En el acto por el aniversario 176 del paso a la inmortalidad del Libertador, el gobernador recuperó una dimensión política de la gesta sanmartiniana: la lucha contra el poder sin límites. La referencia abrió una lectura contemporánea sobre la concentración de la autoridad y, al mismo tiempo, exige distinguir entre el absolutismo que San Martín combatió y la monarquía constitucional que llegó a considerar como forma de organización para los nuevos Estados americanos.


Lunes 17 de agosto de 2026. Durante el acto central por el centésimo septuagésimo sexto (176) aniversario de la muerte de José Francisco de San Martín, el Libertador, realizado el lunes en San José, Passalacqua sostuvo que la gesta sanmartiniana tuvo como uno de sus grandes sentidos la lucha contra el poder absoluto. “Siempre va a aparecer uno que quiera ser un absoluto y el pueblo de algún modo va a ser rebelde”, afirmó. En otro tramo explicó el concepto en términos contemporáneos: el absolutismo consiste en creerse dueño de todo, decidir quién habla, quién piensa, quién crece y quién queda relegado.
«L’État, c’est moi» («El Estado soy yo»), reforzó. La frase puede leerse como una definición política general. También adquiere una dimensión concreta cuando se la coloca frente al contexto de la conmemoración y frente al escenario político que atraviesa Misiones. El gobernador eligió homenajear a San Martín hablando de los límites del poder. La referencia histórica funcionó, así, como una puerta hacia una discusión contemporánea: qué ocurre cuando una autoridad concentra decisiones, qué sucede cuando el poder deja de admitir contrapesos y hasta dónde puede llegar un gobierno antes de transformar la autoridad en dominio.
Imposible disociar esta idea con la impronta que propios y extraños adjudican a Carlos Rovira, el hombre que conduce (¿condujo?) los destinos de Misiones desde hace un cuarto de siglo y que el Gobierno actual empezó a disputarle el poder.
No hubo referencias directas a Rovira aunque tampoco son necesarias.
Pero para entender el alcance de la centralidad del discurso del Gobernador hay que volver dos siglos atrás.
El absolutismo contra el que combatió San Martín no era una metáfora. Era un sistema político. En la monarquía absoluta, la soberanía se concentraba en el rey y la autoridad del monarca ocupaba el centro de la organización estatal. La Revolución Francesa, la Ilustración y las transformaciones políticas de fines del siglo XVIII habían puesto en discusión ese orden, mientras España atravesaba su propia crisis frente a la invasión napoleónica.
En 1812, las Cortes de Cádiz sancionaron una Constitución que introdujo principios incompatibles con el absolutismo tradicional: soberanía nacional y separación de poderes. El rey conservaba atribuciones, pero su autoridad quedaba jurídicamente limitada. Fernando VII regresó al trono en 1814, derogó la Constitución e inició una restauración absolutista que volvió a colocar al monarca en el centro del poder.
Ese giro tuvo consecuencias directas sobre América.
San Martín no peleaba simplemente contra los españoles por su condición de españoles. Su objetivo militar apuntaba contra el poder político y militar que sostenía el dominio colonial. El Instituto Nacional Sanmartiniano señala que su estrategia tenía como objetivo destruir el poder fernandino en Perú, identificado como uno de los principales bastiones del absolutismo en América.
La diferencia resulta decisiva. La independencia americana no fue solamente una guerra entre territorios. También formó parte de una crisis mucho más amplia sobre quién tenía derecho a ejercer la soberanía. La cuestión dejó de ser únicamente quién gobernaba y pasó a ser quién podía decidir sobre los pueblos.
En ese escenario aparece el San Martín político. Su pensamiento estuvo atravesado por las ideas de la Ilustración y por la experiencia europea. La libertad, la educación, la soberanía y la limitación del poder formaron parte de su horizonte político. La Constitución de Cádiz había mostrado que incluso dentro de la monarquía española podía plantearse una organización estatal donde el rey dejara de ser una autoridad ilimitada. El regreso de Fernando VII al absolutismo cerró esa experiencia y profundizó el conflicto americano.
San Martín entendió que derrotar militarmente al ejército español no alcanzaba. Había que terminar con la estructura política que permitía reconstruir el dominio colonial. Por eso su campaña hacia Chile y Perú tuvo una dimensión estratégica mucho mayor que la de una sucesión de batallas. El objetivo era quebrar el centro del poder español en Sudamérica. Lima era el corazón político del virreinato y uno de los principales bastiones del sistema que San Martín pretendía desplazar.
Allí aparece una de las claves de la frase pronunciada por Passalacqua: «la libertad sanmartiniana no puede separarse de la idea de poner límites al poder». La asociación a la coyuntura actual es, también, de quienes leen estas líneas.
Sin embargo, existe otra dimensión que obliga a evitar una lectura demasiado sencilla. San Martín no fue un político del siglo XXI trasladado al siglo XIX. Tampoco dejó una teoría constitucional cerrada que pueda utilizarse como programa político contemporáneo. Su pensamiento fue más complejo y estuvo condicionado por una América recién independizada, atravesada por guerras, fragmentaciones territoriales, disputas entre centralistas y federales y enormes dificultades para construir instituciones estables. Llevado al plano actual, la misma disputa que fronteras adentro mantienen hoy las provincias con un Estado unitario.
