“El reglamento  Bullrich propicia la pena de muerte”, sostiene la referente de Nuevo Encuentro y Unidad Ciudadana en Misiones, Mariquita Torres. Cruzó duramente al senador Humberto Schiavoni que  respaldó la iniciativa. La dirigente misionera, en la misma línea interpretativa de Eugenio Zaffaroni, advierte a los agentes de Seguridad que podrían después ser juzgados por crímenes de lesa humanidad. También avisa al Gobierno nacional que si pretende amedrentar al pueblo “el miedo no necesariamente paraliza y los de abajo pueden hacer tronar el escarmiento”.

Posadas (Jueves, 6 de diciembre. Por María Itumelia Torres)El senador por Misiones Humberto Schiavoni, de Cambiemos, aseguró que el gobierno de Mauricio Macri “le devolvió el respeto a las fuerzas de seguridad” y añadió que “no se puede culpar a un policía por cumplir con su deber”. Con esas afirmaciones el legislador misionero, que aspira a ser gobernador de la provincia, respaldó la resolución que acaba de poner en ilegal vigencia la ministra de Seguridad Patricia Bullrich y que autoriza el gatillo fácil y la pena de muerte.
Debo confesar que no deja de sorprenderme que Schiavoni, un hombre a quien conocí militando en el Movimiento de Integración y Desarrollo en los albores de la democracia, deje entrever un profundo desconocimiento de la misma Constitución Nacional que es clara cuando señala en su Preámbulo que su principal objetivo es “afianzar la justicia, consolidar la paz interior, proveer a la defensa común, promover el bienestar general, y asegurar los beneficios de la libertad, para nosotros, para nuestra posteridad, y para todos los hombres del mundo que quieran habitar en el suelo argentino”.
¿Está seguro el senador Schiavoni que con una reglamentación que habilita a un agente de seguridad, de acuerdo a su subjetivo criterio, a tirar con su arma de fuego a cualquiera, incluso por la espalda, se estará afianzando la justicia y asegurando los beneficios de la libertad?
¿No nos cuenta la historia de nuestro país, pero también la de la humanidad toda, cuáles han sido las consecuencias trágicas para los pueblos cuando se autorizó por acción u omisión a las fuerzas de seguridad y/o fuerzas armadas a que actúen frente a un ciudadano a su libre albedrio al momento de tomar reprasalias, detener y/o prevenir el delito?
“Nadie puede ser obligado a declarar contra sí mismo; ni arrestado sino en virtud de orden escrita de autoridad competente. Es inviolable la defensa en juicio de la persona y de los derechos”, subraya la Constitución Nacional y agrega que “quedan abolidos para siempre la pena de muerte por causas políticas, toda especie de tormento y los azotes”.
El reglamento que pretende imponer Bullrich se da de narices con esos preceptos constitucionales sencillamente porque está promoviendo el arresto sin orden escrita de autoridad competente y, lo que es aún más grave, propicia la pena de muerte y toda especie de tormento en manos de un agente del Estado cuando este considere, insisto: a su subjetivo criterio, que está frente a una persona supuestamente peligrosa para la seguridad pública.
En Misiones tenemos casos emblemáticos de conductas irracionales de parte de agentes de la policía provincial que han merecido el repudio social y han lacerado a familias enteras. Y hablamos de casos donde el o los policías no contaban con la venia de ningún reglamento o norma que los autorice a actuar con ferocidad contra nadie.
Si aún con normas claras que limitan el accionar policial frente a un delito o supuesto delito, entre muchos agentes de seguridad subyace la convicción de que tienen derecho a someter a suplicios y hasta a decidir sobre la vida y la muerte de un supuesto sospecho, no quiero pensar cuántos demonios se despertaran -y ya se están despertando- si es el mismo Estado el que autoriza, avala y promueve que esa irracionalidad sea ejercida impunemente.
Definitivamente, la autorización a tirar a matar por la espalda a alguien que huye o a tirar a alguien que se parapeta para defenderse es de una irracionalidad que no tiene precedentes en la democracia que recuperamos hace 35 años. Es de gobiernos autoritarios de neto corte fascista. No es lo que votó el 51 por ciento de los argentinos en 2015, tampoco es lo que votó el 43 por ciento en 2017.
Es insensato, es imprudente, desconoce la Constitución Nacional, desconoce los tratados internacionales, desconoce la legislación penal y la ley de Seguridad Interior que establecen normas muy claras del uso de la fuerza, de cómo debe regularse, los criterios de progresividad, de racionalidad.
¿Cómo se va a probar después que la víctima del gatillo fácil realmente se constituyó en un alto riesgo para la vida del mismo agente o solo intentó huir ante el riesgo que corría su propia vida? ¿Y qué si la víctima apenas estaba haciendo una caminata saludable y decide apurar la marcha frente a la amenazante presencia de las fuerzas de seguridad?
Bullrich pone a las fuerzas de seguridad (policías, gendarmería, prefectura, etc) en una clara conducta que podría ser posteriormente tildada de delito de lesa humanidad, es decir, un delito que comete un agente del Estado contra un ciudadano sin siquiera permitirle ser sometido a juicio justo y a su derecho de defensa.
No pueden hombres y mujeres que se formaron políticamente en democracia, que fueron testigos del terrorismo de Estado, que saben de qué se trata, avalar resoluciones de tamaña osadía y gravedad para la seguridad pública, para el estado de derecho y para la continuidad de la democracia, ya suficientemente resquebrajada con las muertes todavía impunes de Santiago Maldonado, Rafael Nahuel, Francisco Burgos (de apenas 12 años muerto de un tiro en la nuca asestado por un policía en Tucumán) y de tantos otros que muertos o heridos fueron víctimas de la impunidad que les garantiza el mismo Estado a las fuerzas de seguridad.
¿Cree realmente Schiavoni que el pueblo recuperó el respeto por quienes deberían cuidarlo de la irracionalidad? ¿O en realidad confunde respeto con miedo? El miedo no necesariamente paraliza. El miedo muchas veces muda en rabia y en bronca, el peor sentimiento que puede acumular un pueblo que, además, está siendo sometido al despojo de sus derechos elementales a la alimentación, a la salud, a la educación. Y como dijo el General, no se debe alentar la irracionalidad desde arriba porque los de abajo pueden hacer tronar el escarmiento. Nada más doloroso e injusto para el pueblo y la democracia que fue recuperada con valentía y en paz después de la oscura noche del terrorismo de estado.

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