Agosto registró una regresividad en la distribución de los recursos tributarios entre la nación y las provincias. Mientras la Administración central tuvo ingresos por encima de la inflación, Misiones perdió el 7,4% de recursos en términos reales y recibió 2.200 millones menos que el Chaco. Queda en evidencia el funcionamiento sistémico de un esquema que tiende a la centralización y es inequitativo. Es el contexto que explica el acta acuerdo que firmó Alberto Fernández con las provincias en Santa Fe y en el que la Renovación incluyó como prioritaria la creación de un Fondo Compensador para Misiones.

Martes, 3 de septiembre. La recaudación de impuestos y su distribución entre el gobierno nacional y las provincias volvió a demostrar en agosto la inequidad y la ausencia de un verdadero federalismo fiscal. Mientras la Administración Nacional aumentó 56,3% sus ingresos, por primera vez en un año por sobre la inflación nacional que fue de 55%, al mismo tiempo cayeron los recursos coparticipables con las provincias. La recaudación total de Impuestos, Aduana y de la Seguridad Social (Anses) ascendió 458.494,6 millones de pesos, un 56,3% más que en igual mes del año anterior, frente a una tasa de inflación que se estima se mantuvo en el rango de 55% en 12 meses. Pero como el rubro más dinámico fueron los impuestos no coparticipables, los números en agosto muestran que en Misiones, los ingresos aumentaron 49,2%, muy por debajo de la inflación del nordeste que se estima en 56,6%.
Es un problema estructural del que no puede responsabilizarse a este gobierno que si bien incrementó la automaticidad de las transferencias a las provincias redujo al extremo los recursos para programas de educación, salud y viviendas.
El debate sobre la recaudación de impuestos y su distribución, en una nación que había adoptado un régimen federal de gobierno viene desde el fondo de nuestra historia. Llevó décadas de guerras civiles hasta que se acordara la Constitución Nacional de 1853 y la nacionalización de los recursos de la Aduana de Buenos Aires, por entonces prácticamente la única fuente de recursos fiscales que se contaba. Todavía casi otras tres décadas hasta la federalización de Buenos Aires y la verdadera Constitución de la Nación Argentina. Desde la CN de 1853 y hasta el año 1934, las provincias cubrían sus necesidades presupuestarias recaudando sus propios impuestos. La crisis mundial de 1930 con una enorme caída de comercio internacional deterioró seriamente la recaudación nacional, asentada básicamente sobre los impuestos a las importaciones y exportaciones. Ello obligó, en los primeros años de la década del treinta, a introducir una importante reforma tributaria, creando nuevos impuestos para suplir las pérdidas de los del comercio exterior. Se creó así el denominado impuesto a los Réditos, hoy Ganancias, que dio origen al inicio del sistema de coparticipación, ya que las provincias, con el aval de la Suprema Corte de Justicia, exigieron que parte de lo recaudado por ese impuesto retornara a las jurisdicciones de origen. Así se hizo y se estableció un régimen en el que 17,5% del impuesto volvía a las provincias en función de lo recaudado en ellas, es decir, se aplicaba un criterio estrictamente devolutivo. Con sucesivas modificaciones se llegó a los años ’80 cuando, con la sanción de la Ley 23.548, se estableció la coparticipación primaria, distribución entre Nación y provincias, quedando 54,6% para éstas y 44,3% para aquélla, adicionando un 1% para un fondo denominado Aporte para el Tesoro Nacional (los conocidos ATN). Misiones en esa Ley perdió un punto de la coparticipación secundaria que representaba casi el 30% de los recursos. Hay que recordar que la Ley fue sancionada en 1988 durante el gobierno radical de Raúl Alfonsín, que tenía en su gabinete a Barrios Arrechea y a Mario Losada, y en la provincia gobernaba el peronista Julio Humada y la mayoría de la Cámara de Representantes, que presidía Mabel Marelli, era de la UCR y refrendó la Ley aun reconociendo que perjudicaba al Estado provincial con argumentos de la realpolitik.
En este esquema de distribución de los recursos tributarios, no puede dejar de mencionarse que el gobierno de CFK, con la aplicación de retenciones a las exportaciones, impuestos que corresponden exclusivamente al gobierno nacional, llegó a controlar el 75% de la recaudación fiscal. Obviamente el país se convirtió en un régimen unitario fiscalmente aunque el sesgo popular de la administración creó programas de financiamiento con aportes no reintegrables o transferencia directa de dinero a los habitantes de las provincias, como se establece en la AHU. Pero siempre desde un poder concentrado en el Ejecutivo Nacional.
Este sistema tributario es el que determina que en agosto, el Estado nacional haya tenido ingresos por sobre la inflación mientras las provincias por debajo. Es así porque los rubros más dinámicos fueron las retenciones a las exportaciones con 39.384 millones de pesos y 519,4% de incremento, y derechos de importación y tasa de estadística 16.667,4 millones de pesos y 51,4% de aumento. En cambio IVA y Ganancias, que son coparticipables, aportaron 141.394 millones pesos y 102.677 millones de pesos, con sendos crecimientos nominales de 44,1% y 49,5%, en todos los casos en comparación con un año antes. Es la razón por la cual el Estado misionero recibió 312 millones de pesos menos en agosto, según lo reveló el ministro de Hacienda, Adolfo Safrán, al verificar el comportamiento del derrame de la copa al cierre del mes. Es decir que la caída registrada en términos reales es del 7,4%.
A Misiones ingresaron en agosto 4.371 millones de pesos en concepto de coparticipación, mientras en Chaco ingresaron 6.549 millones de pesos. Evidentemente, la ecuación que establece los índices de la distribución secundaria no contempla las realidades provinciales con equidad ya que los indicadores sociales, económicos y de necesidades son similares en las provincias del nordeste.
Ante esta realidad, la conducción política de la Renovación ha establecido como prioridad, el reclamo de un fondo compensador para la Provincia, que fue rubricado por Alberto Fernández en el acta acuerdo que firmó en Santa Fe junto al diputado Ricardo Wellbach en representación del gobernador electo, Oscar Herrera Ahuad.
Hay que recordar que en 1994, la Constitución Nacional estableció que en el término de dos años debía aprobarse el nuevo régimen de coparticipación, pero las condiciones que establece para ese régimen son tales que tratar de aplicarlas puede llevar otros veinte años sin nada. La cuestión es muy simple ninguna provincia va a resignar participación.
La única manera de romper el statu-quo es avanzar en una reforma tributaria integral que preceda una nueva normativa sobre la coparticipación de impuestos entre la Nación y las provincias.
Fernández, que muy probablemente sea consagrado presidente el 27 de octubre, ha dado muestras de comprender que el desafío que se le plantea desde las provincias constituye el nudo de una reorganización institucional de la Argentina, y no sólo porque se dice el más federal de los porteños.
Como ya se ha planteado en el Congreso desde el bloque de diputados nacionales de la Renovación, la transición que se inicia el 10 de diciembre debe incluir en la agenda la restitución de facultades delegadas de las provincias.