En distintos momentos, San Martín consideró viable una monarquía constitucional para algunos de los nuevos países americanos. En el Perú llegó incluso a impulsar la búsqueda de un príncipe europeo para encabezar una monarquía independiente. La cuestión central, entonces, no pasaba únicamente por elegir entre rey y presidente. Pasaba por construir un sistema capaz de garantizar la independencia, ordenar el Estado y limitar el ejercicio arbitrario del poder. La historiografía especializada señaló precisamente esa dimensión del pensamiento sanmartiniano. Pero hay que ser claro: San Martín no identificaba la monarquía con el absolutismo: consideró viable una monarquía constitucional para algunos de los nuevos Estados americanos, siempre bajo un sistema institucional que limitara el poder del monarca. Su adversario político era el poder absoluto, no necesariamente la figura del rey.
Esa contradicción aparente es, en realidad, una de las claves para comprenderlo. San Martín podía aceptar una forma monárquica siempre que estuviera limitada por instituciones, mientras combatía la monarquía absoluta porque concentraba la soberanía en el rey. El problema fundamental era el poder sin límites.
Por eso la frase de Passalacqua adquiere una dimensión que excede el homenaje. “Siempre va a aparecer uno que quiera ser un absoluto”, dijo el gobernador. La expresión transforma al absolutismo histórico en una categoría política permanente. Ya no se refiere solamente a Fernando VII. Describe una tentación que puede reaparecer bajo distintos sistemas: la pretensión de concentrar decisiones, controlar las instituciones, establecer quién tiene voz y quién queda fuera de ellas.
La democracia moderna construyó precisamente mecanismos para impedir esa concentración. División de poderes, Constitución, elecciones, prensa libre, justicia independiente, representación política y alternancia son respuestas institucionales a una pregunta que el siglo XIX dejó planteada: cómo impedir que quien gobierna termine confundiendo el poder recibido con una propiedad personal.
Ahí está el núcleo contemporáneo de la referencia de Passalacqua. El gobernador no habló simplemente de una batalla ganada hace doscientos años. Habló de una idea de poder. Y al hacerlo introdujo una lectura política en un acto institucional que, por tradición, suele quedar circunscripto a la evocación militar y patriótica del Libertador.
La escena tuvo además un contexto político particular. El acto reunió a Passalacqua con dos exgobernadores de Misiones, Maurice Closs y Oscar Herrera Ahuad, mientras la ausencia de Carlos Rovira adquirió especial significación dentro del escenario político provincial. Diversas lecturas periodísticas interpretaron las referencias del gobernador como una señal hacia las concentraciones de poder, aunque esa interpretación corresponde al terreno político y no a una atribución explícita de destinatario por parte de Passalacqua.
Pero en este análisis, la prudencia periodística obliga a distinguir ambos planos. Una cosa es lo que dijo Passalacqua: que San Martín luchó contra el absolutismo, que siempre aparece alguien que pretende ser “absoluto” y que los pueblos terminan rebelándose frente a esa pretensión. Otra cosa es interpretar a quién estaba dirigido el mensaje.
La primera pertenece al discurso público. La segunda pertenece al análisis político. Y allí aparece una paradoja particularmente interesante: un gobernador reivindicando a un militar que dedicó buena parte de su vida a impedir que una potencia imperial restaurara su dominio sobre América y que, al mismo tiempo, entendía que la independencia militar debía desembocar en pueblos capaces de gobernarse.
San Martín no construyó su legitimidad sobre la permanencia indefinida en el poder. Después de liberar territorios, se retiró. No convirtió la victoria militar en una plataforma para perpetuarse. Tampoco buscó transformar su prestigio castrense en una autoridad personal ilimitada.
Esa dimensión resulta especialmente poderosa para leer el concepto de absolutismo.
El problema del poder absoluto no empieza necesariamente cuando un gobernante proclama que es un rey. Empieza cuando la autoridad comienza a confundirse con la persona que la ejerce.
Por eso la vieja definición atribuida a Luis XIV —“L’État, c’est moi”, “El Estado soy yo”— sirve como contraste conceptual, aunque la frase carezca de una atribución histórica segura. El absolutismo lleva implícita esa lógica: el poder se concentra en una persona y la voluntad del gobernante adquiere una dimensión superior a los límites institucionales.
La tradición republicana moderna plantea exactamente lo contrario: el Estado pertenece a la comunidad política, el poder se ejerce temporalmente y quien gobierna permanece sometido a las reglas que limitan su autoridad.
Esa es, probablemente, la parte más actual del mensaje pronunciado en San José. Al menos, entendemos eso.
El San Martín reivindicado por Passalacqua no aparece solamente como el general que cruzó los Andes, sino como el hombre que entendió que la independencia carecía de sentido si cambiaba un poder dominante por otro. La libertad no consistía únicamente en expulsar al poder extranjero. También exigía impedir que cualquier autoridad se convirtiera en dueña del destino colectivo.
Dos siglos después, esa discusión conserva vigencia, sobre todo porque el absolutismo cambió de forma, pero la tentación de ejercer un poder sin límites pertenece a todas las épocas.
El lunes, el homenaje a San Martín dejó de ser solamente una ceremonia de memoria. Se convirtió en una pregunta política: qué significa ser libre cuando quienes gobiernan tienen la tentación de sentirse dueños del poder que recibieron de la sociedad.
La respuesta de San Martín fue la independencia. La respuesta de la democracia contemporánea debería ser algo más exigente: independencia, instituciones, límites al poder y ciudadanía capaz de rebelarse —políticamente, electoralmente e institucionalmente— cada vez que alguien pretenda convertir una responsabilidad pública en una propiedad personal.