La provincia presentó en el Foro Permanente de Direcciones de Presupuesto y Finanzas su programa de créditos de carbono, certificado por Verra con más de 10,9 millones de créditos. El proyecto ya obtuvo reconocimiento internacional, pero espera una autorización del Estado nacional para vender esos activos ambientales en los mercados regulados, donde cotizan muy por encima del mercado voluntario.

Jueves 2 de julio de 2026. La conservación de la selva misionera dejó de ser solamente una política ambiental para convertirse en una estrategia económica de largo plazo. Esa fue la idea central que el Gobierno de Misiones llevó al Foro Permanente de Direcciones de Presupuesto y Finanzas de la República Argentina, donde presentó el desarrollo de su Programa Jurisdiccional de Créditos de Carbono y volvió a plantear un reclamo que considera estratégico: obtener la autorización del Estado nacional para comercializar esos activos ambientales en los mercados internacionales de cumplimiento.
La exposición se realizó durante el plenario desarrollado en Buenos Aires entre el 8 y el 10 de junio, donde funcionarios provinciales compartieron con representantes de las áreas económicas de todo el país la experiencia que convirtió a Misiones en el primer gobierno subnacional del mundo en registrar un programa bajo la modalidad JNR REDD+ —Jurisdictional and Nested REDD+— del estándar internacional Verra.
El reconocimiento representa un hito para los mercados internacionales de carbono. A diferencia de la mayoría de los proyectos forestales certificados, que abarcan establecimientos o reservas particulares, el programa misionero cubre prácticamente toda la superficie provincial con bosque nativo y coloca al propio Estado como responsable del monitoreo, la verificación de resultados y la distribución de beneficios.

El bosque como activo económico


Durante décadas, Misiones sostuvo una política pública de conservación que implicó fuertes restricciones sobre el uso de sus recursos forestales.
Hoy conserva alrededor del 54% de su territorio cubierto por bosque nativo, alberga aproximadamente la mitad (el 52 por ciento, según la Provincia) de la biodiversidad registrada en Argentina y protege el mayor remanente continuo de Selva Paranaense del país, uno de los ecosistemas con mayor diversidad biológica y, al mismo tiempo, uno de los más amenazados del planeta.
Esa riqueza ambiental también representa un costo económico. Mientras otras provincias expandieron durante décadas su frontera agrícola o ganadera, Misiones limitó parte de ese crecimiento mediante áreas protegidas, corredores biológicos, reservas naturales y regulaciones sobre el aprovechamiento forestal.
Desde hace años, el gobierno provincial sostiene que ese esfuerzo beneficia a toda la Argentina e incluso contribuye a la mitigación del cambio climático global, aunque no recibe una compensación equivalente dentro del régimen de coparticipación federal.
El mercado internacional de carbono aparece entonces como un mecanismo destinado a asignar un valor económico a esos servicios ambientales.

Qué certificó Verra

La certificadora internacional Verra aprobó el programa luego de auditar el desempeño ambiental de la provincia entre 2017 y 2022.
El proceso verificó que Misiones redujo su ritmo anual de deforestación desde unas 21.500 hectáreas hasta aproximadamente 5.700 hectáreas por año, resultado que permitió emitir 10.914.085 créditos de carbono certificados. Cada crédito equivale a una tonelada de dióxido de carbono cuya emisión fue evitada gracias a la reducción de la pérdida de bosques.
La certificación constituye mucho más que un reconocimiento técnico. Permite que esas reducciones de emisiones se transformen en activos ambientales negociables dentro del mercado internacional de carbono, uno de los instrumentos financieros que más creció durante la última década como consecuencia de las políticas de descarbonización impulsadas por gobiernos y grandes empresas.

Cómo funciona el programa

El modelo diseñado por Misiones integra tierras públicas, propiedades privadas y territorios de comunidades indígenas bajo un único sistema jurisdiccional.
Los propietarios que poseen selva nativa registrada ante el Ministerio de Ecología pueden adherir voluntariamente y acceder a una parte de los ingresos futuros. La distribución contempla variables como la superficie conservada, la categoría de conservación —roja, amarilla o verde— y el cumplimiento de compromisos ambientales.
Quienes prefieran desarrollar un proyecto independiente también pueden hacerlo mediante el sistema denominado «anidamiento», que permite generar créditos propios evitando la doble contabilización, una exigencia central de los estándares internacionales.
Según datos oficiales, solamente unas 38.000 hectáreas quedaron fuera del esquema provincial, alrededor del 3% del área potencialmente incorporable.

Cómo se repartiría el dinero

Uno de los aspectos que más destacaron los funcionarios provinciales durante la presentación fue el mecanismo de distribución de beneficios.
Los recursos provenientes de la venta de créditos ingresarían a un fideicomiso con reglas específicas de administración.
Parte de esos fondos financiaría proyectos de restauración forestal, manejo sustentable, reforestación, fortalecimiento de comunidades indígenas, municipios e instituciones vinculadas a la conservación.
Otro porcentaje se distribuiría entre propietarios privados que adhieran al programa y mantengan sus compromisos ambientales.
El resto se destinaría a sostener las tareas de monitoreo satelital, fiscalización, control de desmontes ilegales, protección del bosque nativo y fortalecimiento operativo de los organismos provinciales.

