El Congreso Provincial del Partido Justicialista sesionó en Posadas y estableció que cualquier acuerdo deberá sostener los principios y valores del justicialismo. La resolución excluye expresamente a Encuentro Misionero en su nueva versión UNI, La Libertad Avanza y el espacio identificado con Ramón Amarilla. También aprobó balances, designó el Tribunal de Disciplina, eligió a los congresales nacionales y modificó las reglas de funcionamiento del Consejo Provincial.

Domingo 27 de septiembre de 2026. El Partido Justicialista de Misiones avanzó este domingo en una definición central para su estrategia política de cara al próximo escenario electoral: el Congreso Provincial estableció los criterios que deberán regir la eventual conformación de frentes y alianzas con otras fuerzas políticas y autorizó al presidente partidario, Christian Ariel Humada, y al titular del Congreso, Walter Esteban Mieres, a suscribir conjuntamente esos acuerdos.
La reunión se desarrolló en la sede partidaria de avenida López y Planes 2964, en Posadas, a partir de una convocatoria formalizada mediante la Disposición 1/26. El orden del día había previsto expresamente la discusión sobre alianzas, la aprobación de los balances de 2022, 2023 y 2024, la designación del Tribunal de Disciplina, la elección de congresales nacionales, la modificación del artículo 27 de la Carta Orgánica y el tratamiento de propuestas para el Programa de Acción Política, Social, Económica y Cultural. ([Partido Justicialista][1])
La decisión sobre los acuerdos políticos constituye el principal componente de la jornada. El Congreso estableció como condición fundamental que las agrupaciones que eventualmente integren un frente con el PJ sostengan los principios y valores del Justicialismo. La resolución aprobada agregó un límite político específico: los acuerdos no deberán representar las ideas de Encuentro Misionero, en su nueva versión UNI; La Libertad Avanza; ni la derecha representada por Ramón Amarilla.
De esta manera, el Congreso no delegó en forma abierta e irrestricta la política de alianzas, sino que fijó previamente un marco político dentro del cual deberán desarrollarse las conversaciones y eventuales acuerdos.
La convocatoria original ya establecía que el Congreso debía decidir sobre la conformación de alianzas o frentes y definir las condiciones para que el partido participe en ellos. También contemplaba acuerdos para las distintas instancias electorales, tanto municipales, provinciales como nacionales.

Humada y Mieres, habilitados para suscribir los acuerdos
En ese marco, el Congreso Provincial autorizó al presidente del Partido Justicialista de Misiones, Christian Ariel Humada, y al presidente del Congreso Provincial, Walter Esteban Mieres, a suscribir conjuntamente los acuerdos políticos destinados a conformar frentes y alianzas con otras agrupaciones o partidos.
Para el ámbito nacional, la autorización queda vinculada al frente que conforme el Partido Justicialista Nacional, de acuerdo con la definición adoptada por el órgano partidario provincial.
La decisión adquiere relevancia dentro del proceso de reorganización que atraviesa el PJ misionero durante 2026. En junio, el Congreso Provincial volvió a constituirse formalmente después de 27 años y eligió a Mieres como presidente, con la participación de 98 congresales de distintos puntos de la provincia.
La Carta Orgánica establece que el Congreso Provincial es el organismo supremo del partido y que entre sus atribuciones se encuentra decidir sobre la formación de frentes, fusiones y alianzas con otras agrupaciones políticas y las condiciones en que el Partido Justicialista participará de ellas.
La nueva conducción cuenta así con una definición orgánica para avanzar en las conversaciones políticas, pero dentro de los límites establecidos por el máximo órgano partidario provincial.

Balances de 2022, 2023 y 2024
Otro de los puntos tratados fue la situación administrativa y financiera del partido. El Congreso aprobó los balances correspondientes a los ejercicios 2022, 2023 y 2024, que formaban parte del orden del día de la convocatoria.
El tratamiento de los balances se inscribe en la etapa de reorganización institucional del PJ provincial. El propio partido había puesto previamente a disposición información vinculada con esos ejercicios como parte de una política de transparencia institucional.

Nuevo Tribunal de Disciplina
El Congreso también avanzó en la conformación del Tribunal de Disciplina, órgano encargado de intervenir en los procedimientos vinculados con la conducta partidaria dentro de las competencias que le asigna la Carta Orgánica.
La nueva integración quedó conformada de la siguiente manera:

  • Presidenta: abogada Rosana Florencia Rivas.
  • Secretario: Ramón Héctor Zalazar.
  • Vocal: Lucía Ester Llamosas.
  • Vocal: José Oriel Montiel.
  • Vocal: Víctor Manuel Loreiro.
  • Vocal suplente: Julio Ríos Bordón.
  • Vocal suplente: Patricia Alejandra Ramírez.
  • Vocal suplente: Marta Haydeé.
    La Carta Orgánica establece que corresponde al Congreso Provincial designar a los integrantes del Tribunal de Disciplina y establece, además, un procedimiento específico para las actuaciones disciplinarias y sus eventuales instancias de apelación.
    En la misma jornada se dispuso la elevación al Tribunal de Disciplina de los antecedentes judiciales y disciplinarios correspondientes a los afiliados Arrúa, Kornuta y Comparín, para su estudio y resolución. La medida había sido incorporada expresamente al orden del día de la sesión.
    La elevación de antecedentes no implica por sí misma una sanción: supone el traslado de las actuaciones al órgano partidario competente para su análisis conforme al procedimiento establecido.

