El presupuesto de la Cámara de Representantes de Misiones fue estimado en 688 millones de pesos para 2018. Representa el 1,2% del gasto público y el 0,1% del PBG. Es el costo de la democracia que hay que contraponer con el costo de la dictadura: endeudamiento que trasfiere poder al sector financiero y condiciona a los gobiernos, destrucción de la industria nacional, herencias como el monopolio en los medios de comunicación y retroceso cultural a la legitimación del odio a las diferencias.

Posadas (Miércoles, 4 de octubre) En 2011, en pleno debate por la carga impositiva en los Estados Unidos, los profesores de la Universidad de Nueva York, Stephen Holmes y Cass R. Sunstein, publicaron un trabajo que titularon: “El costo de los derechos”, difundido aquí por Siglo XXI con el subtítulo “Por qué la libertad depende de los impuestos”. Uno de los ejes del ensayo planteado en el libro es la dependencia que los derechos individuales tienen respecto de los recursos colectivos, extraídos y gastados por el Estado. La teoría refuta la distinción del liberalismo o más bien de los intereses del Capital entre “libertad y gasto público”. Sostienen que esa falsa disyuntiva se basa en un mito y la construcción simbólica de los grupos económicos. “La gente identifica la libertad con la ausencia de intervención por parte del gobierno, pero no piensa en las implicancias de esta idea”, sostienen para formular preguntas retóricas ¿se podría ejercer el derecho a votar en una democracia sin la subvención del Estado? Más aún ¿se podría comprar y vender en la libertad del mercado sin regulaciones del Estado? Hasta el servicio de Justicia demanda insoslayablemente subvenciones. Por eso entienden que “la crítica a los derechos de bienestar que argumentan implica transferencias de riquezas que no se derivan del trabajo. Y aluden a aquellos que no crean riqueza por sus propios esfuerzos. Pero los derechos de propiedad de los ricos no pueden ser protegidos sin las regulaciones del Estado, más aún contra los ejércitos extranjeros y nacionales incendiarios sin la cooperación del resto de la comunidad”. En síntesis refutan el principal argumento en contra de la reglamentación del Estado de bienestar, ya que, en realidad, “refleja un deseo de los ricos de acaparar tanto dinero como puedan, sin atender a la amplia ayuda que recibieron de la comunidad para la acumulación de dichas riquezas y para protegerlas en el tiempo”. Sin Estado la organización social retrocedería a los tiempos del feudalismo ya que los grandes capitalistas deberían hacerse cargo de sus propios ejércitos para defender sus propiedades.
Inspirados en estos profesores neoyorquinos podemos hacer referencia al costo de la democracia. Así como hay una relación entre impuestos y el ejercicio de la libertad, existe también una relación entre el costo de sostener las instituciones y el ejercicio de la democracia. Y en nuestro sistema de gobierno, si bien son Ejecutivo dependientes, la representación popular se expresa preponderantemente en los parlamentos, porque es el espacio reservado para hacer escuchar las voces de las minorías. Parafraseando a los profesores, así como el ejercicio de los derechos tiene un costo para la sociedad que se paga con impuestos, diríamos que la Democracia tiene un costo. ¿Y cómo se calcula? Si la democracia se legitima en un gobierno que da respuestas a las demandas básicas de salud, educación, justicia, seguridad y empleo, se estaría reduciendo la ecuación a la del costo de los derechos. Pero la democracia es más, es el ejercicio colectivo de la sociedad para ampliar derechos y proponerse transformaciones. Un gobierno democrático no sólo se caracteriza por las obras públicas. Las cloacas, el agua potable y el asfalto no tienen ideología. El concepto de democracia es más amplio e implica la institucionalización de la resolución de los conflictos que inexorablemente van a existir en cualquier sociedad. Desde hace más de dos siglos, al menos desde las revoluciones burguesas del Siglo XVIII, la institución que caracteriza el funcionamiento democrático en la toma de decisiones es el parlamento.
Sobre esta base podemos decir que el costo de la democracia en Misiones es el costo de mantener funcionando la Cámara de Representantes.
¿Cómo calcular ese costo? ¿Hay parámetros para estimar si es mucho o poco?
El presupuesto de la Cámara de Representantes de Misiones para 2018 fue estimado por el secretario Daniel Cáceres en 688.572.000 de pesos por todo concepto. Incluye no sólo los salarios de los trabajadores y dietas de los diputados sino el funcionamiento de instituciones creadas en el ámbito parlamentario como la Comisión de Lucha Contra la Tortura o la Escuela de Robótica. Para estimar su costo, se puede hacer referencia a la relación con el presupuesto total de la Provincia. Es un método. Representa sólo el 1,25% del gasto público. Vale en este sentido compararlo con el porcentaje de costo del Congreso nacional que para 2018 tiene un presupuesto de 122 mil millones de pesos que alcanza al 4,5% del Ejecutivo nacional, estimado en 2,6 billones de pesos.
Otro método de medición del costo es poner el gasto del parlamento en relación al PBI. En esa ecuación y en números redondos, el costo del funcionamiento del Congreso es del 1% del producto estimado por el Ministerio de Economía. Aquí, si aplicamos el mismo método para estimar el costo que paga la sociedad misionera por el funcionamiento de su Cámara de Representantes es del 0,18% si se pone en función el PBG estimado por la DGR, en función a la recaudación impositiva de los distintos sectores de la economía provincial, utilizando para ello métodos de aproximación, como las declaraciones juradas de los contribuyentes.
Estos datos revelan el bajo costo que tiene el funcionamiento del sistema democrático fundado en delegación popular a representantes en la institución parlamentaria. Es la institución que cerraron todas las dictaduras argentinas. ¿Cómo calcular el costo de un sociedad sin diputados? Es lícito en ese sentido remitirse a los efectos de la dictadura de Videla y Martínez de Hoz. Podemos computar el endeudamiento externo que condicionó para siempre a la economía argentina y restringió el poder en la toma de decisiones del gobierno de Raúl Alfonsín. ¿Cuánto le costó a la Argentina el desplazamiento de Bernardo Grispun del Ministerio de Hacienda? Es difícil también calcular los costos de la destrucción de la industria nacional y la extranjerización del sector financiero operados a fuerza de represión y crímenes de lesa humanidad por la dictadura 1976/83. Y ¿cuánto le cuesta a la sociedad el silenciamiento de la pluralidad de voces sometido por la monopolización de la comunicación también planificada por la dictadura y que se inició con la enajenación de Papel Prensa?
Se puede seguir computando efectos nefastos sobre la sociedad cuando la representación institucional en la toma de decisiones es restringida con el cierre de los parlamentos.
Estos costos que imponen a las sociedades, tanto el funcionamiento de las democracias como de las dictaduras, subyacen en la prédica de la anti-política que siempre apunta al desprestigio de diputados y senadores. Y si se compara, se puede concluir que el costo de la democracia es altamente compensado con el contrapeso de poder expresado en los parlamentos.

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