Los gobernadores dialoguistas tuvieron éxito en aumentar las partidas para obras públicas en el debate por el Presupuesto Nacional. Fueron reivindicados por la realidad de los números y también en los discursos. Pastori, que se destacó como miembro informante del oficialismo sugirió “no subestimar a los gobernadores ni a la gente que los vota”.

Buenos Aires (Sábado, 23 de diciembre. Enviado especial) El debate por el Presupuesto nacional que cerró ayer viernes a la madrugada, tuvo un nuevo protagonista en el escenario político: los gobernadores. A pocos días de ser escrachados por dar quórum y votar la reforma previsional, los mandatarios provinciales lograron introducir modificaciones al proyecto de la Ley de leyes y sumar 10 mil millones de pesos extras para la realización de obras públicas.
Pocas horas antes de que comenzara la sesión en la que se aprobó en la Cámara de Diputados el Presupuesto de Recursos y Gastos para 2018, representantes de las provincias, como Misiones que tiene su bloque propio con cinco legisladores, lograron sumar a las previsiones presupuestadas una planilla con el financiamiento de obras que son reclamos del interior. Se los veía entrar y salir del despacho del presidente Emilio Monzó conectado en directo con los ministros de Interior y Hacienda.
No fue el mediano plazo sino a pocos días de la jugada de los gobernadores que la realidad misma los reivindica. Fue rescatado por varios diputados en las exposiciones que se extendieron más de 10 horas. Para Misiones tiene una significación política especial que lo subraye Luis Pastori, un eterno opositor a la Renovación en la provincia. En medio de una exposición técnica se tomó el tiempo para destacar, “les pediría que no subestimen a la gente que vota, que no subestimen a los gobernadores que firman acuerdos, porque los subestiman y los destratan. Hasta los trataron de “prostitutas de Macri”. Esta forma de catalogar a los gobernadores electos por la voluntad popular, que la mayoría no son del interbloque Cambiemos ‑solamente 5 sobre 21 jefes de distrito‑, nos da vergüenza ajena. No hay que subestimar a los gobernadores ni a la gente que los vota, así como a la que vota a los presidentes”.
Pero desde Buenos Aires no se termina de entender. También el periodismo deja en evidencia su matriz unitaria cuando reduce todo a un “toma y daca” para afirmar que las obras constituyen “el pago de favores” a los gobernadores que pusieron la cara por la reforma previsional. Ese abordaje conspirativo choca con la simple lectura de la planilla en la que aparecen obras en provincias representadas por diputados que no acompañaron la reforma ni dieron quórum. Si al mismo tiempo se habla de la presión de “caudillos provinciales”, la lectura de lo que está sucediendo no puede aproximarse a la realidad ya que parte de premisas erróneas.
Las gestiones que hicieron los diputados por Misiones para sumar recursos fueron replicadas por los representantes de cada uno de los distritos. Los que no dieron quórum e incluso los electos por Cambiemos. El caso paradigmático es el de San Luis que consiguió 900 millones de pesos para la obra del dique Quines y 750 millones para un acueducto. Misiones se vio beneficiada con 100 millones para el acueducto troncal de Oberá y 10 millones para la línea 132 Alem –Oberá. La comparación de los montos asignados refuta por sí sola la teoría del tome y daca.

