El diputado Carlos Rovira presentó un proyecto de Ley para prorrogar las sentencias sobre viviendas única y familiar y tierras de producción agropecuaria única y familiar, cuando se verifica una ocupación superior a ocho años. Buscan darle más tiempo a los organizamos para avanzar en una solución de fondo, sostiene el proyecto.

Posadas (Lunes 18 de septiembre). Un proyecto de Ley del diputado Carlos Rovira propone modificar el artículo de una ley para prorrogar hasta el 31 de diciembre de 2018 la suspensión de ejecuciones de sentencias “que tienen por objeto ordenar el desalojo o remate de inmuebles destinados a vivienda única y familiar y a vivienda y producción agropecuaria única y familiar, cuando se verifica una ocupación superior a ocho años, sobre predios urbanos y rurales, respectivamente, sean éstos fiscales o privados”.
Según la propuesta, la vigencia de la suspensión por el plazo señalado está sujeta a que los beneficiarios acrediten en el expediente judicial que están empadronados antes del 28 de febrero de 2018, tal como lo prevé el Artículo 6 de la Ley XII – Número 28, sobre la que proponen la modificación del Artículo 1.
El proyecto propone prorrogar por un año la vigencia de la Ley, con el objeto de seguir trabajando en la solución de fondo para aquellos que pueden ser desalojados de sus hogares y con la intención de darles más tiempo a los organismos provinciales encargados de estas soluciones. Mientras tanto, la ley protege del desahucio de los habitantes de inmuebles destinados a vivienda única y familiar y a vivienda y producción agropecuaria única y familiar, cuando exista una ocupación comprobable de más de ocho años, tanto en predios urbanos como rurales.
El proyecto de Rovira destaca el esfuerzo del Poder Legislativo para responder con rapidez a los conflictos de desalojos planteados ante los juzgados de Misiones, sustentado en el marco de “la constitucionalización del derecho privado”, desarrollado progresivamente en el ámbito jurídico desde la reforma constitucional de 1994 y plasmado en la sanción del nuevo Código Civil y Comercial de la Nación “que aplica al derecho privado los valores fundamentales expresados en nuestra Constitución, por lo que éstos ya no sólo obligarán al Estado en sus relaciones con los habitantes de nuestro territorio, sino también a los particulares entre sí”, sostiene.
Y fundamenta con que los derechos humanos no se circunscriben solo a los delitos de lesa humanidad sino que incluyen el derecho común, como el acceso a una vivienda digna, entendiendo a esta como el espacio que garantiza la efectividad de los derechos de la personalidad, haciendo las veces de “estuche” para la vida, dice en os fundamentos del proyecto.
“Nuestra Constitución Nacional, también la Provincial y la jurisprudencia son contestes en reconocer la protección del derecho a la vivienda como bien jurídico. Toda esta normativa no pasaría de ser una expresión de deseos si los representantes del pueblo de la Provincia, no encaran una firme posición junto al Gobierno de la Provincia y se ocupan de los casos en que la desigualdad de condiciones económicas y de oportunidades conforman situaciones de manifiesta injusticia y ponen en serio riesgo la vigencia de este derecho tan declamado”, agrega.

“Trabajar por una solución de fondo”

También considera que desde el punto de vista político, “tenemos presente que se trata de una solución parcial pero al mismo tiempo sentimos la profunda convicción de que debemos continuar trabajando para encontrar la solución de fondo a la problemática, dado que de lo contrario muchos misioneros corren peligro de ser desalojados debido a procesos judiciales y problemas económicos”.
Entiende que se trata de una solución temporaria pero con el compromiso de seguir trabajando sobre una solución integral, “haciéndose eco de la influencia que los derechos fundamentales tienen en las relaciones jurídicas entre dos o más particulares o bien el propio Estado”.
Finalmente, en los fundamentos, el Proyecto asegura que “atendiendo la circunstancia especial de los deudores afectados a ejecuciones de sentencias que conllevan la posibilidad cierta de desalojo y buscando la concreción de respuestas definitivas que atiendan los intereses de deudores como acreedores, estimamos necesaria la presente respuesta a estos casos, extendiendo los plazos previstos en la Ley XII – Número 28 para garantizar la llegada definitiva de la anhelada solución, para que las familias afectadas no caigan en una situación de desamparo”.

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