El nuevo tiempo político de Misiones empieza a definirse sobre una idea sencilla: administrar con recursos propios aquello que la Provincia puede resolver y construir fuerza política para reclamar a la Nación aquello que excede sus posibilidades.

Domingo 16 de agosto de 2026. La Asamblea de Gobernadores del Norte Grande, la número 24 que se realizó el miércoles en Posadas, mostró esa estrategia en una escena concreta. Hugo Passalacqua reunió a los mandatarios regionales, recibió al jefe de Gabinete nacional, Diego Santilli, y colocó delante del Gobierno nacional una agenda que incluye gas natural, energía, rutas, infraestructura y condiciones para la producción. La reunión permitió convertir problemas provinciales en una agenda regional, aunque todavía no produjo acuerdos concretos sobre las obras reclamadas.
Ese matiz importa. Reclamar no equivale a obtener. El valor político del encuentro estuvo en otra parte: diez gobernadores sentados alrededor de una misma mesa tienen más capacidad para instalar una discusión federal que una provincia reclamando en soledad.
Misiones tiene, además, un problema que difícilmente pueda resolver con su propio presupuesto. El gas natural constituye una de las principales desventajas estructurales de su matriz energética. La ausencia de una red de gas de escala regional afecta a los hogares, pero también a la industria, porque condiciona costos y competitividad.
Passalacqua llevó esa discusión al Norte Grande y planteó la necesidad de una estrategia energética que contemple las particularidades de la región. El argumento es difícil de discutir desde la escala: una provincia puede construir redes locales, perforaciones, plantas, caminos o puentes; difícilmente pueda financiar por sí sola una infraestructura troncal de alcance regional.
Ahí aparece una de las claves de la nueva etapa de gestión. La discusión ya no pasa solamente por reclamar a Buenos Aires sino por establecer con claridad qué puede hacer Misiones y qué debe resolver la Nación.
El Gobierno nacional redujo durante la gestión de Javier Milei la participación directa en numerosas obras de infraestructura y avanzó, además, con mecanismos de delegación y concesión. El Decreto 253/2026, por ejemplo, habilitó a varias provincias a concesionar determinados tramos de rutas nacionales, aunque mantuvo la titularidad y jurisdicción federal de esos caminos.
Y no es que sólo dejó de hacer obra pública” sino que modificó el papel nacional frente a determinadas obras: menos ejecución directa, mayor búsqueda de esquemas de concesión y una creciente presión sobre las provincias para que asuman responsabilidades que antes tenían una participación federal más visible.
Misiones enfrenta esa transformación desde una posición fiscal particularmente delicada. El sistema argentino concentra la recaudación de numerosos tributos en el Estado nacional y distribuye luego recursos a las provincias mediante la coparticipación y otros regímenes. El propio Ministerio de Economía reconoce dentro de los Recursos de Origen Nacional aquellos cuya distribución involucra a las jurisdicciones provinciales.
El problema, entonces, está en quién tiene los recursos y quién debe financiar las obras necesarias para sostener el desarrollo territorial y ya no en saber cuánto recauda cada nivel del Estado.
Misiones ya ensaya una respuesta dentro de sus límites. En San Vicente, la Provincia financia obras sobre el acceso a la Universidad Nacional del Alto Uruguay y la construcción de un nuevo puente sobre el arroyo Chafariz. Las intervenciones buscan mejorar la conectividad, la seguridad vial y la salida de la producción de las colonias.
La escala de esas obras resulta significativa precisamente porque permite entender el límite. Un puente, un camino rural o una red local pueden entrar dentro de las posibilidades de una administración provincial. Un gasoducto regional, una gran autovía o la reconstrucción integral de una red nacional de rutas requieren otra capacidad financiera.
La diferencia entre ambas escalas debería formar parte del nuevo discurso político misionero: resolver adentro lo que se puede resolver adentro y reclamar afuera lo que corresponde a otra jurisdicción.
Ese esquema también explica la importancia de la agenda productiva. Misiones representa, según datos difundidos por el Ministerio de Industria, el 46,7% de la industria manufacturera del NEA, concentra el 48% del empleo industrial regional y reúne el 43% de las empresas industriales de la región. El IPEC aporta una referencia todavía más precisa sobre el peso de esa actividad dentro de la economía provincial: en 2024 la industria manufacturera explicó el 22,6% del Valor Agregado Bruto de Misiones y se ubicó como el principal sector económico de la provincia.
Una provincia con ese perfil productivo necesita algo más que discursos sobre competitividad. Necesita energía, caminos, logística, financiamiento, mercados y reglas que permitan producir con costos razonables.
El Estado provincial puede intervenir en una parte de esa ecuación. Puede capacitar trabajadores, vincular universidades con empresas, acompañar a las pequeñas y medianas empresas, promover rondas comerciales y abrir mercados. La Semana de la Industria ya funciona sobre esa lógica de articulación entre empresas, instituciones educativas y sector público.
Pero la Provincia no puede reemplazar indefinidamente la infraestructura federal.
Ese límite vuelve a colocar al Norte Grande en el centro de la discusión. El informe logístico del Consejo Federal de Inversiones registra para la región más de diez millones de habitantes y una enorme circulación de cargas y exportaciones. La cuestión regional, por lo tanto, excede la fotografía política de una asamblea de gobernadores. Se trata de una discusión sobre el costo de producir y transportar desde territorios alejados de los principales centros de consumo.
Cuando Passalacqua reclama gas, energía y rutas, el planteo contiene una definición política más amplia: el desarrollo argentino no puede seguir midiéndose únicamente desde la capacidad económica del área central.
Esa misma lógica apareció en la discusión sobre la extranjerización de tierras. Misiones convirtió el capítulo del proyecto nacional sobre venta de tierras rurales a extranjeros en una cuestión política propia y sumó presión al debate nacional. Finalmente, el Gobierno nacional retiró ese capítulo del proyecto ante la falta de votos y el rechazo generado entre aliados y sectores políticos y sociales.
La enseñanza política de ambos episodios es similar. Una provincia periférica tiene menos capacidad cuando reclama sola y mayor capacidad cuando convierte su posición en una agenda compartida.

