Empresarios de pymes constructoras del NEA denunciaron hoy la injusta distribución de los fondos para obra pública por parte del gobierno nacional que favorece exageradamente a las provincias gobernados por el PRO. En un encuentro regional reclamaron además por los recortes que llegan al 65% en los planes de vivienda. El poder político de Misiones respaldó las propuestas del sector privado en favor de las inversiones en infraestructura social.

Posadas (Viernes, 10 de agosto) El sector empresario de la construcción del Nordeste Argentino sumaron ayer sus voces a los gobiernos en defensa de la vigencia de los planes de viviendas sociales. En el Tercer Foro de Pymes Constructoras celebrado hoy en el salón de la Dos Constituciones del Parlamento misionero, el sector público y privado coincidieron en advertir sobre la los efectos negativos de los recortes que hace el gobierno nacional en la obra pública. Además, los empresarios denunciaron que la Casa Rosada favorece notoriamente a Buenos Aires en la inversión en obra pública, por lo que exigen equidad en el reparto. El presidente del Iprodha, Santiago Ros, que expuso en las jornadas, admitió que los recortes planificados son del 30%, pero que en la práctica llegan al doble ya que la nación subejecuta los programas en vigencia.
La fortaleza del reclamo a la nación queda graficado en la participación de empresarios y funcionarios en el Foro. No queda así en meras intenciones las propuestas que formulan los empresarios pymes y la queja de Juan Carlos Botiuk, integrante de la Cameca, cámara que nuclea a las pymes constructoras de Misiones cuando revela que existe una gran “inequidad en la distribución de las inversiones en obra pública. Quedó claro que el gobierno nacional hace grandes carreteras, puertos, aeropuertos y se desatiende lo que es infraestructura social básica. Nos corresponde a todos luchar para que esto cambie”.
El acto de apertura tuvo la presencia del vicegobernador Oscar Herrera Ahuad quién destacó la importancia de que “las Pymes, en general, tengan su trabajo ya que en la provincia de Misiones son de alto impacto, mano de obra y valor agregado; así como también las cooperativas. Sin dudas, hay que tomar una política activa como se viene haciendo: reclamando, lo que nos corresponde; y tratar de motorizar la obra pública en materia social, como lo venimos haciendo los últimos tiempos”. Lo había precedido en la palabra el diputado Franco, que llegó a la banca desde una trayectoria ejecutiva en la Municipalidad de Posadas y la dirección de Vialidad Provincial, funciones que ponen en evidencia empírica el círculo virtuoso entre inversión en obras públicas de carácter social y el desarrollo de pymes que a la vez generan trabajo. Destacó la importancia del Foro como encuentro, “es trascendente porque estamos hablando del trabajo y del empleo, de la economía, de las obras de infraestructura social. Por el momento en que vivimos circunstancialmente de escasez de la inversión pública, y la economía en achique –refiriéndose al contexto nacional– creo necesario debatir, programar y facilitar el encuentro de los trabajadores y los empresarios”.
Todos los oradores advirtieron la difícil situación de las Pymes en el país ante los recortes presupuestarios en la obra pública. Entre otros expositores, el ingeniero Butiuk indicó que la caída de la construcción, en los últimos tres años, llega al 65 por ciento. “Si a eso le sumamos que las obras de infraestructura vial, como construcción de autopistas, se llevan el 70 por ciento y un 30 por ciento del Presupuesto se asigna a obras de arquitectura social -construcción de viviendas, escuelas, hospitales) tenemos un agravante, además, que las grandes obras tiene una ejecución que ronda el 70 % mientras que las obras que hacen las pymes estamos apenas en un 33 % de ejecución a esta altura del año. Eso explica la caída de la actividad y la mortandad del 10 por ciento de las empresas constructoras del NEA”.
Las estadísticas fueron corroboradas por el presidente Iprodha quién confirmó que “este año recibieron de Nación 30 por ciento menos recursos –a valores históricos- que el año pasado, pero que la situación empeora por las crecientes demoras en los pagos que obligan a la provincia a adelantar cobros a las empresas a la espera de reembolsos de Nación que tardan cada vez más en llegar. El presupuesto de este año es 30 por ciento más bajo que el año pasado a valores históricos, pero recibimos desembolsos por un valor 60 por ciento menor al año pasado porque La Nación no nos manda dinero para pagar por las obras, sino que nos reembolsa dinero de obras que ya ejecutamos. Estamos recibiendo fondos por obras que ya hicimos y pagamos hace 4,5 o 6 meses, a medida que esos reembolsos se extienden, se licúa nuestro capital porque nosotros ya tuvimos que pagarle a las empresas”.
Señaló que ante ese panorama, la Provincia salió a cubrir las falencias de la Nación con fondos propios. “Estamos haciendo el mayor esfuerzo posible con recursos de la Provincia para ir tapando los agujeros que deja el aporte nacional pero no vamos a poder lograrlo en un 100 por ciento. Pese a ello estamos iniciando obras todos los meses, escuelas, comisarías hospitales, vivienda también, iniciamos todos los meses con sistema de cofinanciación. Las obras masivas con procesos industrializados de construcción como son los barrios estamos terminando lo contratado 2000 de mampostería y 500 de madera”.
