La ministra de Seguridad de la Nación, Sabina Andrea Frederic, repasa con Misiones Plural aspectos de su área y habla sobre la permeabilidad de la frontera en Misiones, la situación con el narcotráfico y el terrorismo y el trabajo que realizan en un contexto de pandemia.

Viernes 2 de abril de 2021. La ministra de Seguridad de la Nación, Sabina Andrea Frederic, descartó que la permeabilidad de la frontera misionera sea un gran problema aunque aseguró que a partir de la preocupación del gobernador Oscar Herrera Ahuad, incrementaron la presencia de personal de seguridad y prevén más refuerzos en zonas puntuales.
La funcionaria sobrevoló la frontera con Paraguay y Brasil, acompañada por el Gobernador y su ministro de Gobierno, Marcelo Pérez, donde se interiorizó sobre los puntos débiles de control que facilitan la inmigración clandestina. Frederic dijo que está al tanto de la situación especial de Misiones al estar inserta como una cuña entre dos países, con los que limita en el 92 por ciento de sus fronteras. El tramo de preocupación tanto de la provincia como de la Nación está en la zona seca, en torno a Bernardo de Irigoyen y Dionicio Cequeira (Brasil) y San Antonio y Santo Antonio (Brasil) donde la Gendarmería Nacional “reforzó el control en diez puestos fijos en Bernardo de Irigoyen con 40 efectivos” y por lo tanto, “los episodios que tuvieron son muy puntuales”, precisó la funcionaria.
También descartó, en una nota con Misiones Plural, la presencia de células “dormidas” de narcotraficantes o terroristas en el país y dijo que si bien hay consumos de narcóticos, la Argentina es más un país de paso.
En el campo político dijo que la desigualdad social es muy alta en la Argentina y consideró, en ese sentido, que permite que haya “personas sin horizontes. Eso también impacta sobre la seguridad”.

-¿Pudo dialogar con el Gobernador Herrera Ahuad sobre el accionar de las fuerzas federales?
-El Gobernador está conforme con el trabajo de custodia que llevan a cabo las fuerzas de seguridad federales. Nosotros creemos que podemos optimizar su trabajo, mejorando los controles, con el refuerzo del 10 por ciento de personal que hicimos en 2021 y que se suma al refuerzo que hicimos en 2020. Lo que más nos preocupaba era la supuesta presión de brasileños para cruzar por esa zona.

-¿Son ciertas las versiones sobre la presencia de brasileños, en pasos clandestinos, para cruzar a Misiones?
-Ese tema nos preocupaba mucho, pero puedo asegurar que no hay presiones de ciudadanos brasileños que deseen cruzar hacia Misiones en esa zona fronteriza; sí nos preocupa bastante el contrabando de granos y de otros tipos de mercancías y el grado de actividad delictiva que se va adecuando también a la presión que hacen las fuerzas federales; ese es por ejemplo el trabajo que hicimos en la zona de El Soberbio.

-¿Cuál es la situación en el límite entre Iguazú y Foz de Iguazú (Brasil), unidas por el puente Tancredo Neves?
-No hay una situación distinta a la que existe normalmente, no hay presión desde Foz de Iguazú hacia la Argentina. Pero evaluamos con los jefes de escuadrones de Gendarmería Nacional el refuerzo, con fuerzas federales, desde El Soberbio hacia el norte.

-¿Qué sucede con aquellos ciudadanos que necesitan cruzar porque tienen doble nacionalidad y deben hacer trámites en Brasil o Paraguay. Y con los que residen en San Antonio y trabajan en Santo Antonio; o en Bernardo de Irigoyen y trabajan en Dionicio Cerqueira o viceversa? ¿Es viable una burbuja sanitaria, por ejemplo?
-Esas situaciones no son de competencia del Ministerio de Seguridad de la Nación sino temas que debe definir el Gobierno provincial. Puedo mencionar la situación que vivió Corrientes, donde el gobernador Gustavo Valdés no permitía el ingreso de argentinos residentes en Brasil y que interpusieron recursos de amparos y finalmente la Justicia les permitió entrar. Nosotros seguimos los protocolos que establece Salud Pública, que es la autoridad responsable y nosotros, en el mientras tanto, debemos controlar.

