El presidente de la Asociación de Productores Agropecuarios de Misiones (Apam) sostuvo que la iniciativa que debatirá el Senado el 6 de agosto modificará el régimen de protección de las tierras rurales y acelerará la concentración de la propiedad en manos extranjeras. Vinculó el proyecto con otras reformas impulsadas por el Gobierno nacional y afirmó que «la chacra no se vende, la chacra es Patria». Pidió a los senadores rechazar el proyecto.
Viernes 24 de julio de 2026. A menos de dos semanas del tratamiento en el Senado del proyecto de ley denominado «De inviolabilidad de la propiedad privada», el debate sobre el futuro del régimen de tierras rurales comenzó a escalar entre las organizaciones agrarias. En Misiones, una de las voces más críticas es la del presidente de la Asociación de Productores Agropecuarios de Misiones (Apam), Hugo Sand, quien advirtió que la iniciativa «abrirá definitivamente las puertas a la extranjerización de la tierra» y tendrá consecuencias directas sobre la estructura productiva de la provincia.
Si se aprueba esta ley, será el fin de la familia agraria en Misiones», afirmó el dirigente durante una entrevista con Portal Misiones Radio, donde planteó que la reforma representa un cambio de fondo en el modelo de ocupación y administración del territorio argentino.
Sand sostiene que el proyecto modifica aspectos centrales de la Ley Nacional 26.737, sancionada en 2011 para establecer límites a la adquisición de tierras rurales por parte de personas físicas y jurídicas extranjeras. Desde su mirada, la iniciativa elimina barreras que hoy funcionan como resguardo de la soberanía territorial y habilita un escenario de mayor concentración de recursos estratégicos.
«Es un proyecto tramposo. No solamente facilita que capitales privados extranjeros adquieran tierras, sino que también abre la posibilidad de que otros Estados compren territorio argentino y deja en manos de las provincias la decisión sobre esas operaciones. Es un mecanismo que termina debilitando la capacidad del Estado nacional para proteger recursos estratégicos», sostuvo.
Un debate que excede la propiedad privada
El dirigente remarcó que la discusión no gira exclusivamente alrededor del derecho de propiedad, sino sobre el control de recursos naturales considerados estratégicos para el desarrollo nacional.
Actualmente, la Ley 26.737 establece que las personas extranjeras no pueden superar el 15% de la titularidad de las tierras rurales del país. Según los datos citados por Sand, alrededor del 5% del territorio nacional —cerca de 13 millones de hectáreas— ya pertenece a propietarios extranjeros.
«Eso significa que todavía existe un margen legal equivalente a unos 27 millones de hectáreas. Estamos hablando de una superficie comparable a las provincias de Buenos Aires y Corrientes juntas. La pregunta es si la Argentina está dispuesta a profundizar ese camino», planteó.
El dirigente también puso el foco sobre la localización de esas propiedades. Afirmó que gran parte de las inversiones extranjeras se concentran en áreas de frontera, regiones con reservas minerales, bosques nativos, corredores logísticos y territorios vinculados al Sistema Acuífero Guaraní, uno de los reservorios de agua dulce más importantes del planeta.
En ese contexto enumeró, siempre según los registros que citó, la distribución de la propiedad rural extranjera: alrededor de 2,7 millones de hectáreas en manos de ciudadanos estadounidenses; cerca de 2 millones pertenecientes a italianos; 1,7 millones bajo titularidad española y más de un millón de hectáreas vinculadas a capitales británicos.
Misiones, una provincia especialmente expuesta
Para Sand, la situación adquiere una dimensión aún mayor en Misiones debido a sus características geográficas.
«La provincia tiene el 90% de sus límites sobre fronteras internacionales. Eso convierte a la tierra en un recurso estratégico desde el punto de vista productivo, ambiental y geopolítico», afirmó.
El presidente de Apam señaló además que existen municipios ubicados en zonas de seguridad fronteriza donde la participación de propietarios extranjeros supera los porcentajes fijados por la legislación vigente.
En ese escenario advirtió que una eventual flexibilización del régimen aceleraría la concentración territorial y dificultaría el acceso de pequeños productores a la tierra.
«La familia agraria desaparecerá si este proceso continúa. La chacra dejará de ser una unidad de producción y de arraigo para convertirse únicamente en un activo financiero», sostuvo.
«La tierra forma parte de un mismo proceso de entrega»
Sand inscribió el proyecto dentro de una serie de reformas impulsadas durante la gestión del presidente Javier Milei que, a su criterio, responden a una misma orientación política.
Entre ellas mencionó la pérdida de facultades regulatorias del Instituto Nacional de la Yerba Mate (INYM), la reestructuración del INTA y del INTI, la derogación de la Ley de Emergencia Territorial Indígena, las modificaciones sobre la Ley de Glaciares, la implementación del Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI) y la concesión de la Vía Navegable Troncal Paraná-Paraguay.
«Todo forma parte de una misma lógica. Primero se debilitan los organismos públicos que regulan; después se flexibilizan las normas ambientales y productivas; finalmente se habilita la apropiación privada de los recursos naturales. Lo que está en discusión es quién controlará la tierra, el agua, los minerales y la producción de alimentos durante las próximas décadas», expresó.
Preocupación por el modelo productivo misionero
El dirigente agrario también vinculó el proyecto con la estructura forestal de Misiones y alertó sobre una mayor concentración de tierras destinadas a monocultivos.
Según indicó, una empresa forestal de capitales chilenos concentra actualmente una porción significativa del territorio provincial, sobre suelos de alta aptitud agrícola.
A su entender, una flexibilización del régimen de tierras profundizaría ese modelo en detrimento de la agricultura familiar y de la producción diversificada de alimentos.
También expresó preocupación por el futuro de áreas de investigación y conservación, como el predio del INTA en San Antonio, donde se preservan materiales genéticos del pino Paraná.
«Los recursos naturales tienen una función social antes que económica. La tierra, el agua, las semillas nativas, los bosques y la biodiversidad sostienen la producción de alimentos y el equilibrio ambiental. Ese patrimonio no puede analizarse únicamente desde la lógica del mercado», afirmó.
A los senadores de Misiones
De cara a la sesión prevista para el 6 de agosto, Sand dirigió un fuerte cuestionamiento a los tres representantes misioneros en la Cámara alta: Sonia Rojas Decut, Carlos Arce y Martín Goerling.
El dirigente dijo que observa con preocupación el comportamiento legislativo que mantuvieron en distintas votaciones nacionales y reclamó que rechacen el proyecto de reforma.
«El voto que emitan tendrá consecuencias para las próximas generaciones. La historia juzgará quiénes defendieron la tierra y quiénes facilitaron su entrega», afirmó.
Como cierre, recuperó una consigna histórica de Apam nacida durante los tractorazos de comienzos de los años 2000 y que, según explicó, sintetiza el sentido de la discusión actual.
«La chacra no se vende. La chacra es Patria», sostuvo.
