El dirigente alfonsinista, Hugo Escalada, objetó la convocatoria presidencial a las oposiciones y a los sectores para acordar políticas de Estado. Pero, pero como buen radical, a diferencia de otros dirigentes cuestionó la forma antes que el contenido. En su columna de análisis político que tiene en el programa Plural, emitido por Canal 4 de Posadas, advierte sobre la tendencia de los gobiernos de occidente a buscar consensos en una mesa en función del principio de eficacia que, no sólo pueden afectar derechos consagrados, sino que debilitan las instituciones representativas. “Decidir “por el pueblo” hiere la Democracia. Decidir fuera del Congreso hiere la República”, advierte.

El Congreso es el único ámbito para debatir y generar consensos

Por el Dr. Hugo Escalada*
Miércoles, 8 de mayo. Tradicionalmente, el Estado democrático ha basado su legitimación en lo que Max Weber denominó el principio de la legitimidad legal nacional. De acuerdo con el mismo, para que el poder político sea legítimo es preciso que se obtenga y ejerza conforme a unas reglas generales racionalmente creadas, y a cuya observancia y cumplimiento se encuentran obligados tanto gobernados como gobernantes.
El principio de la legitimidad legal-racional, gráficamente expresado en el concepto del Estado de derecho, supuso un gran avance con respecto a épocas anteriores, pues, al desligar la legitimidad de la sustancia de la autoridad ostentada, permitió independizar el fundamento del poder, situándolo más allá de la voluntad y los deseos de quienes lo ejercen en cada momento concreto.
Con el transcurso del tiempo se consideró que el principio de legitimidad resultaba en sí mismo insuficiente. La democracia – se decía – no puede quedar reducida a simple método, a pura legitimidad formal, sino que implica también valores, fines y objetivos. Un sistema democrático funciona no porque esté organizado mediante una serie de normas reconocidas y aceptadas, sino porque sus fines básicos y sus normas procedimientales van dirigidos a la satisfacción de las aspiraciones de los ciudadanos.
Por ello, junto al principio de la legitimidad legal-racional, surgió un segundo principio, el de la eficacia, entendido como la capacidad del sistema para la satisfacción de los objetivos marcados. Su expresión práctica la constituye el concepto de Estado social de derecho. De acuerdo con el mismo, el sistema democrático no se agota en la existencia de una sociedad bien ordenada, sino que implica también, necesariamente, una administración eficaz de los recursos sociales con el objeto de maximizar la satisfacción de los ciudadanos.
La conclusión que se obtiene de la combinación de ambos principios es que la legitimidad supone condición necesaria, pero no suficiente, para la democraticidad de un sistema político. Actualmente, la práctica totalidad de los países democráticos desarrollados aceptan tal conclusión. Sin embargo, bien sea por su mayor tradición, o bien por las dificultades que entraña la aplicación práctica del principio de eficacia, lo cierto es que el principio de legitimidad siempre ha gozado teóricamente de un mayor predicamento que el de la eficacia.
Sólo teóricamente, pues, la obsesión de estos últimos años por el formidable problema de cómo hacer más eficaz el principio de eficacia está provocando un descuido y arrinconamiento cada vez más evidentes del principio de legitimidad. Una buena muestra, aunque no la única, de cuanto acabo de indicar la tenemos en el polémico llamado a dirigentes políticos opositores, efectuado por el presidente Macri.
Frente a la pasividad casi generalizada mostrada por sectores cualificados (magistrados, jueces, abogados, catedráticos de Derecho, iglesia, etcétera) que han insistido fundamentalmente en quienes deben ser convocados, antes de detenerse en la observancia de los factores de legitimidad, de garantías para el ejercicio de derechos y libertades, e incluso del propio principio de división de poderes.
El Gobierno ha sustentado la defensa de su convocatoria al “consenso”, amparándose exclusivamente en factores de eficacia: la necesidad, (sin consulta a la mayoría de los ciudadanos), de una mayor previsibilidad para calmar a los mercados financieros.
La cuestión es mucho más seria de lo que a primera vista parece, ya que ejemplos como el que acabo de citar constituyen tan sólo la punta del iceberg.