-El juez federal Miguel Guerrero, con competencia en zona fronteriza, dijo que en Puerto Iguazú no hay células de narcotraficantes y terroristas “dormidas” pero que sí le preocupa el narcomenudeo. ¿Coincide con el Magistrado federal?
-Nosotros mantenemos la atención, el control y la vigilancia en diferentes instancias tanto de inteligencia, investigación, más operativas y preventivas y ese control tiene sus efectos porque disuade y evita el accionar de algunos sujetos vinculados con células terroristas. En la historia de los controles que tiene la Argentina, inclusive el comando tripartito que hay entre Argentina, Paraguay y Brasil –donde los Estados están comprometidos en accionar contra el narcotráfico y el terrorismo- no tuvimos situaciones graves. Muchas veces hay datos sobre tránsito de personas vinculadas con el financiamiento de terrorismo, como pasó en la gestión de Patricia Bullrich que ingresaron por Ezeiza y por Bolivia y no por esta zona. Coincido con que hay que mantener el control y la vigilancia pero a la vez se debe desmitificar porque no es el único lugar donde pasan cosas.

-Se habló mucho de que el Primer Comando Capital (PCC) de origen brasileño ingresó con la intención de instalarse en Iguazú, Rosario y Santa Fe pero luego se dijo que fue un paso en tránsito hacia el norte brasileño. ¿Qué información puede brindar al respecto?
-Nosotros mantenemos el control preventivo y estamos muy atentos a cualquier situación de ese tipo. Cuando me hice cargo del Ministerio de Seguridad de la Nación había una persona detenida en un escuadrón de GN del norte de Misiones, supuestamente vinculada con el PCC, y gestionamos su pase al Servicio Penitenciario Federal porque la Gendarmería no es una institución para tener detenidos, y menos con esos antecedentes. Después no tuvimos situaciones similares.

-¿Y el Clan Barakat?, liderado por Assar Almad Barakat vinculado al lavado de dinero y al financiamiento de células terroristas como el Hezbolah?
-El Clan Barakat sí, pero no dentro de nuestra gestión sino en la anterior y eso hizo que el Ministerio de Justicia incorporara al grupo Hezbolah como una organización terrorista; lo que quiero aclarar bien es que ese control sigue existiendo y que muchas veces se realiza con efectivos que no están uniformados y que llevan adelante trabajos de inteligencia e investigación. Nosotros no bajamos la intensidad del control y su efecto es que la zona norte de Misiones no tenga actividades delictivas de este tipo. Pero si, sabemos, que gente vinculada a grupos terroristas ingresaron al país, por otras zonas.

-¿Hay preocupación por un tercer atentado?
-La preocupación siempre la tenemos; bajar la guardia de seguridad es convertirnos en un país vulnerable, por eso todas las instituciones como la Agencia Federal de Inteligencia (AFI), la Unidad de Información Financiera (UIF), Migraciones, los servicios de inteligencia que dependen del Ministerio de Seguridad de la Nación, las fuerzas de seguridad federales tienen información conectada que permite estar muy atentos a los posibles ingresos de personas vinculadas a grupos terroristas: por ejemplo hay una mujer que fue detenida el año pasado en Mar del Plata cuyo marido está vinculado al financiamiento del grupo terrorista Hezbolah. Esto demuestra que estamos muy atentos a información del tránsito de personas o del movimiento de dinero.

-Tras el asesinato de las niñas Lilian Mariana Villalba y María del Carmen Villalba en un ataque del grupo de Elite del Ejército paraguayo a un campamento del Ejército Revolucionario del Pueblo de Paraguay -el 2 de septiembre-, se habló de la vinculación de miembros de este grupo con residentes en Misiones y, por consiguiente, el deseo de ingresar al país. ¿Tienen alguna veracidad estos transcendidos?
-Esas versiones no son ciertas.

-¿Siente la colaboración de los gobiernos de Paraguay, Brasil y Bolivia en la lucha contra el narcotráfico y terrorismo?
-Creo que se deben fortalecer la vinculación entre las fuerzas de seguridad y de inteligencia de esos tres países; la pandemia no ayuda; las crisis institucionales en los otros países tampoco. Nosotros tenemos vinculación sobre todo con Paraguay; reconozco que tenemos mayor vinculación con este país que con Bolivia y Brasil.

-¿No cree que se debería desmitificar la frase Triple Frontera, como definición de las tres ciudades (Puerto Iguazú, Foz de Iguazú y Ciudad del Este), de países diferentes y regidas por sus leyes, y no como una unidad independiente de sus países?
-Es cierto; es tal cual como usted lo dice.

