Germán Bordón logró anoche el apoyo de toda la Cámara de Representantes para sancionar una ley que visibilice la garantía de todo detenido de ser llevado a presencia de quien lo requiera. Como es poco conocida no se ejerce e incluso en negada en las comisarías. Se establece la obligación de exhibir un cartel con los derechos garantizados por la Constitución.

Posadas (viernes, 14 de julio) Germán Bordón logró el apoyo de toda la Cámara de Representantes para convertir en ley su iniciativa de visibilizar el derecho de todo detenido en las comisarías provinciales de ser llevado a presencia de quién lo solicite, ya sean familiares, amigos, defensores o simplemente quien lo requiera.
Desde anoche es ley la obligación de todas las comisarías de exhibir de forma clara y visible al el texto del tercer y cuarto párrafo del Artículo 14 de la Constitución de la Provincia de Misiones, que establece lo siguiente: “La autoridad a cuyo cargo esté la custodia de un detenido está obligada, sin perjuicio de las medidas y precauciones asegurativas del caso, a llevarlo a la presencia de cualquier persona que lo requiera”.
El diputado Bordón venía bregando por la ley desde hace más de un año. Como abogado del foro local advirtió en el ejercicio de su profesión que entre las garantías penales que establece la Constitución de Misiones, el derecho de todo detenido de “ser llevado ante la presencia de” es muy poco conocido por la ciudadanía en general. Esto lleva en la práctica a que en muchas ocasiones esa garantía no es ejercida, precisamente por ser desconocida, y en sede policial se toman la atribución de negarla cuando se requiere ver al detenido, sobre todo en los momentos inmediatos posteriores a la detención.
Por eso, en el texto de la ley sancionada anoche, se establece taxativamente que “el incumplimiento o negligente observancia de las obligaciones señaladas en la presente disposición, ocasionan al funcionario o empleado responsable la pérdida de su empleo, sin perjuicio de las sanciones penales que puedan corresponderle”.
Una novedad de la ley es determinar al Ministerio de Derechos Humanos como autoridad de aplicación. Es decir que sutilmente se establece un control por fuera del organigrama del Ministerio Gobierno al que se subordina la Policía.
Dispone también la ley la necesidad de difundir la existencia de la garantía constitucional a través de una amplia campaña.

Garantía poco conocida

En los fundamentos para presentar la idea, Bordón destaca que “nuestra Constitución Provincial, en su artículo 14 establece la obligatoriedad de llevar a la presencia de quien lo requiera, a las personas detenidas. Esta obligación tiene como fin garantizar, entre otras cosas, que las personas interesadas, sean familiares, amigos o simplemente personas interesadas en saber el estado de una persona que se encuentra detenida, puedan cerciorarse de que esa persona se encuentra en buen estado de salud y que integridad física no sea afectada con motivo de la detención”.
Explica que “esta garantía constitucional se encuentra establecida entre las garantías penales de las que gozan todas las personas en nuestra provincia, como por ejemplo no ser detenido, salvo el caso de flagrancia en delito o contravención, sin una orden escrita emanada de autoridad competente fundada en indicios serios sobre la existencia de un hecho punible y la presunta responsabilidad de su autor o partícipe. También establece el mencionado artículo 14, que la detención no podrá prolongarse por más de veinticuatro horas sin ponerse al detenido a disposición del juez y notificársele la causa de su detención”.
Y agrega que “entre las mencionadas garantías se encuentra esta de la obligación de “llevarlo a la presencia” de quien lo solicite, al detenido. Lamentablemente esta garantía es poco conocida por la ciudadanía en general y en muchas ocasiones no es ejercida por las personas que, ante la detención de una persona, se ven imposibilitadas de ver las condiciones en las que se encuentra esa persona, por la negativa que suele darse en sede policial, cuando se requiere ver al detenido, sobre todo en los momentos inmediato posteriores a la detención. Por esas razones, resulta necesario difundir lo establecido en nuestra Constitución Provincial, para permitir que las personas puedan hacer uso de esta garantía que permite controlar que no se violen los derechos de aquellas personas que se encuentran detenidas y esa difusión debe darse no solo en el ámbito donde deban exhibirse obligatoriamente los carteles, sino también a través de distintos medios de comunicación y difusión, que permitan a toda la comunidad conocer lo establecido en el artículo 14 de la Constitución Provincial.

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