La agresión perpetrada por intrusos en tierras recuperadas por las comunidades Mbyá Guaraní contra un integrante de la Pastoral Aborigen fue rápidamente condenada por todo el arco político. El dirigente alfonsinista Hugo Escalada se sumó a los repudios pero recordó que existe un proyecto de ley de su autoría en la Legislatura que no sólo obliga a restituir tierras ocupadas ilegalmente o cedidas con permiso transitorio, sino a indemnizar a las comunidades

Por Hugo Escalada
Sábado 20 de abril. “Salvé mi vida porque tuve una rápida reacción”, sostuvo Vasco Baigorri. Así describió el periodista y comunicador del Equipo Misiones de Pastoral Social Aborigen (EMiPA) el momento de extrema violencia que enfrentó ante la agresión de dos intrusos la mañana de este jueves, recorriendo las tierras de las comunidades Mbyá Guaraní en Aristóbulo del Valle. Se trata de las más de 6 mil hectáreas que tras una lucha de 17 años de reclamos y 12 años de litigio judicial, llegaron recientemente a un acuerdo de reconocimiento histórico de la Universidad Nacional de La Plata y fueron recuperadas para la titularidad de las comunidades Mbyá Yvy Pyta, Ka’aguy Poty, Kapi’i Poty, Yvytu Pora y Ka’aguy Miri Rupa, en la zona del Valle del Cuña Pirú”.
Esta información no sólo debe indignar sino mover a la reflexión para la acción-
Hay en Misiones muchas tierras ocupadas por colonos que en su momento, tuvieron un permiso de ocupación ilegal y pertenecen a las comunidades aborígenes.
Están en manos privadas bajo el pretexto que los aborígenes “nunca las ocuparon” -es sabido que son de cultura nómade y por ello se trasladan de un lugar a otro en busca de mejores recursos-.
Desgraciadamente, la ley 26160 en ningún momento habla de INDEMNIZAR a las comunidades por el uso ilegal de sus tierras, algo que correspondería sin dudas si se hubiese legislado utilizando el derecho de propiedad “de los blancos”.
Tampoco contempla la preexistencia de miles de hectáreas que fueran vendidas en su momento a privados con la anuencia del Estado, sabiendo que el aborigen nunca tuvo la necesidad del dominio en términos legales, y por ello no cuentan con papeles que acrediten su pertenencia, ni límites físicos como alambrados para identificarlas.
Es un deber del Estado reconocer el error, devolverles sus tierras ancestrales e indemnizarlos por el tiempo de ocupación ilegal y por años de usufructo en manos privadas.
Por estas razones “logicas” y muchas otras de índoles jurídicas y equitativas presenté en el año 2015 en Cámara de Diputados un proyecto de ley en el cual solicitaba:
ARTÍCULO 1.- Restituyese a las Comunidades Indígenas Pueblos Originarios Preexistentes, las tierras de su propiedad cedidas con permisos de ocupación por parte del Estado Provincial a terceros, aquellas de uso público y o privados ocupadas ilegalmente.
ARTÍCULO 2.- Indemnícese a las Comunidades Indígenas Pueblos Originarios Preexistentes por el usos de sus tierras que fueran cedidas con permiso de ocupación a terceros por parte de Estado Provincial, aquellas de uso público y o privados ocupadas ilegalmente.

Derechos ancestrales y constitucionales
El objetivo de ese proyecto no era otro que cumplir con las Normativas vigentes. Veamos:
La Ley Nacional N° 26160, Ley de Emergencia en Materia de Posesión y Propiedad de las Tierras declara la emergencia en materia de posesión y propiedad de las tierras que tradicionalmente ocupan las comunidades indígenas originarias del país.
La Reforma Constitucional 1994 Artículo 75 Inciso 17 habla de “reconocer la personería jurídica de sus comunidades, y la posesión y propiedad comunitarias de las tierras que tradicionalmente ocupan; y regular la entrega de otras aptas y suficientes para el desarrollo humano; ninguna de ellas será enajenable, transmisible ni susceptible de gravámenes o embargos”
El Convenio 169 O.I.T. sobre Pueblos Indígenas y Tribales en Países Independientes, Ratificado por la República Argentina mediante Ley 24.071, expresa en sus artículos 13, 14 y 15 lo que los Pueblos Originarios demandan instrumentar: “los gobiernos deberán tomar las medidas que sean necesarias para determinar las tierras que los pueblos interesados ocupan tradicionalmente y garantizar la protección efectiva de sus derechos de propiedad y posesión”.
Este año, bajo el lema “El territorio es vida, se cuida y se defiende”, las comunidades originarias en el país realizaran distintas actividades y encuentros, que permitan dar visibilidad a su lucha por la recuperación de sus tierras, derechos reconocidos en la Constitución Nacional, en su Art. 75, pero materia pendiente de reconocimiento en las provincias. En la nuestra hay un proyecto de ley presentado por mi en el año 2015 que va en esa dirección y espera tratamiento. Tal vez ésta vez sea la vencida.