La nueva gestión
Si la nueva gestión que encabeza Hugo Passalacqua pretende convertirse en algo más que una nueva denominación electoral, tendrá que demostrar que esa lógica también funciona puertas adentro. La ruptura del antiguo esquema oficialista abrió una etapa política diferente. Movimiento por lo que Viene busca consolidar una estructura propia y disputar la conducción del espacio político provincial. La nueva construcción todavía debe demostrar su alcance institucional y electoral. Su legitimidad no surgirá de la cantidad de dirigentes que aparezcan en una fotografía, sino de la capacidad para producir una modificación perceptible en la forma de gobernar.
Ahí aparece el verdadero desafío, dicen los analistas que saben, sin prestarle atención a los eufóricos.
Después de años de continuidad política, la sociedad misionera puede valorar la estabilidad y, al mismo tiempo, reclamar cambios. Un nuevo ciclo no se prueba con la ruptura entre dirigentes. Se prueba con decisiones concretas: mayor capacidad de escucha, controles más eficaces, administración más austera, menos internismo y una relación diferente con quienes producen, trabajan y sostienen la economía provincial.
El concepto de “intereses de Misiones primero” puede convertirse entonces en algo más que una consigna. Puede expresar una doctrina política: autonomía para decidir, capacidad para administrar, cooperación regional para negociar y federalismo para reclamar.
Eso supone también aceptar los límites.
Misiones puede financiar un puente, mejorar un camino rural, ampliar una red de agua, acompañar a un productor o capacitar trabajadores. Puede utilizar sus herramientas fiscales y financieras para sostener sectores estratégicos. Puede construir acuerdos con otras provincias y defender posiciones comunes frente al Gobierno nacional.
No puede fabricar el gas que todavía no llega. Tampoco puede sustituir por tiempo indefinido la inversión federal que requieren las rutas nacionales y las grandes obras de infraestructura.
Por eso la prueba de «lo que viene» será doble. Hacia afuera deberá demostrar que puede transformar los reclamos provinciales en una agenda federal con suficiente peso político para obtener respuestas y hacia adentro deberá demostrar que la nueva etapa significa algo más que un cambio de conducción dentro del oficialismo.
La fórmula, en definitiva, resulta bastante más exigente que “hacer frente a una Nación que hace menos”. Consiste en hacer todo lo posible con los recursos disponibles, reclamar con argumentos aquello que corresponde a la Nación y rendir cuentas sobre cada resultado.
Ese puede ser el verdadero significado de poner los intereses de Misiones primero: no esperar que otro resuelva lo que la Provincia puede hacer, pero tampoco aceptar como destino que una provincia periférica deba financiar sola las obras que necesita para competir en igualdad de condiciones.
El desafío ahora está en demostrarlo con gestión y también con resultados.

La «silla vacía» y el «dar la cara»

En el camino, hay uno que ya se resbaló: el episodio de las declaraciones sobre la “silla vacía” en la Legislatura misionera cayó mal por dónde se lo mire: el empresario yerbatero Juan José Szychowski, que todavía no puede ocultar su pertenencia al PRO de Mauricio Macri, saltó con declaraciones que molestaron en propios, ex-propios, cuasi propios, filopropios y también en extraños, cuando quiso picantear la escena al reclamar por la silla vacía de Carlos Rovira. Szychowski, que ingresó a la Cámara de la mano del Frente Renovador de la Concordia y se convirtió en parte del bloque de Encuentro Misionero -hasta hace unos días- y ahora integra la bancada passalacquista de Por lo que Viene, cargó contra su ex jefe político, Carlos Rovira, por estar ausente en la primera sesión luego del receso invernal de la Legislatura: “Señor presidente, quiero hacer una pequeña reflexión” (¿?), introdujo Szychowski, al ser autorizado por el presidente de la Cámara, Sebastián Macías, para el uso de la palabra. “Todos los que estamos acá somos diputados, 40 diputados; lamentablemente faltan algunos”, agregó. Si bien, el legislador yerbatero no mencionó a Rovira, era el único ausente de la jornada.
“Cada banca representa a miles de misioneros. Hay diputados que tienen un bloque unipersonal y, así y todo, vienen”, añadió Szychowski. “Es muy feo ver una silla vacía, sin que se venga a hablar, a debatir”, disparó y remató: “Nuestra obligación es venir y dar la cara”.
Sus propias declaraciones demuestran una fuerte contradicción y la eterna doble vara de la derecha, una posición que demuestra que el legislador todavía debe resolver entre su pasado, su presente y la institucionalidad que pretende aplicar a los demás.