En el Parlamento están en discusión tres proyectos por la paridad de género, como ya lo está en la nación y otras provincias. Si bien hay consenso existen discrepancias en algunos puntos; ya que la aplicación de la paridad a suplencias y renuncias de candidatos electos, más la extensión de la normativa a los organismos partidarios y cuerpos colegiados dentro del Poder Ejecutivo ampliaría en forma polémica el campo de acción de la futura ley.

Posadas (viernes, 25 de mayo) La comisión que preside la diputada Silvana Giménez tiene en estudio tres propuestas para la sanción de una ley provincial de paridad de género que se sumaría a una norma similar vigente en varias provincias y adoptada este año por la Nación. En la reunión del martes pasado, la diputada Anita Minder (UCR) expuso ante la comisión aspectos del proyecto de ley de su autoría, que difiere de las iniciativas en el mismo sentido de Silvia Rojas (UNA) y Alba Nilsson (PRO). Si bien hay consenso en general, la aplicación de la paridad a las eventuales suplencias y renuncias de candidatos electos, y la extensión de la normativa a los organismos partidarios y a cuerpos colegiados dentro del Poder Ejecutivo amplían en forma polémica el campo de acción de la futura ley.
Aunque los tres proyectos que se analizan actualmente en comisión no incluyen una iniciativa del bloque mayoritario, desde la presidencia del cuerpo se habría dado luz verde para que este año se avance en la sanción de una nueva ley provincial de paridad de género en el ámbito institucional. Los tres proyectos presentados para ese fin están radicados en la comisión de Asuntos Constitucionales, donde se deberá trazar el hilado fino de una legislación que, a nivel país, arrastra un complejo pasado de idas y venidas, y que actualmente parece contar con un renovado consenso, aunque en las iniciativas presentadas se plantean diferencias que el tratamiento legislativo, hoy en sus inicios, deberá ubicar en su justo término. El vicepresidente de la comisión, Rafael Pereyra Pigerl (Frente Renovador), resumió la situación al señalar a la salida de la reunión que algunas de las propuestas expuestas por la diputada Minder “son discutibles, pero lo importante es que podamos debatir a fondo”. El masivo impacto que, desde la década pasada, tuvieron las jornadas de protesta llevadas a cabo bajo el lema “Ni una menos”,- una respuesta activa de las mujeres a la dramática persistencia de un número elevado de femicidios en el país-, como otras acciones de lucha de organizaciones sociales y colectivos feministas, que buscan erradicar la violencia de género y aportar al empoderamiento de la mujer, representan sin duda el basamento objetivo de estas iniciativas, que reflejan la problemática de género en el ámbito legislativo. La posibilidad de que este año se apruebe una ley basada en el proyecto que presentara la diputada Silvia Rojas (UNA) en 2016, contando con el acompañamiento de la diputada (MC) María Losada, y a la que se agregó el mismo año una propuesta similar de la diputada Alba Nilsson (PRO) y ya en el actual período un proyecto de Anita MInder (UCR), indica que se buscará un debate amplio, que responda adecuadamente al creciente consenso social en relación a los derechos de la mujer. Los tres proyectos apelan al concepto de paridad de género, como expresión de la participación igualitaria de la mujer en la representación política, expresado en la inclusión en forma alternada y sucesiva de varones y mujeres en las listas de candidatos “a todos los cargos electivos en la Provincia de Misiones”, según sintetiza en su propuesta la diputada Rojas. Las iniciativas son básicamente coincidentes en lo central de su articulado, propiciando la inclusión en igual número, y en forma alternada, de mujeres y hombres en las listas de candidatos a cargos electivos, y también coinciden al fundamentar la necesidad de reconsiderar la insuficiente integración que promueve hoy en día la ley de cupo femenino, sancionada en 1991, y que se aplicó con mayor o menor rigor en el país desde entonces.

Cupo o igualdad real

Se admite en general que el cupo femenino fue un paso adelante, y la actual participación de las mujeres en los cuerpos legislativos se ajusta en general al 30% de inclusión que estableció esa norma. Al elevar la participación a un 50%, como proponen las diputadas, se aspira a que dicho porcentaje garantice un grado de inserción cualitativamente superior de la mujer en los cuerpos electivos, algo que no todos los que analizan esta problemática de profundo arraigo social consideran un efecto inmediato. Los “peros” que se expresaron al principio, señalando que el cupo imponía con el número o porcentaje lo que las mujeres debían conseguir por méritos o cualidades referidos a la capacidad política, sin embargo, aparecen desvirtuados hoy, 27 años después de la sanción de la ley respectiva, durante el gobierno de Menem, ante una visible mayor presencia de las mujeres en todos los órdenes de la vida social, institucional y política. En este marco, la expresión “igualdad real entre géneros” que tanto Rojas como Milder subrayan en sus propuestas, deviene un hecho realizable, no sólo como acto de justicia, sino como validación de un proceso de curso ascendente. De hecho, en la historia del parlamento y la política de Misiones hay mujeres que han dejado alta la vara en términos de participación política, como la de la radical Mabel Marelli, que condujo la Cámara en el difícil período de recuperación de la democracia, o post dictadura, o el ejemplo posterior pero no menos significativo de la peronista Mercedes Oviedo, que fue legisladora provincial y nacional, ministra y vicegobernadora, y activa militante de los derechos femeninos como fundadora de la Casa de la Mujer.

