El ministro Díaz se presentó en Diputados para responder preguntas sobre las actuaciones por denuncias de coimas y presentó copia de todos y cada uno de los expedientes y resoluciones que inició el Ministerio en relación al caso con investigaciones administrativas, la apertura de un expediente en Fiscalía de Estado, además de la causa que se tramita en la Justicia. El diputado de la UCR que pidió el informe puso en evidencia que no le interesan las respuestas sino el escándalo.

Posadas (Miércoles, 16 de mayo). El ministro de Ecología y Recursos Naturales Renovables, Juan Manuel Díaz, concurrió ayer martes a primera hora a la reunión de la comisión de Asuntos Constitucionales de la Legislatura en respuesta a un pedido de informes del diputado radical Javier Mela vinculado a la denuncia que pesa sobre cuatro integrantes de la Dirección de Control Forestal, dependiente de la Dirección de Bosques Nativos de la cartera ambiental, por pedido de coimas e intimidación con armas de fuego a un productor forestal del Paraje Zulma, en el municipio de San Vicente. El hecho que habría ocurrido el 27 de abril pasado y trascendió a la opinión pública por una denuncia periodística, motivó la presentación, a su vez, de un pedido de interpelación al ministro que tendría lugar en el recinto parlamentario el próximo 30 de mayo. El ministro contestó puntualmente a las preguntas de los diputados, al mismo tiempo que en un informe escrito remitido a la presidenta de la Comisión, Silvana Giménez, reseñó en detalle el conjunto de acciones que se iniciaron, de inmediato y en diferentes órdenes, al conocerse la denuncia y que dan respuesta a las inquietudes planteadas en el proyecto opositor. En dicha nota, Díaz adjuntó copia de todos y cada uno de los expedientes y resoluciones que inició Ecología en relación al caso, incluyendo la intervención de la Comisión de Control Forestal, dependiente de la Dirección de Bosques nativos del ministerio, y la separación del cargo de los acusados de las supuestas irregularidades. El inicio de una investigación administrativa por parte del Ministerio y la apertura de un expediente en Fiscalía de Estado, además de la causa que se tramita en el Juzgado Nº 3 de San Vicente, dan cuenta de una rápida y activa reacción del Estado provincial. Muy lejos de intentar negar o maquillar la importancia de los hechos denunciados, el ministro Díaz recordó que se brindaron dos conferencias de prensa y desmenuzó el conjunto de acciones adoptadas. “En la confianza de que este informe y la copia de los documentos señalados contribuyan a una fehaciente comprensión de las medidas adoptadas en una situación que sin dudas puso a prueba nuestra capacidad de respuesta institucional, ratificamos la firmeza y determinación para no tolerar la ocurrencia de hechos como los investigados, así como no permitir que opaquen la acción honorable de decenas de agentes del Ministerio de Ecología en gestión sostenible de los bienes naturales de los misioneros”, remarcó el funcionario. En tanto, al llegar tarde a la reunión en que se trataba su propio proyecto, el diputado Mela subió innecesariamente el tono político del debate y causó un virtual escándalo al cruzarse con fuertes discusiones con la titular de la comisión; dejando ver una búsqueda de protagonismo que invita a reflexionar sobre los límites entre la acción partidista y la función legislativa.

Medidas concretas

El ministro Díaz, que tiene en este caso de coimas en San Vicente un bautismo de fuego, dado el escaso tiempo en el cargo, actuó sin embargo con firmeza en el diálogo con los legisladores de la oposición, a quienes brindó la información requerida en relación a los hechos, a la vez que dejó en claro su visión del tema. Díaz puso énfasis en aclarar que se tomaron todos los recaudos para investigar lo ocurrido, incluyendo (1) la intervención de la Dirección de Control Forestal, al frente de la cual se nombró al doctor Aníbal Fasano; (2) separación definitiva de los acusados de la Dirección de Control Forestal y su suspensión preventiva de acuerdo a los plazos temporales que dicta la ley; ambas medidas adoptadas el 28 de abril pasado. A estas medidas, Díaz agregó en el informe copia de las actuaciones que se llevaron a cabo en el Juzgado de Instrucción Nº 3 de San Vicente, en la causa abierta por “cohecho y tenencia legal de ras de fuego de uso civil”.
En su exposición, no obstante, el ministro fue taxativo en cuanto a que el incidente no puede dar lugar a que se intente manchar “el buen nombre y el honor de los empleados de la repartición y de quienes actúan como guardaparques desde hace años”. Remarcó al respecto la preparación técnica y el conocimiento empírico y personal de la naturaleza misionera que requiere el cargo de guardaparque y llamó a que el tema sea tratado con la responsabilidad inherente al mismo. El diputado (PAyS) Isaac Lenguaza efectuó la pregunta que, en principio, motivó el pedido de informes, la cual se refiere a si la actuación de estos agentes de Ecología constituye un caso aislado o hay indicios o antecedentes registrados de otros hechos que puedan revelar una práctica habitual en la cartera ambiental. Díaz, recordó que él mismo tiene muchos años de trabajo en el Ministerio y sostuvo que se trata de un hecho aislado.

