Los indicadores de la pobreza que según el Observatorio de la UCA ascendió a 33,6% y de la inflación que a pesar de la recesión y el dólar planchado registró el 3,2% en noviembre, no son más que síntomas de una estructura económica subdesarrollada. Lejos de hacer partidismo, el Informe revela que las mejoras materiales y la ampliación de las políticas de protección social durante el gobierno anterior, no han sido suficientes para revertir los niveles de pobreza estructural. Las brechas en el bienestar económico de los hogares no han disminuido, se presentan como estructurales y asociadas a la falta de políticas  de inversión y desarrollo.

Posadas (Viernes, 14 de diciembre) El aumento de la pobreza y la inflación que cede menos de los esperado, fueron tapa hoy de los diarios de todo el país, no sólo los porteños de tirada nacional. El informe difundido por el Observatorio de la Deuda Social de la Universidad Católica Argentina (UCA), indica que el índice de pobreza se disparó al 33,6% medido en todo el país, durante el tercer trimestre de este año. En tanto según el INDEC, la inflación en noviembre fue 3,2% y llega a 43,9% en lo que va del año, aunque el Gobierno espera que sea el comienzo de una caída sostenida.

El informe del Observatorio  difundido ayer marca que en la Argentina existe un 33,6% de personas que viven por debajo de la línea de la pobreza mientras que hay un 6,1% que se encuentra en la indigencia. Esto constituye un estimado de más de 13,2 millones de personas que sufren la pobreza.

Estos datos de pobreza arrojan los índices más elevados en la última década en Argentina y se estima que en el último trimestre estos datos se mantendrán.

El incremento en los niveles de pobreza que registró ahora el informe del Observatorio implica un retroceso ya que vuelven a darse cifras superiores a las que había en el 2015 cuando finalizó el mandato de Cristina Fernández de Kirchner (29,2%) y en la primera medición de la Administración de Mauricio macri arrojó una pobreza para la primera mitad de 2016 de 30,3%. El primer dato de 2017, del INDEC, correspondiente a junio, ya había reflejado un retroceso de la pobreza hasta 28,6%, con un leve incremento de la indigencia a 6,2%. Y hacia fin de ese año, en que la economía creció y los salarios recuperaron parte del poder adquisitivo que habían perdido en 2016, la pobreza terminó por mostrar una caída de casi 5 puntos, hasta 25,6%.

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Inseguridad alimentaria

Otro dato alarmante del Observatorio de la Deuda Social es que el nivel de inseguridad alimentaria en la Argentina hoy es del 20% del total de la población y la inseguridad alimentaria severa, es decir aquellos que pasan hambre, es de 7,9%. El director del Observatorio, Agustín Salvia atribuyó todas estas cifras alarmantes en la Argentina a que no existe en la última década una clara política distributiva del ingreso y a que la pobreza estructural no logró desterrarse.

El trabajo que presentó la UCA bajo el título de “Estancamiento Estructural, Pobrezas Crónicas, Exclusiones Económicas Desigualdades Sociales en la Argentina Urbana (2010-2018)” sostiene también que la economía vinculada al sector externo y necesario para el crecimiento no logró una derrame hacia los sectores más productivos.

Un problema estructural

El contexto que describe el Observatorio está subyacente en el efecto “serrucho” de los indicadores de la pobreza que, desde hace años registran subas y bajas pero en una franja superior al 25%, siempre para indicadores de la UCA.

Para interpretar el fenómeno, hay que hacer, entonces, una lectura de los que subyace que es estructural. Destaca en ese sentido el Informe que “a pesar del crecimiento económico, las políticas de protección del mercado interno y la ampliación de las políticas sociales, con cada ciclo económico se reproducen barreras productivas estructurales que ponen límites a la caída de la pobreza y a procesos de convergencia a nivel social y regional.

Tanto la desigualdad persistente como la pobreza estructural son resultado de un modelo económico-productivo desequilibrado con efectos de exclusión, marginalidad y desigualdad a nivel socio-cultural, socio-demográficos y socio-ocupacionales.

