La convocatoria de la Corte a las provincias, entre ellas Misiones, revela la clara intención de respetar los pactos de la Política. De respetar la autonomía de la Política. Tiene el propósito de dejar en el pasado el desaguisado fiscal que se armó desde 1992 con la retención del 15% de los fondos provinciales para financiar el Anses y rubricar los acuerdos para la devolución gradual del 3% que ya está en vigencia.

Posadas (Miércoles, 16 de agosto) La convocatoria a 22 Provincias, entre las que se cuenta Misiones, formulada por la Corte Suprema de Justicia de la Nación el 10 de agosto pasado revela una clara intención de respetar los pactos de la Política sobre la fría interpretación de las normas escritas. De valorar la autonomía de la Política. Todo lo contrario a lo que se viene interpretando cuando se habla de exigencias. Lejos está de los actores de “judicializar” la política.
Hay dos temas vinculados a la distribución de los ingresos entre la Nación y las provincias en las que interviene la Corte que tiene la misión de resolver conflictos interestatales por mandato de la Constitución ya desde los años de la organización nacional.
Una de esas cuestiones está vinculada a la presentación que hicieron las provincias por la inconstitucionalidad de la prórroga establecida, durante el gobierno de De la Rúa y el ministro Cavallo, del pacto fiscal que en los años de Menem ya había promovido el mismo Cavallo por el cual las provincias cedían el 15% de masa de impuestos coparticipables para destinarlos a la Anses. Como se recordará, en noviembre de 2015, cuando ya estaba consagrado Mauricio Macri como presidente de la República, la Corte declaró inconstitucional un decreto presidencial vigente desde el gobierno de la Alianza que bajó en 1,90% los recursos coparticipables del Estado nacional con las provincias. Al mismo tiempo falló a favor de Santa Fe y San Luis contra el Estado nacional por la retención de ese 15 %. Fue una bomba sobre las finanzas para un gobierno que todavía no había asumido de 30 mil millones de pesos. Además en respuesta a una medida cautelar solicitada por Córdoba por el mismo motivo, la Corte obligó al Estado a suspender las deducciones, lo que representaba otro costo fiscal de 16 mil millones para 2016.
Como no podía ser de otra manera, y para no caer en incumplimiento de los deberes de funcionario público, todas las otras provincias presentaron el reclamo por el pago retroactivo de lo descontado indebidamente.
Entonces, se estimó que el costo fiscal de los dos fallos de noviembre de 2015 se elevaría a 363.648 millones de pesos más intereses en caso que todas las provincias se sumaran al reclamo de Santa Fe, San Luis y Córdoba.
Los fallos se difundieron en el brindis de fin de año que la Corte ofrece habitualmente a la prensa. Ese día, Ricardo Lorenzetti anunció la sentencia a la que calificó de “trascendente”, señaló que tiene que ver “con el federalismo fiscal”, es decir “con el diseño fiscal del país en materia de federalismo, que va más allá de cualquier gobierno” y aludió al concepto “descentralizado”. Se interpretó sin embargo que le “marcaba la cancha a Macri antes de asumir”. Como fuere, el desaguisado hecho por los ministros de Economía que se sentían dueños de los gobiernos desde 1992, ponía al gobierno que estaba iniciando su gestión en una situación fiscal, que muchos afirmaban era inviable.
Pero apareció la política. Desde la experiencia histórica y el aprendizaje durante el proceso democrático, la dirigencia responsable entiende que las crisis en la Argentina siempre las terminan pagando los sectores más desprotegidos. Así, los restantes gobernadores, incluyendo al de Córdoba, firmaron con el gobierno nacional un acuerdo federal en el que todas las partes cedieron algo. Fue histórico. El acuerdo previó la devolución en forma progresiva y escalonada del 15 por ciento de la Coparticipación durante los años 2016, 2017, 2018, 2019 y 2020, a razón de 3 por ciento anual, por lo que para 2020 la detracción del Estado Nacional en materia de fondos coparticipables será del 0 por ciento, pero las provincias renunciaban a la devolución del descuento anterior. Y ese acuerdo ya está en vigencia. Precisamente, la convocatoria que hizo el jueves pasado la Corte es para ponerle el moño al acuerdo que había tenido el 2 de agosto del año pasado, una carta de intención Nación – Provincias. Pretende cerrar el tema. Y se somete a la decisión de la Política.
Quedará así despejado el escenario de los intríngulis judiciales para seguir tratando, siempre desde los consensos políticos, los otros compromisos asumidos entre Nación y Provincias. Como recuerda la Corte, entre ellos figura impulsar una nueva Ley de Coparticipación Federal de Impuestos “con el objeto de continuar en la profundización de las políticas que se están implementando a los efectos de fortalecer el federalismo en la República Argentina, y de lograr el desarrollo sostenido, equilibrado y homogéneo de las economías locales”

Audiencia con Lorenzetti

El otro tema en el que los gobernadores involucraron a la Corte, son los pedidos de audiencia. Como ya se informó, Hugo Passalacqua, en línea con lo que también realizarán los demás gobernadores, pidió una audiencia con el presidente de la Corte, ante el reclamo de la Provincia de Buenos Aires por la actualización del Fondo del Conurbano Bonaerense.
“No estamos en contra de que la gobernadora Vidal pida más recursos, tiene todo el derecho de peticionar. Lo que no queremos es que lo haga a expensas de los misioneros”, recalcó ayer el gobernador Hugo Passalacqua, en contacto con algunos medios locales.
“Firmé un pedido de audiencia dirigida al presidente de la Corte Suprema de Justicia, Ricardo Lorenzetti, porque queremos hacerle conocer nuestra postura”, aclaró el mandatario.
“El objetivo es la defensa de los intereses de todos los misioneros”, insistió Passalacqua en dirección a la postura que fuera expresada ya la semana anterior por un grupo de gobernadores, en la Casa de la Provincia de Entre Ríos, donde se dejó en claro que todas las jurisdicciones insistirán en la protección de los propios fondos provinciales, los cuales se verían perjudicados de avanzar el pedido de la gobernadora María Vidal.
Es decir que no hay judicialización alguna y nada tiene que ver con la cuestión del 15%.

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