia Económica, Productiva, Financiera y Social, por un año y prorrogable por otro, a los eslabones más débiles de la cadena yerbatera, “tareferos y productores” y a la producción primaria, por incumplimiento a lo establecido por la Ley Nacional 25.564 (ley de ceración del Inym) y su Decreto Reglamentario 124/02.
“Así como en la emergencia hídrica se colaron beneficios para las peras y manzanas, pedimos a los legisladores nacionales que presenten un proyecto de similares características para que en Misiones podamos acogernos a este beneficio. No terminamos de entender la respuesta del Congreso” respecto a negarse a debatir el problema, dijo Escalada, que resaltó que “votaron en contra del debate”, más allá que después aprueben o desaprueben el pedido.
“El debate del tema en el Congreso hubiera puesto la cuestión yerbatera en el tapete. El debate en el recinto sirve para poner luz y que cada uno argumente desde su lugar. Los propios medios de comunicación terminan replicando ese debate pero al suprimir el debate, suprimieron el tratamiento y esto no es una cuestión menor, menos sobre un producto de consumo masivo como es la yerba mate”.
Calificó además, al tecnicismo que esgrimió el diputado de la alianza Cambiemos, Luis Pastori, como artilugio. Ese artilugio no puede ser esgrimido por gente nuestra; entiendo que lo pueda decir alguien del país central pero no que lo digan los nuestros, los misioneros. Estamos comprometidos en lograr que este tema vuelva al Congreso nacional. Nuestros productores se merecen que esta cuestión sea debatida en el Congreso”, insistió Escalada.
El diputado provincial Gustavo González, de la Alianza Cambiemos (que integran los diputados Alex Ziegler y Luis Pastori en diputados de la Nación y que votaron en contra de introducir este tema en el debate del Congreso), defendió esa postura argumentando que solo se trata de hacer cumplir la ley. Si bien acompañaron desde el bloque radical el pedido de Escalada, volvieron a justificar que no hayan votado a favor de debatir el tema en el Congreso: “los estados de emergencia de emergencia agropecuaria, o zona de desastre, deberán ser declarados previamente por la provincia afectada para que después el Congreso Nacional haga lo mismo”, expresó.
Después, el titular de la comisión de Desarrollo Forestal, Agropecuario y de Cooperativas de la Legislatura, Aníbal Vogel, reseñó los sucesivos debates que se llevan a cabo en la comisión y donde, entiende, las soluciones están en manos del Inym, a través de la aplicación de las leyes que da sustento a la creación de ese organismo. “Este tema se debatió hasta el hartazgo”, dijo.
Los diputados Héctor Cacho Bárbaro y Martín Sereno, del Partido Agrario y Social, en tanto, volvieron a reclamar que Misiones recupere el manejo de una de las principales actividades económicas de Misiones y que elabora cerca del 80 por ciento de la yerba mate que se consume en el país.
Propusieron, en ese sentido, dictar normas provinciales y crear los mecanismos para evitar que esta actividad termine concentrada como el té, con la consiguiente afectación de miles de productores.

En crisis y defensa del sector

En los fundamentos de su proyecto, el diputado Escalada consigna que el sector yerbatero involucra a unos 17 mil productores (de los cuales, 15 mil tienen predios de menos de 25 hectáreas de yerba) y a cerca de 16 mil tareferos, lo que permite inferir, dice, que más del 50 por ciento de las familias rurales de Misiones obtienen ingresos del sector. Esto la convierte en una actividad con fuerte impacto social.
“La actividad yerbatera está en crisis desde 1996, cuando dejó de estar regulada (venía de 50 años de regulación) sin el acompañamiento de políticas públicas mínimas que le permiten funcionar eficazmente” y que derivó en una actividad “donde la evasión causa estragos”.
Según estimaciones de la Unión Argentina de Trabajadores Rurales y Estibadores (Uatre), un 80 por ciento de los trabajadores de esta industria es informal.
“El sector tarefero es el más pobre entre los pobres. Una gran mayoría trabaja en condiciones deplorables; tiene ingresos de indigencia y no cuenta con protección social. Lo peor es que arrastra a su familia con él. Los hijos son retirados de las escuelas para la tarefa y, con ello, se les coarta cualquier oportunidad futura. Esto se denomina técnicamente “transmisión intergeneracional de la pobreza”.
Además, la retribución baja del trabajo implica también un ingreso bajo para el pequeño productor, que realiza la cosecha con su familia. El costo de la mano de obra representa más de la mitad del precio obtenido. La caída del precio real de la yerba mate desde 1996 produjo una crisis en todo el sector. Por presión de los productores, se creó el Instituto Nacional de la Yerba Mate (INYM), cuyo objetivo era el de mejorar la situación del sector, estableciendo un precio “justo” y sistemas de control, expresó.
En ese sentido, recordó que en sus primeras medidas, el Inym fijó un precio -que es obligatorio- por encima de lo que se estaba pagando en el mercado. Según estimaron informantes calificados, algunos secaderos e industriales han encontrado métodos para evitar pagarlo. Siendo que el sector está sobre ofertado, tratar de imponer un precio mayor a los que existen actualmente en el mercado sin resolver los problemas estructurales que tiene esta industria es quimérico”.
“Afrontémoslo: el sector yerbatero -como está desorganizado- es un promotor de pobreza, no de riqueza, para la mayoría de sus integrantes. Sin embargo, la solución está dentro del sector. Con diagnósticos objetivos, liderazgos competentes, políticas apropiadas y teniendo como objetivo el bienestar de todos, la situación se puede revertir”, expresó Escalada en el proyecto que finalmente obtuvo el voto favorable en la sesión de este jueves.

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