Aunque se expanda la economía vinculada al sector externo (condición necesaria para el crecimiento), no ocurren “derrames” hacia los sectores menos dinámicos sino hay políticas activas re distributivas y de desarrollo productivo local-regional hacia el sector informal y el mercado interno.

Durante el período 2010-2018, los indicadores sociales muestran la persistencia de altos niveles de pobreza y desigualdades estructurales, de carácter tanto económico-ocupacional como socio-regional.  Las relativas mejoras materiales y la ampliación de las políticas de protección social durante el último período no han sido suficientes para revertir los niveles de pobreza estructural.

Las brechas en el bienestar económico de los hogares no han disminuido, se presentan como estructurales y asociadas a la falta de demanda de empleo productivo de calidad y de políticas  de inversión y desarrollo más agresivas en materia de vivienda, hábitat, salud y educación.

La actual crisis 2018 –a igual que en 2008, 2014 y 2016- no han sido destructivas del sistema productivo ni financiero formal. Sin embargo, han sido corrosivas para la micro, pequeña y mediana empresa, así como para los sectores de la economía social. El principal mecanismo

de transmisión de este deterioro es la retracción del mercado interno y de las capacidades productivas del sector informal.

Empobrecimiento estructural

Durante último ciclo económico, los indicadores laborales muestran la persistencia de precariedades y desigualdades estructurales. Las brechas en la calidad del empleo no han disminuido. Persiste un sector microinformal de subsistencia (economía social) de muy baja productividad, alta precariedad y ampliamente extendido.

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La desigualdad estructural se reproduce en la calidad del hábitat y el acceso a agua, energía, servicios de saneamiento y a una vivienda digna. Y la segmentación también opera sobre servicios públicos universales: educación, salud, protección social y seguridad ciudadana.

Contexto Económico-laboral 2010-2016

Entre 2010 y 2015, a pesar de políticas contra cíclicas, en el marco de un modelo sobre regulado y con bajo nivel de inversiones, en un contexto adverso a nivel internacional y restricciones monetarias, se desaceleró la creación de puestos de trabajo y se estancaron las mejoras sociales, sin que ocurriera ningún cambio estructural.

A partir de 2016, la devaluación de fines de 2015 y sus efectos inflacionarios, seguidos por medidas contractivas, ajustes en las tarifas y la falta de inversión privada, generaron un escenario más recesivo para el mercado interno, lo cual generó un incremento de la pobreza, sólo compensado por una mayor asistencia social.

A partir del 2017, en el marco de un alto endeudamiento y creciente déficit público, comenzó un ciclo de recuperación económica fundado en la actividad agro-industrial de exportación, la inversión pública y privada en infraestructura, mejoras reales en los salarios y las prestaciones sociales y el mercado interno, lo cual hizo retroceder la pobreza monetaria y no monetaria.

Durante 2018, la inestabilidad macro-financiera, sumada a los efectos de la sequía sobre el PBI agropecuario, consolidó una crisis externa que terminó con una fuerte depreciación del peso, una aceleración de la tasa de inflación y una caída del salario real. Esto implicó una caída del consumo interno y la entrada a un nuevo ciclo estanflacionario, con un fuerte ingreso de los sectores medios bajos a la situación de pobreza

No hay evidencias de una crisis socio-laboral extrema pero tampoco aparecen señales de recuperación. Sólo destacan algunas medidas parciales de compensación en materia de consumo interno y asistencia social.

En tanto se mantenga el actual escenario recesivo, sólo cabe esperar un aumento del desempleo, los trabajos de subsistencia y de la precariedad laboral, y por lo tanto, de las desigualdades estructurales que afectan al mercado de trabajo, con efectos directos sobre la pobreza.

Un cambio de rumbo sustantivo no sólo necesitará de fuertes inversiones e impulso a las exportaciones, sino también de políticas que reactiven el mercado interno, apoyen a las micro – empresas y mejoren su productividad.