Misiones definió a sus congresales nacionales
Otro de los puntos abordados fue la representación del distrito Misiones ante el Congreso Nacional del Partido Justicialista.
El Congreso Provincial aprobó una nómina integrada por 22 congresales titulares y 11 suplentes.
Los titulares son:
Benigno Héctor Gómez, Celia Anita Islas de Saraceni, Lisandro Fidel Maciel, María Cristina Britez, Aníbal Cabral, Zulma Mabel Rotela, Martín Ayala, Gladis Karina Holanda, Juan Pablo José Velázquez, Myriam Graciela Rojas, Jorge Carlos Alejandro Posdeley, Alicia Norma Aquino, Miguel Ángel Ruloff, María Soledad Schlie, Carlos Alfredo Flores, Aldana Micaela Maciel, Miguel Osvaldo Herrera, Elvecia Magdalena Escurdia, Carlos Hugo Díaz, Miguelina Amarilla Benítez, Iván Oseas Baez y Zunilda Iris Mendoza.
Los suplentes son:
Martín Fernando Halty, Laura Noemí Pintos, Javier Alberto Leguiza, Patricia Alejandra Ramírez, Germán López, María Agustina Velázquez, Fausto Martín García, Marisa Estela Ruiz, Lucio Daniel García, María Elsa Vásquez y Duarte Manuel Alejandro.
La definición completa así la representación institucional del distrito ante los órganos nacionales del PJ, en un contexto en el que la conducción provincial deberá articular sus decisiones con las definiciones que adopte el Partido Justicialista a nivel nacional.

El Consejo Provincial sesionará al menos una vez cada tres meses
El Congreso también modificó el artículo 27 de la Carta Orgánica Partidaria, referido al funcionamiento del Consejo Provincial.
La redacción anterior establecía que el Consejo debía reunirse en sesiones ordinarias por lo menos una vez al mes. La modificación aprobada dispone ahora que deberá hacerlo por lo menos una vez cada tres meses.
Las sesiones extraordinarias podrán ser convocadas por el presidente o por un tercio de los integrantes del Consejo Provincial. En ese caso, la convocatoria deberá expresar el temario correspondiente.
La modificación introduce, por lo tanto, una nueva periodicidad mínima para las reuniones ordinarias del principal órgano ejecutivo partidario. La Carta Orgánica vigente establece que el Consejo Provincial está integrado por 24 miembros y que sus funciones incluyen la conducción política y administrativa del partido en el ámbito provincial, además de la fiscalización del funcionamiento de los organismos partidarios.

Programa de Acción Política
La agenda incluyó además el tratamiento e incorporación de propuestas formuladas por la Vicepresidencia del Consejo Político Provincial, las secretarías gremiales, los secretarios generales de los Consejos Municipales y los equipos técnicos del Programa de Acción Política, Social, Económica y Cultural.
El objetivo planteado fue incorporar esos aportes al programa para su tratamiento y fijación dentro de la estructura partidaria.
La Carta Orgánica establece precisamente que corresponde al Congreso Provincial fijar el plan de acción político-social, económico y cultural del partido en el ámbito provincial, mientras que el Consejo Provincial tiene entre sus atribuciones elaborar anualmente los programas de acción política, social, cultural y de capacitación, además de la plataforma electoral que posteriormente debe elevar al Congreso para su consideración. ([PJ Misiones][3])

Una definición política dentro de una etapa de reorganización
La sesión de este domingo constituye otro paso dentro del proceso de reorganización institucional que el PJ Misiones inició durante este año. La constitución del Congreso Provincial en junio, después de 27 años sin funcionamiento regular de ese órgano, fue seguida por nuevas definiciones sobre la conducción partidaria, el funcionamiento interno y ahora la política de alianzas.
El contexto inmediato también estuvo marcado por definiciones judiciales respecto de la situación institucional del partido. En septiembre, la Cámara Nacional Electoral declaró desierto un recurso presentado contra una decisión de primera instancia vinculada con la realización del Congreso Provincial, mientras que la conducción partidaria señaló que el pronunciamiento respaldaba la continuidad de las actuaciones de sus órganos.
Con la sesión de este domingo, el PJ misionero dejó establecido el marco formal para avanzar en la construcción de acuerdos electorales: principios y valores justicialistas como condición de integración, límites explícitos respecto de determinados espacios políticos y autorización conjunta a Humada y Mieres para formalizar los acuerdos.
La definición no establece todavía una alianza concreta. Lo que hace es habilitar institucionalmente a la conducción para avanzar en negociaciones dentro de los criterios aprobados por el Congreso Provincial. Esa diferencia resulta central: el órgano partidario fijó primero las condiciones y luego delegó la instrumentación de los acuerdos en sus principales autoridades.