Misiones Plural

En las últimas décadas, las mujeres y las personas con identidades de género y orientaciones sexuales disidentes a la norma culturalmente impuesta vienen ganando espacios y protagonismo en el campo político. Sin embargo, todavía existe una brecha muy grande entre la sobrerrepresentación de los varones heterosexuales cisgénero con respecto a las mujeres, personas transgéneros y no heterosexuales.

Por Jorge Víctor Ríos

Miércoles 18 de noviembre de 2020. Como en muchos países de Latinoamérica y el mundo, la participación política ha sido históricamente reservada a los varones, mientras que a las mujeres han sido relegadas al ámbito doméstico. Sin embargo, en las últimas décadas, y en gran medida gracias a los derechos conquistados por el feminismo y el movimiento LGBTIQ+, tanto las mujeres como las personas con identidades de género y sexualidades disidentes han ganado participación y representación política.
Muestra del avance de estos dos movimientos son la sanción de algunas leyes que marcan hitos, comenzando por el voto femenino en 1947 (hace tan sólo 71 años), hasta la sanción de Ley de Paridad de Género en Ámbitos de Representación Política en 2017 o la Ley Micaela de 2018, o las leyes de Matrimonio Igualitario e Identidad de Género, de 2010 y 2012 respectivamente.
También los proyectos de ley de Interrupción Voluntaria del Embarazo y la de Cupo e Inclusión Laboral para personas Travestis y Trans, que se espera que se sancionen prontamente y que tienen el respaldo político del actual Gobierno nacional: el presidente Alberto Fernández envió ayer, martes 17 de noviembre, precisamente un proyecto al Congreso y dos meses atrás decretó el Cupo Laboral en el Sector Público Nacional.

Mujeres
Como señala la resolución sobre la participación de la mujer en la política aprobada por la Asamblea General de las Naciones Unidas en 2011, “las mujeres siguen estando marginadas en gran medida de la esfera política en todo el mundo, a menudo como resultado de leyes, prácticas, actitudes y estereotipos de género discriminatorios, bajos niveles de educación, falta de acceso a servicios de atención sanitaria, y debido a que la pobreza las afecta de manera desproporcionada”.
Eliminar todas las formas de discriminación contra las mujeres y las niñas es un objetivo de desarrollo sostenible de la ONU, además de Los Objetivos de Desarrollo del Milenio, que miden los avances hacia la igualdad de género.Uno de los indicadores que utilizan para ello es el porcentaje de mujeres que ocupan escaños parlamentarios.
En Argentina, para contrarrestar esas barreras y tratar de compensar el desbalance estructural a favor de los varones y en detrimento de las mujeres, se ha recurrido en un primer momento al cupo mínimo, y, más recientemente, a la paridad de género.
Las políticas de género en la Argentina tienen un hito fundamental en 1991 con la sanción de la ley de cupo femenino del 30% para la asignación de cargos legislativos. Esto permitió dar un salto de un 13% a un 27% en la proporción de mujeres en la Cámara de Diputados en 1995. Esta proporción siguió en ascenso hasta llegar a un pico del 40% en 2007. No obstante, más de una década después ese porcentaje se convirtió en un techo y la participación se amesetó. Por eso, en 2019 se estrenó la ley de paridad de género a nivel nacional, que determina que debe haber un 50% de mujeres en la conformación de listas de manera secuencial. Los resultados hasta el momento no indican aún una sola tendencia homogénea.
Por otro lado, no todo pasa por el acceso: las mujeres también permanecen segregadas al interior de las Cámaras. Por ejemplo, en el Congreso de la Nación, sólo 13 de 45 comisiones que funcionan en la Cámara Baja son presididas por mujeres. Algunas de ellas están asociadas al rol tradicional de la mujer, como la de Acción Social y Salud Pública, la de Familia, Mujer, Niñez y Adolescencia y la de las Personas Mayores. No obstante, también hay mujeres liderando otras áreas como Relaciones Exteriores y Culto, Defensa Nacional, Economías y Desarrollo Regional y Legislación Penal. En el Senado, las mujeres presiden 10 de las 27 comisiones unicamerales permanentes. Del mismo modo, el tipo de comisiones que lideran es variado y no responde estrictamente a roles desiguales de género.
La desigualdad en el acceso a cargos públicos para las mujeres es aún más marcada en el Poder Ejecutivo y el Poder Judicial, donde no existen medidas regulatorias que obliguen a reservarles posiciones de poder. En el Poder Ejecutivo, se ven asimetrías en los tres niveles de gobierno. Lo mismo ocurre con la conformación de los gabinetes de ministros, donde la presencia femenina es muy minoritaria. En el Poder Judicial, si bien a nivel agregado la participación es alta, la proporción de mujeres decrece a medida que se asciende en la escala jerárquica. Por eso, a pesar de los avances, en Argentina la subrepresentación de las mujeres en la política todavía es un hecho sistemático y trasversal a los poderes, las provincias y los partidos políticos.
Desde la vuelta a la democracia, tan solo 12 de los 97 candidatos a presidente fueron mujeres. La única que resultó electa fue Cristina Fernández de Kirchner, quien obtuvo el cargo durante dos mandatos consecutivos, de 2007 a 2015. En las últimas elecciones, la única candidata, Manuela Castañeira por el Movimiento al Socialismo, no superó el umbral de 1, 5% en las primarias, por lo que tuvimos la contienda por el principal cargo se dio solo entre hombres. Sin embargo, sí hubo presencia femenina en la vicepresidencia con la elección de Cristina Fernández por el Frente de Todes.
En cuanto a las gobernaciones, desde 1983, de 233 elecciones a gobernador, solo 10 fueron ganadas por mujeres. Hasta el 10 de diciembre de 2019 hubo cuatro gobernadoras en su cargo: Lucía Corpacci, Alicia Kirchner, Rosana Bertone y María Eugenia Vidal. Las últimas tres se presentaron a la reelección, pero tan solo Alicia Kirchner fue reelecta, quedando como una de las dos únicas gobernadoras en función actualmente junto a Arabela Carreras en la provincia de Río Negro.

