El Tribunal Electoral de Misiones objetó una lista de candidates municipales del PO integrada por mayoría de mujeres. La ley establece que se intercalen los géneros. Es una lectura literal, pero hay doctrina de la Corte que establece que es necesario indagar lo que dice jurídicamente la letra y en conexión con las demás normas que integran el ordenamiento general. En esa indagación, no cabe prescindir de las palabras de la ley, pero tampoco ceñirse rigurosamente a ellas cuando una interpretación razonable y sistemática así lo requiera.

Martes, 23 de abril 2019. La llamada ley de Paridad de Género sancionada el 24 de octubre del año pasado fue aprobada por la unanimidad de los diputados provinciales, a instancias de un proyecto que fue generado a partir de propuestas trasversales a los partidos y elaborada por representantes del Parlamento de la Mujer. Técnicamente fue una reforma de la ley electoral, la vieja 4080, que por imperio del Digesto Jurídico se convirtió en la Lye XI – N°6. El corazón fue la nueva redacción del artículo 71° de la ley electoral. Su modificación establece taxativamente: “Las listas de candidatos a diputados provinciales, concejales y convencionales constituyentes nacionales, provinciales o municipales, deben integrarse de manera intercalada entre ambos géneros, desde el primer candidato titular hasta el último candidato suplente”.   Pero esa paridad no solo alcanzará a los cargos electivos generales, si no que también los cuerpo colegiados de los partidos políticos estarán sujetos a cumplirlas en su interior, a riesgo de perder la personería jurídica en caso de no hacerlo”.  La modificación fue el resultado del protagonismo y la unión de las mujeres que desde el fondo de los tiempos vienen planteando la cuestión de género como parte de las luchas de emancipación en una sociedad patriarcal.

Ayer, les apoderades del Partido Obrero de Misiones, fueron notificades que la letra de la ley debe cumplirse taxativamente. Olga Aguirre informó ayer “el Tribunal electoral de la provincia nos notifica el rechazo de la lista de concejales para Posadas presentada por nuestro partido, el Partido Obrero, por exceso de candidatas, con el agravante de que fundamenta la decisión en las modificaciones introducidas por la ley de Paridad (¡!). Textualmente señalan “…habiéndose procedido a la verificación del cumplimiento de cada uno de los requisitos exigidos por la legislación vigente, se observa que la lista presentada contraría lo normado por el Art. 71 de la ley XI-N°6, en consecuencia intimase a la apoderada partidaria para que en el término de 24 hs. proceda a integrar la lista válidamente…bajo apercibimiento de tenerlos por desistidos de la participación pretendida”.

Reconoce Aguirre que “el artículo mencionado establece que las listas de candidatos a concejales, diputados y convencionales constituyentes deben integrarse de manera intercalada entre ambos géneros, desde el primer candidato titular hasta el último candidato suplente”, pero plantea que “lo paradójico es que la mentada ley de paridad, que venía a impulsar y garantizar la participación de las mujeres en la vida política, es utilizada para cercenar la integración mayoritaria de mujeres a nuestras listas. El 50% exigido debiera estar contemplado como un piso y no como un techo a la participación”.

Recuerda que “en el 2017 nuestras listas estaban compuestas por un 60% de compañeras, es decir, el doble de lo exigido en ése momento y un 10% más de lo permitido éste año con la ley de paridad. Se confirma entonces lo que señalábamos al momento de su sanción, se trata de un acto demagógico que ni siquiera en términos formales sirve para impulsar la participación de las mujeres y mucho menos significa un avance en nuestras demandas. “Llamamos a las mujeres luchadoras de nuestra ciudad y nuestra provincia, a la juventud, a las y los trabajadores y al conjunto de la ciudadanía democrática a rechazar este intento de limitar la participación de las luchadoras de los derechos de la mujer en las próximas elecciones.”

Fallos de la Corte

La decisión del Tribunal abona el viejo debate que de alguna manera fue saldado por la Corte Suprema de Justicia de la Nación en fallos que en la publicación El Derecho de la UCA fueron resumidos por Martín López Olaciregui.  En la edición de marzo de 2016, destaca que La Corte Suprema ha dicho:

  1. a) Que los jueces no deben sustituir al legislador, sino aplicar las normas tal como este las concibió, puesto que les está vedado juzgar el acierto o conveniencia de disposiciones dictadas por los otros Poderes del Estado.
  2. b) Por encima de lo que las leyes parecen decir literalmente, es necesario indagar lo que dicen jurídicamente, en conexión con las demás normas que integran el ordenamiento general del país; en esa indagación, no cabe prescindir de las palabras de la ley, pero tampoco ceñirse rigurosamente a ellas cuando una interpretación razonable y sistemática así lo requiera.
  3. c) No es un método recomendable atenerse estrictamente a las palabras de la ley, ya que lo que debe rastrearse, en procura de una aplicación racional, es el espíritu que las informa, a fin de aventar el riesgo de un formalismo paralizante y de determinar lo que la norma ha querido mandar jurídicamente.
  4. d) Un precepto legal no debe ser aplicado literalmente sin una formulación circunstancial previa conducente a su recta interpretación jurídica, ya que, de lo contrario, se corre el peligro de arribar a una conclusión irrazonable.
  5. e) Las disposiciones legales no deben ser consideradas aisladamente, sino correlacionándolas con las demás que disciplinan la misma materia.
  6. f) La exégesis de una norma incluye tanto la armonización de sus preceptos como su conexión con las demás que integran el ordenamiento jurídico.
  7. g) La interpretación de las leyes debe hacerse computando la totalidad de sus cláusulas y de la forma que mejor armonice con los principios y garantías constitucionales.
  8. h) Debe preferirse la interpretación que favorece los fines de una norma y no la que los dificulta