Fortalecimiento institucional

En su informe a la comisión, el ministro comunicó una serie de acciones que se llevaron a cabo con el fin de garantizar la transparencia respecto a los hechos investigados y “fortalecer los mecanismos y procedimientos dedicados a la gestión forestal sostenible”. En ese cometido, reseñó la renovación del plantel de la Dirección de Control Forestal “con un plantel de agentes jóvenes, ingenieros o técnicos forestales, con un perfil marcadamente técnico”; se habilitó una línea de contacto directo co9n el ciudadano, denominada “Ecología te escucha”; presentación del sistema de trazabilidad documental para la registración y seguimiento de los planes de aprovechamiento sustentable, cambio de uso del suelo, emisión de las guías desde el monte en pie hasta el aserradero y se habilitó, finalmente, -entre otras iniciativas- la presencia del interventor y los integrantes de la Dirección de Control en los municipios, para mantener allí contactos directos con los actores del ámbito forestal.
La buena disposición del ministro de Ecología, que no se limitó como suele suceder en muchos casos a enviar una contestación por escrito, sino que explicó en persona y en detalle todo lo actuado por el organismo a su cargo, se tiñó de innecesarios ribetes de escándalo por la actuación vehemente del diputado radical, que no había informado de la demora y, en forma intempestiva, pretendió con sus preguntas retrotraer la exposición del ministro al principio de la reunión. La tensión que se generó a raíz de los reclamos del legislador radical, que se incorporó a la Cámara en las últimas elecciones, provocó que la presidenta dela comisión, Silvana Giménez, insistiera en el cumplimiento del Reglamento de Cámara, llamándolo al orden visiblemente conmovida. Aunque en el duelo verbal la titular de la comisión también perdió por momentos la brújula en términos de tensión emotiva, tuvo la razón de su lado al resaltar el gesto del ministro Díaz, de concurrir a responder personalmente, como así también la buena voluntad de la bancada renovadora, que no puso reparos al tratamiento de la iniciativa y propició la comparecencia del funcionario. Alegando que no fue avisado de la presencia del funcionario, pero a la vez sin poder explicar porqué no comunicó el retraso “para ir al médico” a la comisión –como corresponde en cumplimiento de las prácticas reglamentarias- Mela presionó un olvidable tironeo de injustificada tensión en el marco de una reunión en que se analizaban hechos graves y que en principio se planteó como una muestra destacable del diálogo institucional que tiene que primar en el tratamiento de las iniciativas legislativas en las comisiones. La diputada Giménez, cuestionó “los gritos y la falta de respeto” de Mela, “cuando el compañero ministro ya había respondido a la pregunta”. “Sus gritos y falta de respeto a mí me violentan, y si no me respeta como diputada y presidenta de esta comisión, debería hacerlo como mujer”, apostrofó Giménez a un agitado Mela. La presidenta de la comisión calificó al caso de las presuntas coimas en San Vicente como “un hecho triste y lamentable” y aludió al trasfondo político en el proyecto del legislador, al señalar que la Justicia actuó como corresponde ante el caso. “Nosotros, los legisladores, no somos jueces ni fiscales”, manifestó Giménez a Misiones Plural, y agregó que “la democracia significa la división de poderes, está la Justicia que intervino, hay un sumario administrativo y un expediente judicial de investigación en curso. Y desde el primer momento en que ocurrió el hecho, el ministro intervino el área, se apartaron a las personas involucradas en el supuesto hecho de corrupción”, enfatizó. La lectura del proyecto presentado por Mela , en el que , a falta de datos precisos y comprobables del ilícito que se denunció, se dan como hechos las interpretaciones de un medio televisivo, y la supuesta opinión generalizada en la sociedad misionera de que estos casos no son aislados, indica que si bien el entredicho en comisión carece de trascendencia, la práctica política subyacente, que coloca la agitación político-mediática en el lugar del análisis objetivo de los hechos, merecería un profundo análisis. En el pasillo, al término de la reunión, el diputado Lenguaza señalaba que la presencia de un ministro dando explicaciones en comisión a los diputados exige un trato institucional adecuado y de acuerdo a la cultura político-institucional que debe imperar en estos casos. En la próxima sesión en el recinto parlamentario, es probable, el incidente volverá a ser tratado.

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