Falta el respaldo de Cancillería

Aunque Misiones ya posee los créditos certificados, todavía enfrenta el principal obstáculo para transformarlos en ingresos. La provincia necesita que la Cancillería argentina emita la denominada Carta de Autorización prevista en el Artículo 6 del Acuerdo de París.
Ese documento habilitaría la comercialización dentro de los mercados regulados o de cumplimiento, donde empresas y Estados adquieren créditos para cumplir obligaciones legales de reducción de emisiones.
La diferencia económica resulta determinante. Mientras el mercado voluntario suele registrar cotizaciones relativamente bajas y sujetas a fuertes fluctuaciones, los mercados regulados históricamente operan con valores considerablemente superiores debido a la existencia de obligaciones normativas. La autorización nacional, por lo tanto, puede definir si los más de 10,9 millones de créditos certificados representan un ingreso moderado o una fuente de financiamiento de magnitud para la provincia.
El programa REDD+ es una metodología establecida en la Convención Marco de Naciones Unidas sobre Cambio Climático (CMNUCC), que Argentina suscribe mediante políticas publicas vinculadas a la mitigación y adaptación al cambio climático en su Estrategia Nacional, y la provincia de Misiones hacer lo propio mediante el Plan de Respuesta al Cambio Climático para el sector bosques. Este programa forma parte de las acciones propuestas en el plan provincial. Cabe recordar que fue identificado y propuesto por la Secretaría de Estado de Cambio Climático a partir de su creación y presentado en la COP 26 de Glasgow en el 2021. Fruto del trabajo interinstitucional que permitió que Misiones llegue a la registración en el 2026, con el primer programa Jurisdiccional Anidado REDD+ del mundo, esto es un hito en la acción climática que el mundo valora y reconoce. El programa consigue poner en valor el resultado de más de cuarenta años de construcción institucional ambiental y climática iniciada en el 1984, con el primer Ministerio de Ecología de la Argentina, y en el 2020 con la creación de la Secretaría de Estado de Cambio Climático, única en el país y la región, el Inventario Provincial de Gases de Efecto Invernadero y el Plan Provincial de Respuesta al Cambio Climático, antecedentes que permitieron desarrollar el programa con estándares internacionales.

Un caso observado desde el exterior

La propia Verra calificó la certificación de Misiones como un antecedente de alcance mundial al tratarse del primer programa jurisdiccional liderado por un gobierno provincial aprobado bajo el Escenario 2 de su marco JNR.
La organización considera que la experiencia puede convertirse en un modelo replicable para otros gobiernos subnacionales de América Latina, África y Asia que buscan financiar la conservación de sus bosques mediante mecanismos de mercado.
Mientras ese reconocimiento internacional ya es una realidad, el desafío inmediato para Misiones continúa siendo político y diplomático.
El programa consiguió demostrar que la reducción de la deforestación puede transformarse en un activo económico verificable. El paso siguiente depende de la decisión del Estado nacional de habilitar o no el acceso de la provincia a los mercados internacionales donde esos activos alcanzan su mayor valor.

Escenarios hipotéticos

En escenarios hipotéticos y no como una proyección de ingresos, porque el precio de los créditos de carbono no es único ya que depende del mercado, la calidad del crédito, la demanda, el tipo de comprador y el mecanismo de comercialización, Misiones Plural hace una estimación del monto que podría recibir la provincia.
En ese sentido, se tiene en cuenta que Misiones obtuvo la certificación internacional de 10.914.085 créditos de carbono bajo el estándar Verra. Cada crédito equivale a una tonelada de dióxido de carbono cuya emisión fue evitada gracias a la reducción de la deforestación. Si bien el monto que eventualmente podría percibir la provincia dependerá del mercado donde logre comercializar esos activos ambientales. Los valores internacionales presentan amplias diferencias entre los mercados voluntarios y los mercados regulados o de cumplimiento.
Esta hipótesis para entender la potencialidad, queda explicada en este cuadro (abajo) de elaboración propia sobre la base de 10.914.085 créditos certificados por Verra.

¿Por qué es tan importante el aval de la Nación?

Aquí aparece el punto más importante de toda la discusión. Los mercados voluntarios, donde hoy podría vender Misiones si no obtiene la autorización nacional, suelen registrar valores bajos y muy variables. Durante los últimos años muchas operaciones se concretaron entre US$ 3 y US$ 10 por crédito, aunque existen proyectos que negocian por debajo o por encima de esos valores, según su calidad y demanda.
En cambio, los mercados regulados o de cumplimiento funcionan bajo marcos legales que obligan a empresas o gobiernos a compensar parte de sus emisiones. En esos sistemas, los precios pueden ubicarse muy por encima de los del mercado voluntario y, en algunos esquemas internacionales, superar los US$ 30, US$ 40 o incluso US$ 50 por tonelada, dependiendo de la jurisdicción y del instrumento utilizado.
Por esa razón, la autorización que Misiones solicita a la Cancillería argentina podría definir una diferencia económica de varios cientos de millones de dólares entre un escenario y otro.
Hay que tener en cuenta que el Gobierno de Misiones sostiene desde hace más de dos décadas que la provincia presta un servicio ambiental que beneficia a toda la Argentina al conservar el mayor bloque continuo de Selva Paranaense del país. Esa posición dio origen a reiterados reclamos para incorporar criterios ambientales en la distribución de recursos federales o establecer mecanismos permanentes de compensación. Ante la ausencia de un esquema nacional de pago por servicios ecosistémicos, la estrategia provincial evolucionó hacia la creación de un mercado de créditos de carbono capaz de generar ingresos propios mediante la valorización económica de la conservación del bosque nativo.