A pesar del cambio de época y la confusión pregonada por los medios hegemónicos, la Cámara de Diputados no ha perdido el rumbo y sigue sancionando leyes con sentido progresista. En un mundo posmoderno que relativiza los valores, en el parlamento misionero la toma de decisiones mantiene la referencia en las necesidades de la gente.

Posadas (Viernes, 2 de septiembre) Así como a un gobierno se lo cataloga por las medidas que toma más que por los discursos de sus funcionarios, al Poder Legislativo se lo puede ubicar en el espectro político por las leyes que sanciona. Las categorías de izquierda y derecha, progresistas o conservadores, aunque vienen siendo negadas en su significante político, no han podido ser reemplazadas por los abordajes posmodernos. Por más que el discurso hegemónico hable del fin de las ideologías, precisamente para desideologizar los debates por lo público, todos tenemos en claro esas nociones. Son categorías vigentes como marcos referenciales y conceptuales para entender los abordajes de la realidad. Las derechas son conservadoras precisamente porque defienden la lógica de las relaciones sociales de producción del momento histórico en el que actúan. Son reaccionarios porque reaccionan en contra de las modificaciones estructurales de la sociedad. El progresismo en cambio, pretende modificarlas porque las considera injustas. Aunque después la complejidad de la realidad social y económica abre al debate los sentidos de las medidas y leyes en función de los objetivos. Por ejemplo, el liberalismo (que es también una utopía) niega significación progresista a un gobierno que aumenta el gasto del Estado para promover el consumo y la distribución del ingreso porque argumenta que no tiene bases sólidas y tarde o temprano el esquema se vuelve inviable. Sostiene que primero es el Capital y el Trabajo un subsidiario. El progresismo se remite a la génesis de ese Capital para argumentar en sentido inverso, primero es el Trabajo. Ese puede ser el debate contemporáneo si no estuviese oscurecido por la acción psicológica de los medios hegemónicos en su intención de asociar las políticas de distribución con la corrupción estructural. Pero, así y todo, el éxito de copar la agenda y enajenar conciencias, no logra imponer categorías identitarias que sustituyan las de izquierda, derecha, progresismo, conservadurismo, federalismo y centralismo.
Contra los desahucios
Es en este contexto en el que sin dudas, las leyes que viene sancionando el Parlamento misionero pueden catalogarse progresistas pero además, con un anclaje en el desafío movimientista en la defensa de la autonomía provincial. Precisamente, anoche se sancionaron dos leyes que tiene ese hilo conductor. Por un lado se pronunció contra los desahucios. Votó una ley que extiende la fecha de suspensión de ejecuciones. Dado que el plazo que se hallaba vigente venció recientemente, se extendió la fecha de suspensión de ejecuciones, propuesta por los legisladores Carlos Rovira -con el apoyo de todos los diputados renovadores- y Héctor Bárbaro, acompañado por Martín Sereno. Se argumentó la medida basándose en “la imperiosa necesidad de extender los plazos, a los efectos de brindar más tiempo a los organismos provinciales encargados de dar una solución definitiva ante estas situaciones, la cual encuentra como beneficiaros a las familias amparadas por esta excepción procesal que impide el desahucio de los habitantes del inmueble”. Se recuerda que “la situación habitacional de los misioneros, en ocasiones, se ha visto amenazada por inminentes ejecuciones a deudores sobre la vivienda única y familiar, por ello este Parlamento dictó leyes de prórroga a la suspensión de ejecuciones que tienen por objeto atender la dolorosa situación en que se encuentran muchas personas en la provincia que ven, como peligro cierto, la ejecución de su vivienda única y familiar”.
La ley “tiene por objeto asegurar la protección de un derecho humano fundamental como lo es la vivienda digna” y consideró que “la trascendencia de la medida que se propicia está dada por continuar garantizando, frente a las eventuales vicisitudes, principalmente económicas, la preservación de la vivienda tanto urbana como rural”.
Menores víctimas de delitos sexuales
También en la maratónico sesión que se prolongó hasta la medianoche, se aprobó la modificación de la ley que otorga pensiones graciables de asistencia a víctimas menores de delitos contra la integridad sexual, la cual en su redacción actual dispone que el beneficio se torne operativo desde el momento en que quede firme el “auto de procesamiento”, el que ha sido eliminado con la entrada en vigencia del Código Procesal Penal.
Para garantizar el cumplimiento del objetivo de esa norma, se establecieron dos momentos del proceso penal para el inicio del beneficio: el auto de prisión preventiva o cuando el imputado queda en libertad provisional.
De esa manera estarán cubiertas las situaciones de sobreseimiento por muerte del imputado, inimputabilidad, justificación o exculpación, o cuando no el autor no haya sido identificado.
“Las víctimas podrán acceder al beneficio cuando el ‘injusto’ se haya configurado, más allá de la autoría, exculpación o no punibilidad”, explicó la diputada Claudia Gauto, autora del proyecto, quien citó al Papa Francisco para resaltar el sentido de la norma: “se trata de hacer justicia a la víctima, no de ajusticiar al agresor”
En defensa del ingreso popular
También anoche la Cámara de Diputados se pronunció por introducir modificaciones al funcionamiento del Instituto de la Yerba con el propósito de recuperar la potestad de los misioneros para tomar las decisiones sobre uno de sus productos tradicionales, tal como se había adelantado en este sitio y se informa en nota aparte. En el mismo sentido aprobó la preferencia para el tratamiento de una ley de góndolas que en definitiva apunta a proteger el bolsillo de los consumidores y favorecer la apertura de mercados para nuestros productores primarios. También ver nota aparte.