Aclaró que lo que se espera para el año próximo no es mejor. Explicó que el año pasado solo el 23 por ciento del total de los fondos que ejecutó el Iprodha provinieron de la Nación, estimó que este año ese porcentaje bajaría todavía más y no descartó que el año próximo baje a cero.
Remarcó que la consecuencia social más grave de esta política nacional es el incremento del déficit habitacional en la provincia. “Hasta 2014 estábamos produciendo viviendas por encima del déficit habitacional vegetativo, hoy estamos produciendo por debajo, lo que quiere decir que antes lográbamos reducir el déficit, pero ahora está aumentando”, finalizó.
Diagnóstico económico y social
Las propuestas formuladas en el Foro, parten del diagnóstico de que el NEA se particulariza por tener un menor salario promedio y una mayor incidencia de la pobreza e informalidad respecto del resto del país, lo cual limita los alcances que puede tener una política tradicional de incentivos a la construcción de viviendas mediante créditos o subsidios a la demanda. Po ese motivo, desde la actividad privada se observa que “las provincias del norte presentan particularidades que hacen necesario pensar en soluciones y políticas públicas especiales, en este sentido la construcción es la actividad con mayor incidencia de mano de obra en relación a otras industrias de la economía. La construcción, a través de las pymes constructoras, es la herramienta más eficaz para contrarrestar situaciones recesivas de la economía. El trabajo de las pymes constructoras contribuye al cumplimiento de uno de los objetivos del gobierno que es la pobreza cero, por medio de la generación genuina de puestos de trabajo, la dotación de viviendas dignas a los sectores más vulnerables y el efecto dinamizador en la economía regional, contribuyendo al fisco local y regional.”
Porteños y federales
Asimismo, hubo consenso unánime en sostener una mirada desde las provincias. Los empresarios, gremialistas y funcionarios pidieron que el interior pobre deje de subsidiar al país central rico en la distribución de la inversión en obra pública. En el Foro quedó en claro que se percibe “un favoritismo del Gobierno nacional por sus aliados políticos María Eugenia Vidal y Horacio Rodríguez Larreta a la hora de repartir la torta de las obras se está traduciendo en una marcada caída en la cantidad de obras en ejecución y en el número de trabajadores empleados por el sector”.
Los participantes del Foro marcaron que además de las marcadas diferencias en la distribución geográfica de las inversiones de Nación, también se observa una preferencia por las grandes obras de infraestructura sobre las obras de infraestructura social básica, como viviendas, escuelas, comisarías u hospitales. Para las pymes de la región eso es un agravante, dado que la mayoría de ellas vive de la construcción de viviendas y no tiene escala para participar de los grandes proyectos de infraestructura.
Principales conclusiones:
Que se garantice una inversión en infraestructura social equitativa en función de las particularidades de cada región con participación directa de las Pymes.
Que resulta imprescindible el lanzamiento de un Plan Nacional de Viviendas mediante el sistema de subsidio a la oferta mientras se generan las condiciones macro adecuadas para la asociación público privada., redistribuyendo los recursos previstos para las grandes obras de infraestructura prolongando el plazo de las mismas.
Que el Estado atienda las dificultades de acceso al financiamiento de las Pymes constructoras mediante un fondo de garantía, permitiendo que la construcción de viviendas e infraestructura básica pueda ser a escala de éstas.
Que no se tome como primera variable de ajuste a la obra pública sino como una inversión, que redundará en un crecimiento del empleo, de la actividad económica y un aumento del nivel de ingreso fiscal.
Que exista criterio federal en la redistribución de obras evitando su concentración.
Que un porcentaje de grandes obras de infraestructura que tienen poca incidencia de mano de obra se deriven a obras de arquitectura de viviendas e infraestructura social.
Que se construya en forma participativa un plan de contingencia que garantice la sustentabilidad de la mano de obra de la construcción.
Que se garanticen obras a escala de las Pymes cubriendo las necesidades básicas de provisión de vivienda, agua, salud y educación.
Que se garantice en las licitaciones nacionales la participación directa de las Pymes constructoras locales en las obras de infraestructura social, vivienda principalmente, donde los llamados a licitaciones no deberán limitar la participación de las pymes constructoras, ya sea por la fijación de montos y/o grupos.
Que se garantice una metodología ética de control fiscal en el sistema de créditos individuales del PROCREAR promoviendo la formalidad en su implementación.
Que se profundicen las medidas tendientes a eliminar del Presupuesto Nacional subsidios a servicios, responsabilizando a las jurisdicciones correspondientes, liberando esos recursos para inversiones en obras destinadas a expandir los servicios básicos.
Que se elabore una agenda de trabajo conjunto del sector público y privado a corto, mediano y largo plazo.

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