Alcances y expectativas

El articulado de los tres proyectos de ley deja ver que, no obstante, que en el marco de una temática que amalgama objetivos y miradas respecto a un tema de profunda actualidad y larga historia, como es el de la discriminación de la mujer, se plantea una diferencia de enfoque en los alcances de la aplicación que se debe dar a la nueva ley. En el proyecto de la diputada Rojas, el objetivo de garantizar la participación política equitativa en condiciones de igualdad real entre géneros, que comparten las tres iniciativas, se aplica a “todos los cargos públicos electivos/ representativos de la Provincia de Misiones, actuales o a crearse”. La misma diputada resume el alcance en concreto de la legislación al proponer una modificación al Artículo 71 de la Ley X nº 6 (antes ley 4080) y establece que el texto del nuevo Artículo 71 será el siguiente: “Las listas de candidatos a diputados provinciales, concejales y convencionales constituyentes nacionales, provinciales o municipales, deberán integrarse por un 50% de hombres y un 50% d mueres; de manera alternada, secuencial y por binomios, (género masculino-femenino o género femenino-masculino) no consecutivos. A tal fin se considerará el género del la/el candidato por su Documento Nacional de Identidad, independiente de su sexo biológico”. El proyecto de Nilsson coincide con la aplicación a cargos electivos.

“Sumar voces”

La diputada Minder, por su parte, introdujo una variante en su proyecto que presentó, a grandes rasgos, en la sesión del martes pasado de la Comisión de Asuntos Constitucionales. Propone que la paridad se extienda a todos los cuerpos colegiados en el Ejecutivo y a entes como el IPS o al Consejo de la magistratura. La legisladora explicó a Misiones Plural que su intención es “sumar más voces, porque las leyes vinculadas a derechos políticos de las mujeres en Argentina salieron cuando las mujeres entendimos que teníamos que ponernos de acuerdo más allá de los partidos políticos”. Argumentó, además, que “hubieron nuevos avances con la ley aprobada a nivel nacional el año pasado, y fundamentalmente con las leyes de provincias como Salta y Buenos Aires, que ya se implementaron y en las que ya se vieron cómo funcionan y cuáles son aquellos aspectos que uno debiera tener cuidado para evitar que tengamos confusiones al momento de la aplicación”. Minder entiende que los tres proyectos coinciden básicamente en lo mismo, y sólo hay “diferencias son más sutiles, como el concepto de “participación equitativa de género”, que usa la diputada Nilsson, y “donde nosotros usamos el concepto de paridad, que es más preciso y se usa internacionalmente”. “Yo incorporé -precisa- un par de cosas más, que tienen que ver con la participación de municipios que tienen Carta Orgánica, y también con una gran diferencia, que es lo que surgió en la reunión de la comisión”, admitió. “Por un lado la extendí a los partidos políticos -que en sus reglamentos internos también deban aplicar el concepto de paridad- atendimos además a todos los cargos electivos de cuerpos colegiados en el Ejecutivo, en este caso, por ejemplo, el IPS o el Consejo General de Educación, o el Consejo de la Magistratura puede ser otro”. “Son cargos electivos dentro del Ejecutivo, no están dentro del Poder Ejecutivo”, precisó. “Agregué también dos aspectos, una cosa es la presentación de listas, y otra la promulgación, y un concepto fundamental que es el de las vacancias o suplencias. Lo que nosotros decimos, y no es una cuestión caprichosa, surge a lo que pasó concretamente en México en 2009, donde se incluyó a las mujeres en las listas, pero una vez electas hubo una renuncia masiva de mujeres, se los llamó el episodio de “Las Juanitas” y creo que fueron 19 legisladoras que renunciaron en el mismo momento, obviamente por presiones. Por esto pensamos que las suplencias, en ambos casos se tienen que dar por un suplente del mismo género.

“Es necesario avanzar”

La diputada Rojas señala, en la fundamentación de su proyecto, que de la historia de nuestro Régimen Electoral surge que “a primera vez que se utilizaron cupos partidarios en el mundo fue en nuestro país, a principios de los años cincuenta, cuando el Partido Peronista estableció una cuota de mujeres para las elecciones de diputados y senadores nacionales. La Ley 13.645, de Reglamentación o Régimen de los Partidos Políticos, sancionada en 1949 (y derogada después del golpe militar de 1955) incluía las asociaciones femeninas autorizándolas a actuar al amparo de partidos políticos reconocidos que sustentasen la misma ideología y carta orgánica, sin incorporarse a los mismos, introduciendo en sus listas de candidatos a integrantes de esas asociaciones femeninas”. Más adelante, dice Rojas, que “en 1991 se sancionó la Ley 24012, denominada de cupo femenino. Establece un mínimo de 30% de mujeres en las listas y ubicadas en “puestos con posibilidades de ser electas”. “Eso fue un logro en aquella época (hace 20 años), pero en la actualidad, evidentemente, no se ha avanzado. Es necesario avanzar”.

 

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