El consenso fiscal firmado por el Presidente y los gobernadores sólo se entiende articulado a los proyectos de reformas tributaria, laboral y previsional que ingresaron al Congreso. El pacto se logró después de concesiones mutuas. Nación se hacer cargo del Fondo del Conurbano además de otras compensaciones. Aunque en el caso de Misiones no cubren totalmente la caída de recursos por la reducción de ingresos brutos, la Renovación acompañó el acuerdo que pretende recuperar la economía.

Buenos Aires (Jueves, 16 de noviembre. Enviado especial) El pacto fiscal que firmaron hoy gobernadores con el presidente de la República tiene una significación esencialmente política.  Tal como lo resaltó el gobernador Hugo Passalacqua es el acuerdo en sí lo que determina lo histórico. Los acuerdos y los pactos forman parte de la vocación de paz de nuestros pueblos ya que son fundantes de nuestra nación y preexistentes. Esa atmósfera de diálogo y de trabajo en función de consensos que entusiasma a un amplio arco de representación política se registra sobre cuestiones concretas que la política está resolviendo.

Principalmente es un consenso fiscal que busca desistir de los juicios entre la Nación y las Provincias (son 56 juicios en total) de modo que sea el acuerdo político y no un fallo de la corte que termine resolviendo el tema de la distribución de los recursos. Ya sea tanto el juicio por el Fondo del Conurbano que podía perjudicar a las provincias en favor de Buenos Aires como los juicios por el 15% del Anses y la AFIP que podían perjudicar a la Nación en beneficio de las provincias.

El reclamo de Buenos Aires estaba fundado en derecho y en antecedentes políticos. La provincia fue la gran perjudicada en 1988 cuando se modificaron los índices de distribución secundaria. Si Misiones perdió un punto, que representa el 25% de su copa, buenos Aires perdió 10 puntos, aproximadamente el 30%.  Eso trató de ser compensado por ley a pedido entonces del candidato a gobernador Eduardo Duhalde con el famoso Fondo del Conurbano. La gobernadora Vidal, si bien estuvo poco diplomática al llevar el caso a la Corte, tenía la razón de su lado y como gobernadora estrella del PRO tenía todas las posibilidades de recuperar el 100% del Fondo en forma inmediata. Sólo la lealtad de Scioli con el peronismo y los Kirchner postergó un reclamo que era inexorable.

De aquí hay que partir para ponderar el acuerdo. Los dineros que tenían que poner las provincias alcanzaban los 65 mil millones de pesos de este año y de aquí a la eternidad y debían salir del porcentaje que le correspondiera a cada distrito.  En el acuerdo se establece que es la Nación la que pone esos recursos.

No es del todo acertado afirmar entonces que es un triunfo de la gobernadora Vidal. Es de todas las provincias. Si bien nuestro cronista no tuvo la palabra en la conferencia de prensa que ofrecieron después de la firma del Pacto en la Casa Rosada a horas de mediodía, fue testigo de que el clima enrarecido que se vivía ayer en las reuniones previas en el CFI se fue diluyendo y se veía a muchos gobernadores distendidos, al punto que no cayó como una adulación cuando la gobernadora de Tierra del Fuego dijo en la conferencia de prensa, es el primer pacto que no afecta derechos de las provincias.

Otro ítem del Pacto es el consenso fiscal para reducir gradualmente la presión tributaria nacional con el compromiso de apoyar el proyecto de reforma tributaria que ingresó al Congreso esta semana y acordar una reducción gradual de impuestos provinciales.

Se decía aquí, entre los colaboradores de los mandatarios provinciales que esta exigencia está articulada a otros consensos en puntos específicos como apoyar el proyecto de ley de responsabilidad fiscal que para la administración de la Renovación no es una imposición sino doctrina que ya se aplica desde el primer gobierno de Carlos Rovira. Y está articulada también con el compromiso de Anses de financiar con celeridad las cajas jubilatorias provinciales como el IPS.

El punto más complicado para llegar al acuerdo no era político sino jurídico: los gobernadores no tienen la atribución de renunciar a juicios a pena de ser sometidos a juicio político por incumplimiento de los deberes de funcionario público. Pero en definitiva, en el acuerdo que deberá ser refrendado por las Legislaturas, la nación compensa a Buenos Aires y a las demás provincias por el desestimiento de los juicios. En el caso de Misiones está compensación no cubre totalmente a caída de recursos por la reforma tributaria nacional y reducción de ingresos brutos.

Forzosamente generará un impacto en las arcas del Tesoro provincial ya que la recaudación de la DGR estaba calculada para 2018 en más de 8 mil millones de pesos.

En síntesis, con el Pacto Fiscal, que está articulado a las reformas permanentes que anunció el presidente Macri, Misiones vuelve a mostrar la actitud colaborativa con las políticas del gobierno nacional que fueron plebiscitadas en las urnas. En un momento crítico, hay que señalar que los gobernadores de Cambiemos no estaban dispuestos ayer a firmar el Pacto y no ocultaban su enojo con los ministros nacionales, en un momento crítico decíamos, el gobierno de la Renovación decidió acompañar el esfuerzo de todos los estamentos nacionales en la búsqueda de recuperar la economía, crear empleo y bajar la inflación.

Mañana empieza un trabajo interno. El Pacto tendrá efecto si se extiende en todas las provincias y en todas las intendencias. De todos modos es declarativo y no obligatorio para los municipios.

Como se decía el Pacto es principalmente un consenso fiscal que trata de hacer borrón y cuenta nueva en los reclamos cruzados de las provincias con la nación y es un complemento de la reforma tributaria que ingresó al Congreso, no modifica el modelo estructuralmente.

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