La contradicción Nación – Provincias

El firme y definitorio acompañamiento de los gobernadores a las reformas y su decisión de cumplir con los acuerdos alcanzados por la dirigencia en la cumbre de la Casa Rosada el 16 de diciembre en función del pronunciamiento popular del 22-O centra en el escenario político la contradicción dialéctica entre nación y provincias. Habla del espíritu de época. No es casual la centralidad que tuvo la cuestión federal en el debate por el presupuesto. Sobre las dos posiciones extremas, la del oficialismo en defensa de los ejes de las políticas económicas y sociales y las que anuncian su fracaso y los cruces por la naturaleza de esas políticas, si constituyen o no un ajuste, si son neoliberales o heterodoxas, y aún sobre las posiciones intermedias, lo concreto es que ninguno de los oradores dejó de hacer referencias a las relaciones con las provincias.
Los miembros informantes, el PRO Luciano Laspina y el UCR Luis Pastori no casualmente encuadraron los fundamentos del Presupuesto en la cuestión federal. Entre paréntesis, Pastori es el primer misionero que desde 1983 se convierte en miembro informante de la ley de leyes. Se supo ganar el espacio en un partido poco afecto al rigor de los números.
Laspina, un economista de Santa Fe, es el máximo referente del oficialismo en estas cuestiones. Si bien utilizó la mayor parte de su tiempo para desarrollar los ejes de la sustentabilidad del proyecto de crecimiento las encuadró una la “realidad política de que este es un gobierno en minoría, fundamentalmente en el Senado de la Nación, donde como lo establece la Constitución Nacional las provincias tienen una enorme representación para negociar y discutir políticas”. A su turno Pastori, remarcó el encuadre: “el hecho de que no contemos con mayoría propia en la Cámara de Diputados ni en el Senado claramente refuerza la necesidad de buscar acuerdos políticos”, admitió. Al mismo tiempo hizo hincapié en las posibilidades democráticas que abre la debilidad que se expresa en esa minoría y la fortaleza del diálogo que, según dijo “no solamente permitan aprobar la propuesta sino que garanticen la vigencia de esta norma en el futuro, más allá de los eventuales cambios de gobierno que puedan sobrevenir”.
La contradicción dialéctica entre la organización nacional y los derechos soberanos de las provincias que está presente en la política argentina desde nuestra independencia, marca una particularidad en la delegación popular. Nunca como en los últimos 35 años es tan imperiosa, desde la realidad misma, re-establecer la relación entre la Presidencia y las Gobernaciones. Desde un abordaje clasista se podrá sostener que la contradicción fundamental en la Argentina es pueblo – antipueblo, y más aún, Patria o Colonia. Fueron las categorías que alinearon las adhesiones a los tradicionales partidos políticos a lo largo del siglo XX. Nunca pierden vigencia, pero la contradicción antes secundaria entre centro y periferia hoy adquiere centralidad en su posibilidad de resolución en una fase superior de síntesis.
Por eso Passalacqua habla de “paso adelante”. Cuando se refiere a los acuerdos firmados con la Casa Rosada está hablando de las cuestiones estructurales que subyacen a la superficie donde se libra la batalla por la palabra.
El diputado Laspina avanza en ese sentido cuando sostuvo que “lo mejor que podemos hacer por la Argentina es recuperar la herramienta del presupuesto”. Y al mismo tiempo anuncia que “este Congreso el próximo año tendrá funcionando a pleno la Oficina de Presupuesto del Congreso de la Nación, que será la herramienta técnica que necesita para seguir ganando espacio en la discusión y analizado a fondo cómo gastamos el dinero los argentinos”. Y cuando observa, criticando al centralismo porteño de todos los gobiernos desde 1983, que “hemos abandonado la discrecionalidad, la determinación absolutamente política de las obras que muchas veces había, según la cual se construían autopistas donde no pasaba ni un carro empujado por tracción a sangre”