Actualmente puede observarse en la práctica totalidad de los países democráticos desarrollados no tanto una tendencia a una sustitución lisa y llana del principio de la legitimidad por el de la eficacia – lo cual resulta extraordinariamente burdo -, sino una tendencia dirigida a confundir el concepto de legitimidad con los de creencia, opinión o “consenso”. Tal tendencia, aun sin negar la necesidad del principio de legitimidad, se sostiene en la “habilidad” de los poderes políticos para persuadir a los ciudadanos de la validez de sus decisiones.
Es evidente que en las actuales sociedades de la comunicación resulta relativamente fácil establecer un flujo de información y persuasión desde los líderes a los ciudadanos, mediante la diseminación de símbolos justificadores de las decisiones políticas por ellos tomadas. Esa diseminación provoca una disgregación y una unidimensionalización de las normas e instituciones que pasan a convertirse en instrumento de la eficacia propugnada por los detentadores del poder.
La identificación de la legitimidad democrática con el “consenso” está llevando, a aberraciones tales como la circular -en España- de la Secretaría de Estado de Seguridad a las comisarías de policía sobre datos de gitanos detenidos en relación con el tráfico de droga, o el particular toque de queda para los drogadictos propuesto por el Partido Popular, o, en Francia, la exigencia del jus sanguinis formulada por Giscard d’Estaing. De ahí a la expulsión de los inmigrantes, a la reimplantación de la pena de muerte, o simplemente a la vuelta de una situación dictatorial, no hay más que un paso. Y ese paso no depende tanto de la toma del poder por parte de cualquier Le Pen o Bolsonaro, sino de algo mucho más cercano y posible, como es la obtención de un consenso suficiente entre los ciudadanos, disfrazado de legitimidad. Basta ese levísimo paso para hacer legítimo y sensato mañana lo que hoy es una aberración jurídica y política.
Por ello hoy más que nunca es preciso gritar a todos los vientos que la justificación de un procedimiento democrático de toma de decisiones no depende sólo de sus posibilidades de acierto, sino, sobre todo, de las ventajas que ofrece como método justo y pacífico para resolver disputas. La legitimidad no puede sustentarse sólo en sentimientos, sino también en unas reglas de juego por todos decididas y a todos aplicable, representadas por un corpus jurídico constitucional cuyo escrupuloso respeto resulta del todo imprescindible.
En nuestro país el art 22 de la CN impone los límites al debate y delimita claramente su ámbito: “El pueblo no delibera ni gobierna, sino por medio de sus representantes y autoridades creadas por esta Constitución. Toda fuerza armada o reunión de personas que se atribuya los derechos del pueblo y peticione a nombre de éste, comete delito de sedición”.
La Constitución está vigente y no hay declaración ni estado de excepción como para dejar de acatarla y utilizar los procedimientos por ella normados.
El Congreso es el único ámbito para debatir y generar consensos, pues es el único lugar donde está representado el pueblo a través de los diputados y las provincias a través de los senadores. Profundas crisis ha pasado nuestro país para llegar a este modelo doble de representación (bi-cameral), como para reemplazarlo por una convocatoria a un puñado de dirigentes políticos y sindicales.
La fenomenal crisis de representación del 2001 con el “que se vayan todos” debería ser suficiente antecedente y advertencia.
Todos hablan de “defender la democracia mientras la socaban. La democracia implica que la soberanía está en el pueblo. En momentos de crisis lejos de evitar convocarlo se debería recurrir a él en busca de verdadera legitimidad. Ya sea a través de la consulta popular (reglamentada por ley y jamás utilizada) o a través de las instituciones creadas para ello: el congreso.
Decidir “por el pueblo” hiere la Democracia. Decidir fuera del Congreso hiere la República.
Nos han endeudado sin acudir al Congreso. Ahora pretender dar “previsibilidad” dejándolo nuevamente de lado. Cualquier “consenso” de ese tipo es letra no escrita, aún antes de analizar su contenido.

*Abogado. Dirigente radical. Ex diputado provincial.