-¿Cómo analiza la situación que viven Santa Fe y Rosario con la presencia muy fuerte de narcotraficantes?
-Creamos una unidad del Ministerio en Rosario, en octubre, desde donde trabajamos tres grandes líneas: reforzando la faz preventiva con personal de las fuerzas federales en la calle; trabajando muy bien con los juzgados federales de Rosario, minucioso en cuanto a la vinculación de causas federales donde hubo varios procedimientos (la semana pasada, 20 allanamientos dejaron once detenidos, entre ellos uno de los líderes de una organización que se dedicaba al fraccionamiento y comercialización de marihuana y cocaína. que realizó la Prefectura). La tercera línea es el control sobre el puerto de Rosario, en conjunto con la Afip y que derivará sobre el control de la hidrovía.

-¿Argentina es un país de paso o hay carteles de narcotraficantes instalados?
-La Argentina es un país de paso de cocaína y marihuana. En 2020 incautamos un 40 por ciento más que en 2019 durante la gestión de Bullrich: mucha de esa marihuana era para Chile, Brasil y Europa. Esto significa que hay paso pero también, reconozco, hay consumo. En 2020 no hubo mucha circulación de cocaína a través de Uruguay. En Argentina no hay carteles sino organizaciones criminales, muchas de las cuales tienen una pantalla de legalidad que terminan con lavado de activos y clánicas (de clanes), es decir más familiares y muy fragmentadas. Eso se ve, por ejemplo, en Rosario donde no son más dos grandes grupos sino divisiones.

-El gobierno de Macri era más rápido para desalojar cortes de rutas como manifestaciones o protestas y el de Alberto Fernández parece más benévolo. ¿Cuánto aguanta esta desigualdad social en democracia?
-Es una pregunta difícil de responder. El Gobierno nacional es consciente de que estamos en una época de desigualdad social. El Gobierno de Macri incrementó esa desigualdad abriendo una brecha grande; el desafío para este gobierno nacional está en cómo puede dar seguridad con este contexto de crecimiento de desigualdad. El gobierno de Alberto Fernández es respetuoso de los derechos constitucionales; desarrollamos una herramienta que denominamos resolución alternativas de conflictos que hace que muchos de los funcionarios, sobre todo el área de articulación federal, se ocupe de estar informados de posibles conflictos o bien de intervenir en el caso que no haya información previa de parte de los ministerios provinciales. Se trabaja en la mediación y negociación para que, por ejemplo, los cortes en la vía pública -por reclamos sociales o del tipo que fueren-, el uso de las fuerzas federales sean el último recurso y no el primero, como en el gobierno de Macri donde la gente era reprimida sin que atiendan sus reclamos. Nosotros trabajamos de otra manera: atendemos el reclamo, tratamos de solucionarlo para que no haya una corte de ruta o tomas de calles.

-Cuándo asumió, en diciembre de 2019 en un país sin pandemia, seguramente inició su función con un esquema de trabajo sin contemplar la posibilidad de la instalación del Covid 19. A un poco más de un año, ¿Cómo fue cambiar el proyecto de seguridad original a un programa de seguridad con pandemia?
-Nosotros tratamos de mantener nuestras políticas de seguridad durante la pandemia teniendo en cuenta que tuvimos que usar a las fuerzas federales para realizar los controles cuando el aislamiento fue más estricto. Aún así mantuvimos nuestras líneas de trabajo, fortaleciendo la federalización de la seguridad que es una orientación central del Gobierno de Alberto Fernández. Se promueven encuentros con los ministerios de seguridad provinciales a través del zoom y avanzamos en una política de inversión: el año pasado entregamos 170 móviles para las fuerzas federales; este año entregamos 162; reparamos 565 móviles que nos dejó la gestión de Macri sin funcionamiento, como también helicópteros. Avanzamos en el área de articulación federal, en contraposición del Gobierno anterior, que tuvo una exposición brutal de las fuerzas de seguridad que intervinieron en situaciones lamentable como fueron las muertes de Maldonado y el asesinato de Rafael Nahuel. Trabajamos en la refundación de la Policía Federal con personal que debe dedicarse a la investigación criminal. Aún en pandemia tratamos de sostener nuestras líneas principales de trabajo para una seguridad en democracia, respetuosa de los derechos constitucionales de las mayorías y consientes de la desigualdad que tiene el país que hace que haya personas sin horizonte. Eso también impacta sobre la seguridad.

El ministro Pérez, el gobernador Herrera Ahuad y la ministra Frederic.

AFS- Misiones Plural