Bien los discursos, pero…

Esa Oficina de seguimiento podrá dirimir entre las declaraciones cruzadas: hicimos – no hicieron. Habrá datos concretos. Porque es cierto que no está todo claro y en las exposiciones de los diputados aparecen datos contrapuestos que impiden desenvolver con más riqueza el debate de ideas.
Alcanza con repasar los conceptos referidos a la cuestión federal.
Dijo Laspina: “La inversión en infraestructura la mantenemos en porcentajes del producto. Se prevé aumentar el gasto de capital un 17 por ciento respecto de 2007, y pasará a representar el 8,4 por ciento del gasto primario. Es impresionante la cantidad de obras que están en marcha hoy en la Argentina…las provincias del Plan Belgrano en este presupuesto 2018 tienen un aumento del 41 por ciento en las obras de infraestructura, respecto de lo ejecutado en 2017”.
Sergio Leavy, del Frente Ciudadano de Salta, dijo otra cosa: “más que un Plan Belgrano creo que siempre fue un Plan Mitre, un plan del centralismo y del unitarismo. Nosotros vemos esto a diario. En 2017, la provincia de Salta tenía presupuestadas 51 obras para ser ejecutadas por la Nación, pero solo 15 tienen algún avance financiero y económico. Después de dos años no podemos nombrar obras nuevas de este Plan Belgrano, salvo algunas pequeñas que se llevaron a cabo a través del Programa de Hábitat.
Guillermo Snopek de Jujuy se quejó: “se nos dijo que hay una priorización para la región NOA y NEA a través del Plan Belgrano, pero si sumamos la cantidad de obras públicas y las dividimos por la cantidad de habitantes, si las cuantificamos, advertimos ‑las obras plurianuales, del Instituto de Vivienda, del Ministerio de Obras Públicas y lo que se incluye en los programas de Participación Público Privada‑ que nuevamente hay una enorme concentración de la inversión pública nacional en materia de infraestructura que se localiza aquí en los alrededores, y se magnifica cuando vemos obras como la del soterramiento del Sarmiento o la megaestación que se pretende hacer con los recursos de todos los argentinos debajo del Obelisco”.
Luis Contigiani del Frente Progresista de Santa Fe, fue más lapidario: “este presupuesto también carece de federalismo. Tal vez la disyuntiva de estos tiempos en la Argentina sea el centralismo versus el federalismo. Y los que sentimos en nuestra sangre, en nuestras venas, el federalismo –porque vengo de una provincia por definición federal‑ tenemos que decir que venimos perdiendo la batalla. Les voy a mostrar un ejemplo que con el actual presupuesto nacional a Santa Fe claramente se la posterga en muchas cuestiones concretas. Hablo del ingreso público o la transferencia de capital, de gasto de capital directo e indirecto a las provincias. Y debo decir que Santa Fe, en lo que va del 2017, ha recibido 3.300 millones de pesos de la cuenta capital del gobierno nacional para obra directa o indirecta, esto sin contar el Fondo Federal Sojero. ¿Saben cuánto recibió la Ciudad Autónoma de Buenos Aires? Recibió 10.000 millones de pesos. Si ustedes juntan los 10.000 millones de pesos con lo que va a recibir la provincia de Buenos Aires, se podrá observar que la cuenta de capital del gobierno nacional está hegemonizada por la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y por la provincia en más del 40 o 42 por ciento. Esto no es federalismo, señor presidente”.

Protagonismo de los gobernadores

El diptuado Cano, que era responsable del Plan Belgrano respondió con algunos datos y mucho discurso responsabilizando a la herencia. Son las divergencias que quizá queden sinceradas con la Oficina anunciada por Laspina, pero más allá del éxito o el fracaso de la gestión, lo que hay que destacar es la centralidad que ha ganado la cuestión federal en el discurso político argentino.
La sola observación del escenario los encuentra representando un rol protagónico. Como se viene señalando ya inequívocamente, la particularidad del gobierno de Mauricio Macri es que no tiene mayorías en ninguna de las dos cámaras del Congreso. Los dos primeros años de su administración, fundamentalmente el año pasado, los acuerdos para avanzar en las leyes que respaldan el diseño de sus políticas tenían en el duhaldismo residual que expresaba Sergio Massa un interlocutor necesario y suficiente con algún balance en los peronistas que armaron un bloque aparte y pusieron de presidente a Diego Bossio. Los dos perdieron gravitación, que estaba sostenida en el número más que en las ideas. La dinámica que ha adquirido la política argentina desnudó la insustancialidad de ese respaldo que ya ni asusta con la radicalización de sus posiciones. No hay nadie que pueda convencerse de que el progresismo alternativo lo encarna Graciela Camaño. Ahora Macri, que tiene 108 diputados y 25 senadores, necesita más de los gobernadores para avanzar en acuerdos globales. Con los gobernadores suma más de 30 legisladores en Diputados y se obliga a escuchar, fundamentalmente a escuchar a las provincias que tienen mayoría en la Cámara Alta, que constitucionalmente representan los intereses de sus distritos. Además, como también tienen responsabilidades de administración, el diálogo adquiere matices menos ideológicos. No es cuestión de afinidades, ni políticas ni mucho menos personales, el idioma en común es la gestión que se mide por resultados.

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