Disidencias
Con respecto a las personas con identidades de género y sexualidades visiblemente disidentes, es decir, transgénero, de género no binario o no heterosexuales, también se comienza a ver mayor participación en el campo político, tanto en candidaturas a cargos electivos en el poder legislativo y ejecutivo, como en la conformación de equipos de gobierno.En algunos casos, se trata de militantes de la causa de la diversidad sexual que dan un salto al ámbito político propiamente dicho, como María Rachid, quien pasó a ser la primera legisladora lesbiana de la Ciudad de Buenos Aires en 2011.
En otros casos, se trata de polítiques que simplemente hacen visible sus identidades y orientaciones disidentes, generalmente para reivindicarlas. Un ejemplo es el Diputado nacional por la Provincia de Buenos Aires Leonardo Grosso, uno de los políticos LGBTIQ+más visibles en la política nacional actual, ya que también es un importante referente nacional del Movimiento Evita. En el año 2018, Grosso declaró su relación con Guillermo Castro a través de una publicación en las redes sociales en coincidencia con el Día de la Militancia y la Marcha del Orgullo LGBTIQ+. Un año después, en el 2019, contrajo matrimonio con Castro, convirtiéndose en el primer Diputado Nacional en casarse bajo la ley de Matrimonio Igualitario.
Sin embargo, el primer congresista gay fue Osvaldo Ramón López, Senador por la provincia de Tierra del Fuego. Tras la sanción de la Ley de Matrimonio Igualitario, López contrajo matrimonio el 10 de octubre de 2010 con Javier Calisaya, su pareja desde hacía seis años, convirtiéndose en el primer funcionario argentino casado con una persona del mismo sexo.
Históricamente, las personas LGBTIQ+ han tenido dificultades para participar en la política precisamente por sus identidades de género u orientaciones sexuales disidentes a la heteronorma y, por ello, han mantenido ocultos esos aspectos. Aún hoy, la condición sexual y de género es motivo de rechazo en amplios sectores de la ciudadanía y recaen sobre ella los prejuicios y estigmatizaciones de profunda raigambre cultural, como las patologizantes. Sería el caso del primer -y hasta ahora único- gobernador públicamente gay del país, actualmente en funciones: Gustavo Melella, de Tierra del Fuego, quien enfrenta cargos por acoso sexual, lo cual denuncia como parte de una campaña sucia en su contra.
En cuanto a la participación de las personas LGBTIQ+ en los equipos de gobierno, es destacable la incorporación de Alba Rueda al Ministerio de Mujeres, Género y Diversidad -en su momento fundacional- como subsecretaria de Políticas de Diversidad de la Nación, siendo así la primera persona en desempeñar el cargo. Rueda es una mujer trans militante por los derechos de las personas trans y travestis que combina formación académica con un estrecho contacto con movimientos sociales de extracción popular.